publi

Es realmente inaudito, y yo diría que inaguantable. El Gobierno catalán está llamando impunemente a la insumisión al Tribunal Superior de Justicia catalán que le emplaza a cumplir las sucesivas sentencias que se han venido produciendo en torno al derecho a escolarizar en su lengua materna a quienes quieran aprender en español. A veces pienso que no vivo en un país europeo. Sueño sobresaltado que vivo en latitudes subecuatoriales, donde rige la ley de la selva, y donde la ley se aplica a la medida del que ejerce el poder de forma tiránica y caprichosa. Es realmente inadmisible.

Ya existe doctrina respecto al poder que tiene la manipulación del lenguaje, el canal lingüístico de comunicación, la toponimia alterada y la onomástica adaptada al proyecto nacionalizador, de aculturación, de adoctrinamiento subliminal, en definitiva. Victor Klemperer, lingüista e importante intelectual alemán perseguido por el nazismo escribió un importante ensayo, mezcla de memorias y de análisis del poder que tiene la palabra sobre la formación de los conceptos y de la percepción de la realidad, en la cosmovisión personal. No en balde Goebbels, ministro de propaganda del régimen hitleriano, defendía su axioma de que una mentira repetida mil veces se convertía en verdad. De la misma manera un intelectual cántabro, actual, Jesús Lainz desarrolla de manera sistemática y documentada esa misma tesis del profesor alemán represaliado por el régimen hitleriano en su muy reciente libro “Desde Santurce a Bizancio”, revelando analogías entre diferentes procesos históricos en Europa en el nefasto siglo XX y lo sucedido ayer y hoy en comunidades como la catalana y la vasca, entre otras.

Los nacionalistas necesitan para sostener su imaginario ideológico manipular las consciencias, desarrollar una ingeniería social basada en el lenguaje para llevar a las gentes a su redil como rebaño borreguil. Por eso se resisten con uñas y dientes a cumplir la legalidad constitucional y han conseguido con la ayuda del nefasto Zapatero herramientas muy eficaces para lograr su objetivo adoctrinador, como es el actual Estatuto catalán, de influencias claramente inconstitucionales. Los nacionalistas, gracias al presidente que accedió al poder con el 11-M, no solamente han logrado eso sino desbaratar el entramado constitucional, dejándolo en humo de pajas, en letra muerta, hasta el punto de que hoy pocos son los que creen en la virtualidad y efecto de las garantías constitucionales.

La lengua en la que los antepasados de cada uno de nosotros han trasmitido su cultura es la estructura cognitiva en la que se deposita el conocimiento de la realidad, el filtro mental que forma parte del legado irrenunciable de cada cual. Es como la carga genética, un equipaje afectivo-cognitivo que nutre nuestra forma de ser. Violarlo es un atentado a nuestra dignidad, una agresión que no debemos permitir. El derecho a la educación en la lengua materna es algo sustantivo en la humanización de los ciudadanos, inherente al reconocimiento de sus derechos como personas.

Es intolerable que se salten a la torera la legalidad, las sentencias y las admoniciones para su cumplimiento. Si en España aún existe algún atisbo de Estado de Derecho, cosa que no creo, se debe procesar y condenar a todo ciudadano que se niegue a cumplir las sentencias judiciales y a ejecutar lo dispuesto en la Constitución y las leyes, tenga el rango institucional que tenga. No es admisible que mientras que los ciudadanos normales tenemos que acatar las leyes aunque no nos gusten y estamos sometidos a control por los aparatos del Estado, de tal manera que se nos sentencia y condena en caso de incumplimiento, algunos, amparándose en una inmunidad no reconocida jurídicamente, e impunemente, no solamente se niegan de forma reiterada al cumplimiento de las sentencias judiciales sino que llaman a la rebelión contra ellas.

Yo afirmo que los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos como el de elegir el tipo de educación y la lengua vehicular de la misma, están por encima de las leyes, de los gobiernos y de los tiranos, y que son inalienables. Son derechos naturales por la condición humana. Por tanto, los ciudadanos tienen la legitimidad para sublevarse contra la tiranía para defenderlos.

Animo a las personas afectadas a que, en el caso de que los poderes del Estado no amparen ese derecho contra la arbitrariedad de los gobernantes catalanes, acudan al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, denunciando al Estado por incumplimiento de sus obligaciones y en amparo legítimo. El día que haya una sentencia firme del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se podrá denunciar ante el Tribunal de La Haya a todos aquellos políticos en España que dejan a los ciudadanos fuera de la protección de sus derechos, y a los poderes judiciales que incumplen aquellas obligaciones que son inherentes a su función.

Visto lo que se le viene encima, el presidente del Tribunal Superior de Justicia catalán ha afirmado, metiéndose bajo la mesa con el rabo entre las piernas, que las sentencias sólo afectan a las familias que han recurrido, que es como si, por ejemplo, te apalean en una esquina, un juez sentencia a tu favor, y luego dice que se puede apalear al resto de los ciudadanos porque la sentencia solo se refiere al afectado por la sentencia, pero no al del resto de los ciudadanos a los que se puede maltratar. Realmente demencial.

Así estamos, en lo más bajo de la credibilidad en un régimen que deja a los ciudadanos al albur de las decisiones de dictadores con aspecto de demócratas.

Ernesto Ladrón de Guevara | Dictadura filonacionalista

Es realmente inaudito, y yo diría que inaguantable. El Gobierno catalán está llamando impunemente a la insumisión al Tribunal Superior de Justicia catalán que le emplaza a cumplir las sucesivas sentencias que se han venido produciendo en torno al derecho a escolarizar en su lengua materna a quienes quieran aprender en español. A veces pienso que no vivo en un país europeo. Sueño sobresaltado que vivo en latitudes subecuatoriales, donde rige la ley de la selva, y donde la ley se aplica a la medida del que ejerce el poder de forma tiránica y caprichosa. Es realmente inadmisible.

Ya existe doctrina respecto al poder que tiene la manipulación del lenguaje, el canal lingüístico de comunicación, la toponimia alterada y la onomástica adaptada al proyecto nacionalizador, de aculturación, de adoctrinamiento subliminal, en definitiva. Victor Klemperer, lingüista e importante intelectual alemán perseguido por el nazismo escribió un importante ensayo, mezcla de memorias y de análisis del poder que tiene la palabra sobre la formación de los conceptos y de la percepción de la realidad, en la cosmovisión personal. No en balde Goebbels, ministro de propaganda del régimen hitleriano, defendía su axioma de que una mentira repetida mil veces se convertía en verdad. De la misma manera un intelectual cántabro, actual, Jesús Lainz desarrolla de manera sistemática y documentada esa misma tesis del profesor alemán represaliado por el régimen hitleriano en su muy reciente libro “Desde Santurce a Bizancio”, revelando analogías entre diferentes procesos históricos en Europa en el nefasto siglo XX y lo sucedido ayer y hoy en comunidades como la catalana y la vasca, entre otras.

Los nacionalistas necesitan para sostener su imaginario ideológico manipular las consciencias, desarrollar una ingeniería social basada en el lenguaje para llevar a las gentes a su redil como rebaño borreguil. Por eso se resisten con uñas y dientes a cumplir la legalidad constitucional y han conseguido con la ayuda del nefasto Zapatero herramientas muy eficaces para lograr su objetivo adoctrinador, como es el actual Estatuto catalán, de influencias claramente inconstitucionales. Los nacionalistas, gracias al presidente que accedió al poder con el 11-M, no solamente han logrado eso sino desbaratar el entramado constitucional, dejándolo en humo de pajas, en letra muerta, hasta el punto de que hoy pocos son los que creen en la virtualidad y efecto de las garantías constitucionales.

La lengua en la que los antepasados de cada uno de nosotros han trasmitido su cultura es la estructura cognitiva en la que se deposita el conocimiento de la realidad, el filtro mental que forma parte del legado irrenunciable de cada cual. Es como la carga genética, un equipaje afectivo-cognitivo que nutre nuestra forma de ser. Violarlo es un atentado a nuestra dignidad, una agresión que no debemos permitir. El derecho a la educación en la lengua materna es algo sustantivo en la humanización de los ciudadanos, inherente al reconocimiento de sus derechos como personas.

Es intolerable que se salten a la torera la legalidad, las sentencias y las admoniciones para su cumplimiento. Si en España aún existe algún atisbo de Estado de Derecho, cosa que no creo, se debe procesar y condenar a todo ciudadano que se niegue a cumplir las sentencias judiciales y a ejecutar lo dispuesto en la Constitución y las leyes, tenga el rango institucional que tenga. No es admisible que mientras que los ciudadanos normales tenemos que acatar las leyes aunque no nos gusten y estamos sometidos a control por los aparatos del Estado, de tal manera que se nos sentencia y condena en caso de incumplimiento, algunos, amparándose en una inmunidad no reconocida jurídicamente, e impunemente, no solamente se niegan de forma reiterada al cumplimiento de las sentencias judiciales sino que llaman a la rebelión contra ellas.

Yo afirmo que los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos como el de elegir el tipo de educación y la lengua vehicular de la misma, están por encima de las leyes, de los gobiernos y de los tiranos, y que son inalienables. Son derechos naturales por la condición humana. Por tanto, los ciudadanos tienen la legitimidad para sublevarse contra la tiranía para defenderlos.

Animo a las personas afectadas a que, en el caso de que los poderes del Estado no amparen ese derecho contra la arbitrariedad de los gobernantes catalanes, acudan al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, denunciando al Estado por incumplimiento de sus obligaciones y en amparo legítimo. El día que haya una sentencia firme del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se podrá denunciar ante el Tribunal de La Haya a todos aquellos políticos en España que dejan a los ciudadanos fuera de la protección de sus derechos, y a los poderes judiciales que incumplen aquellas obligaciones que son inherentes a su función.

Visto lo que se le viene encima, el presidente del Tribunal Superior de Justicia catalán ha afirmado, metiéndose bajo la mesa con el rabo entre las piernas, que las sentencias sólo afectan a las familias que han recurrido, que es como si, por ejemplo, te apalean en una esquina, un juez sentencia a tu favor, y luego dice que se puede apalear al resto de los ciudadanos porque la sentencia solo se refiere al afectado por la sentencia, pero no al del resto de los ciudadanos a los que se puede maltratar. Realmente demencial.

Así estamos, en lo más bajo de la credibilidad en un régimen que deja a los ciudadanos al albur de las decisiones de dictadores con aspecto de demócratas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada