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La Vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, está empeñada desde hace tiempo en imponer un sistema de cuotas de género en los consejos de administración de las grandes empresas. Su idea es que en 2020 el número de mujeres en los órganos de gobierno de estas corporaciones sea como mínimo del 40%. Con este fin, ha presentado un proyecto de directiva que deberá ser debatido por los Estados Miembros y por el Parlamento. Reding no procede de la izquierda y por consiguiente no debería, en principio, militar en el feminismo radical. Sin embargo, ha hecho de este objetivo un elemento central de su agenda política y lo defiende con un entusiasmo verdaderamente llamativo. Siendo evidente que hay que eliminar de la legislación y de la práctica social cualquier factor de discriminación en contra del sexo femenino, una vez alcanzada la plena igualdad ante la ley y superados, al menos en el consenso ético imperante, los prejuicios machistas del pasado, la obligatoriedad de determinados porcentajes de género presenta serios inconvenientes. En primer lugar, implica una clara limitación de la libertad de empresa. Las personas que han de formar parte de la cúpula gestora de un negocio privado, así como la distribución de responsabilidades entre ellas, es un asunto de la exclusiva competencia de sus propietarios o accionistas y su estrategia comercial o productiva se puede ver seriamente alterada si se les priva de este derecho. En segundo, las cuotas de género responden a una ideología concreta que entiende, entre otras cosas, que las mujeres son por definición explotadas por los hombres, que concibe la maternidad como la forma más evidente de esa explotación y que ataca la que denomina familia patriarcal como una estructura opresiva e injusta. No parece que una visión antropológica tan peculiar y extrema, por mucho que sus promotores estén legitimados en una sociedad abierta a introducirla en el debate público, tenga que ser necesariamente doctrina oficial de la Unión Europea. Hoy en España los consejos de administración de sus cien mayores empresas incluyen un 12% de mujeres y es muy probable que una natural evolución de las tendencias espontáneas del mundo económico haga que en un futuro próximo esta cifra se incremente apreciablemente. La aceleración forzada de esta proporción sólo traerá problemas, distorsiones e ineficiencias. No se debe confundir la supresión de barreras con el igualitarismo doctrinario.

Aleix Vidal-Quadras | Se buscan consejeras

La Vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, está empeñada desde hace tiempo en imponer un sistema de cuotas de género en los consejos de administración de las grandes empresas. Su idea es que en 2020 el número de mujeres en los órganos de gobierno de estas corporaciones sea como mínimo del 40%. Con este fin, ha presentado un proyecto de directiva que deberá ser debatido por los Estados Miembros y por el Parlamento. Reding no procede de la izquierda y por consiguiente no debería, en principio, militar en el feminismo radical. Sin embargo, ha hecho de este objetivo un elemento central de su agenda política y lo defiende con un entusiasmo verdaderamente llamativo. Siendo evidente que hay que eliminar de la legislación y de la práctica social cualquier factor de discriminación en contra del sexo femenino, una vez alcanzada la plena igualdad ante la ley y superados, al menos en el consenso ético imperante, los prejuicios machistas del pasado, la obligatoriedad de determinados porcentajes de género presenta serios inconvenientes. En primer lugar, implica una clara limitación de la libertad de empresa. Las personas que han de formar parte de la cúpula gestora de un negocio privado, así como la distribución de responsabilidades entre ellas, es un asunto de la exclusiva competencia de sus propietarios o accionistas y su estrategia comercial o productiva se puede ver seriamente alterada si se les priva de este derecho. En segundo, las cuotas de género responden a una ideología concreta que entiende, entre otras cosas, que las mujeres son por definición explotadas por los hombres, que concibe la maternidad como la forma más evidente de esa explotación y que ataca la que denomina familia patriarcal como una estructura opresiva e injusta. No parece que una visión antropológica tan peculiar y extrema, por mucho que sus promotores estén legitimados en una sociedad abierta a introducirla en el debate público, tenga que ser necesariamente doctrina oficial de la Unión Europea. Hoy en España los consejos de administración de sus cien mayores empresas incluyen un 12% de mujeres y es muy probable que una natural evolución de las tendencias espontáneas del mundo económico haga que en un futuro próximo esta cifra se incremente apreciablemente. La aceleración forzada de esta proporción sólo traerá problemas, distorsiones e ineficiencias. No se debe confundir la supresión de barreras con el igualitarismo doctrinario.

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