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En el fragor del debate creado por la aparición de Sortu, la nueva marca-disfraz de ETA, voces destacadas del PP vasco han reprochado a Jaime Mayor que formule inoportunamente acusaciones sin pruebas en el sentido de que el Gobierno está negociando subterráneamente con la banda terrorista. Los que lanzan este tipo de críticas al portavoz popular en el Parlamento Europeo confunden el ámbito judicial con el del análisis político. Mayor jamás ha pretendido disponer de documentos, fotos, testimonios, videos o grabaciones telefónicas que demuestren ante un tribunal que Zapatero y la organización criminal están en tratos para intercambiar el cese de las acciones violentas por concesiones en el terreno institucional y penal que permitan a ETA avanzar en sus objetivos de destrucción de la unidad nacional. Se ha limitado a formular un diagnóstico a partir de la experiencia pasada y de los indicios presentes. Un Gobierno que ya ha negociado puede volver a hacerlo, si ya ha demostrado que sabe mentir sin rubor puede engañarnos otra vez, si sus declaraciones son en ocasiones ambiguas o polisémicas es posible que escondan intenciones torcidas y si se producen movimientos sospechosos en relación a excarcelaciones, tratamientos médicos o traslados de prisión de etarras cumpliendo condena cabe suponer que obedecen a un plan oculto. Por otra parte, no hay que ser un lince para saber que Zapatero necesita desesperadamente un golpe de efecto para salvarse de la catástrofe que le espera en las urnas, que el regreso de ETA a los Ayuntamientos y al Parlamento vasco liberaría al PSE de su actual dependencia del PP y que el silencio de las pistolas permitiría un pacto estable entre socialistas y nacionalistas en el conjunto de España para impedir la llegada del centro-derecha al poder. Por lo demás, el guión parece bien escrito: el Tribunal Supremo dictaminará que Sortu es una reencarnación de Batasuna con algunos votos particulares que razonarán que este hecho no ha quedado suficientemente acreditado, el Tribunal Constitucional dará por buena esta doctrina benévola y adelante con los faroles. Si falla este planteamiento, ETA se refugiará entre los pliegues de la deshilachada túnica de Eusko Alkartasuna y si tampoco le funciona la añagaza, entonces presentará a agrupaciones de electores “limpias” de antecedentes. De una manera u otra, volverán a las instituciones, las víctimas serán humilladas y el Estado de Derecho burlado. A partir de todas estas evidencias y datos, Jaime Mayor establece unas conclusiones con bastante fundamento. Se supone que aquellos que le exigen pruebas afrontarán su responsabilidad en caso de que el pronóstico del ex-ministro del Interior se cumpla. El problema es que en este momento aciago será ya demasiado tarde para la contrición porque habrá serias urgencias que la harán inútil.

Aleix Vidal-Quadras | Pruebas y diagnósticos

En el fragor del debate creado por la aparición de Sortu, la nueva marca-disfraz de ETA, voces destacadas del PP vasco han reprochado a Jaime Mayor que formule inoportunamente acusaciones sin pruebas en el sentido de que el Gobierno está negociando subterráneamente con la banda terrorista. Los que lanzan este tipo de críticas al portavoz popular en el Parlamento Europeo confunden el ámbito judicial con el del análisis político. Mayor jamás ha pretendido disponer de documentos, fotos, testimonios, videos o grabaciones telefónicas que demuestren ante un tribunal que Zapatero y la organización criminal están en tratos para intercambiar el cese de las acciones violentas por concesiones en el terreno institucional y penal que permitan a ETA avanzar en sus objetivos de destrucción de la unidad nacional. Se ha limitado a formular un diagnóstico a partir de la experiencia pasada y de los indicios presentes. Un Gobierno que ya ha negociado puede volver a hacerlo, si ya ha demostrado que sabe mentir sin rubor puede engañarnos otra vez, si sus declaraciones son en ocasiones ambiguas o polisémicas es posible que escondan intenciones torcidas y si se producen movimientos sospechosos en relación a excarcelaciones, tratamientos médicos o traslados de prisión de etarras cumpliendo condena cabe suponer que obedecen a un plan oculto. Por otra parte, no hay que ser un lince para saber que Zapatero necesita desesperadamente un golpe de efecto para salvarse de la catástrofe que le espera en las urnas, que el regreso de ETA a los Ayuntamientos y al Parlamento vasco liberaría al PSE de su actual dependencia del PP y que el silencio de las pistolas permitiría un pacto estable entre socialistas y nacionalistas en el conjunto de España para impedir la llegada del centro-derecha al poder. Por lo demás, el guión parece bien escrito: el Tribunal Supremo dictaminará que Sortu es una reencarnación de Batasuna con algunos votos particulares que razonarán que este hecho no ha quedado suficientemente acreditado, el Tribunal Constitucional dará por buena esta doctrina benévola y adelante con los faroles. Si falla este planteamiento, ETA se refugiará entre los pliegues de la deshilachada túnica de Eusko Alkartasuna y si tampoco le funciona la añagaza, entonces presentará a agrupaciones de electores “limpias” de antecedentes. De una manera u otra, volverán a las instituciones, las víctimas serán humilladas y el Estado de Derecho burlado. A partir de todas estas evidencias y datos, Jaime Mayor establece unas conclusiones con bastante fundamento. Se supone que aquellos que le exigen pruebas afrontarán su responsabilidad en caso de que el pronóstico del ex-ministro del Interior se cumpla. El problema es que en este momento aciago será ya demasiado tarde para la contrición porque habrá serias urgencias que la harán inútil.

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