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Aleix Vidal-Quadras | La reinvención de la rueda

Ya nadie discute, ni siquiera los nacionalistas cuyo proyecto es liquidarlo, que el Estado de las Autonomías es un gigantesco sumidero de recursos que nos arruina, un galimatías normativo que nos paraliza y una fuente permanente de prácticas corruptas que nos avergüenza. Se ha dicho, y la descripción es exacta, que hemos construido un Estado políticamente inmanejable y financieramente insostenible. Un diseño institucional y territorial que pretendía por un lado apaciguar a los particularistas y por otro hacer más ágil y eficaz la Administración, no sólo no ha conseguido ninguno de estos dos objetivos, sino que nos ha llevado en sentido contrario. La abundante literatura regeneracionista que está apareciendo en los últimos meses al calor del desastre actual insiste en un punto crucial: es imprescindible una reforma profunda del Estado devolviendo competencias a las instancias centrales y embridando unas Comunidades despilfarradoras y únicamente atentas a sí mismas. En este contexto, el futuro gobierno del Partido Popular ha de tener las ideas muy claras y el pulso muy firme si desea enfrentarse con éxito a un problema que está en la raíz de muchos de nuestros males presentes y que la irresponsabilidad de Zapatero ha agravado hasta límites de delirio. Por eso, la insistencia en “la absoluta vigencia y validez del Estado de las Autonomías como eje vertebrador de la convivencia y el progreso de los españoles” y la visión edulcorada de que lo que existen son simplemente “problemas de funcionamiento” no constituyen una base conceptual adecuada para enfrentarnos a la realidad de un modelo que hace aguas por todas partes y que únicamente podrá ser enderezado mediante un uso firme del bisturí. El programa autonómico del PP acierta al proponer una serie de medidas correctoras como reducir el número de consejerías a diez, eliminar el solapamiento de competencias, disminuir el número de organismos públicos, definir un catálogo básico nacional de servicios públicos esenciales que garantice la igualdad, suprimir las atribuciones políticas impropias de la representación exterior de las Autonomías y establecer un marco de referencia para salarios de cargos políticos de todas las administraciones, entre otras asimismo sensatas. La dificultad es que la implementación de este conjunto de reformas es imposible sin una aplicación rigurosa y casi inmisericorde del artículo 150.3 de la Constitución y para algunas de ellas sin una reforma constitucional de considerable calado. La pretensión de que esta revisión tan seria y tan urgente del Estado autonómico será posible confiando su desarrollo y aplicación a las propias Autonomías mediante acuerdos voluntarios auspiciados por el Gobierno central es de una ingenuidad asombrosa. En cuanto a la creación de un “Consejo Interterritorial para la unidad de mercado” equivale a la reinvención de la rueda. La unidad de mercado no resultará de la buena disposición de las Comunidades Autónomas, sino de que el Estado la garantice como es su obligación constitucional, lo que implica revisar la última hornada de reformas estatutarias que lo ha descoyuntado. La verdad, por dolorosa e incómoda que resulte, no deja de ser verdad.

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