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Soluciones “dos por uno”: suspensión de las autonomías andaluza y catalana

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E. Milà
La pasividad de Rajoy ante el referéndum soberanista catalán, hace que lo fíe todo en el recurso ante el Tribunal Constitucional. No hay más iniciativas, ni plan C (el A era desarmar la ofensiva nacionalista ofreciendo al big boss Pujol como carnaza ante la opinión pública y el B el citado recurso a presentar). Más allá de eso, todo será improvisación y negociación. Pero el problema no terminará ni con la sentencia al recurso ni con una negociación que generará malestar y crispación en las dos partes. Y es que la Cataluña autonómica no tiene solución… como tampoco la tiene, por otras razones, Andalucía. Posiblemente, la solución a ambos problemas consista en situarlos en el mismo plano y resolverlos, como habría que haberlos resuelto desde hace años, cuando se tuvo la conciencia clara de que en ambos casos, la corrupción se había hecho el elemento más característico de ambas autonomías.

Cataluña – Andalucía, amigos para siempre en la corrupción

En Cataluña, la madre de todas las corrupciones fue Banca Catalana. A partir del momento en el que Pujol entendió que podía utilizar el sentimentalismo y la emotividad en su defensa y suscitar manifestaciones populares de amplio seguimiento al grito de “No me atacan a mí, atacan a Cataluña”, adquirió la conciencia plena de ser el big boss de la política catalana al que le todo le sería permitido. Unido al hecho de que las simetrías electorales creadas por la Constitución hacían de los votos “catalanes” algo imprescindible cuando un partido estatalista quería gobernar sin mayoría absoluta.

En Andalucía las cosas ocurrieron de una manera similar a poco de subir Felipe González al poder. Al cabo de 100 días de estrenar poltrona en la Moncloa, González entendió que podía hacer y deshacer a su antojo. Supo que podía confiscar grupos empresariales y repartirlos entre los amigos, supo que si los hermanos de Alfonso Guerra habían salido indemnes de sus trapacerías, aquello mismo podía seguir haciéndose a gran escala. Y, sobre todo, desde antes de la llegada al poder, la Fundación Ebert, dependiente de la socialdemocracia alemana, la que inventó y financió al PSOE a partir del congreso de Sûresnes, le enseñó a González que, en democracia, todo son cálculos electoralistas, fácilmente previsibles.

Se trata, simplemente, de crear “clientelas electorales” que supongan verdaderas bolsas de “votos cautivos” en poder de una sigla. Pase lo que pase, esa bolsa electoral siempre estará agradecida a quien le ha arrojado alguna migaja (en este caso el PER) y le deberá, a cambio, fidelidad electoral pase lo que pase. Eso ha sido lo que le ha permitido al socialismo andaluz mantenerse en el poder desde los orígenes mismos de la Junta de Andalucía y, por mal que lo hayan hecho, por escándalos que se hayan acumulado, nunca jamás, el PP, ni partido alguno, ha podido constituir una alternativa real de sustitución.

En Cataluña las cosas se han hecho siguiendo una técnica más depurada. Desde que Pujol asumió la presidencia de la Generalitat se ha tratado de “catalanizar el país” partiendo de la base de que así se lograría que el electorado votaría solamente a opciones nacionalistas. La catalanización, seamos claros, ha hecho que en una comunidad en la que existían dos identidades (la que se expresaba en catalán y la que se expresaba en español), una de ellas haya impedido a la otra mostrar su personalidad. O dicho de otra manera: ha sido asfixiada.

La política es así: unos buscan clientelas electorales pervirtiendo el concepto de democracia electoral y de mayoría, y otros lo buscan adulterando y retorciendo los signos de identidad de una comunidad.

Parece que nada de esto es ilegal, amoral o inmoral sí, ilegal no. Sin embargo, lo que une en santa hermandad a Cataluña y Andalucía no es esto, sino el que en ambas comunidades se alcanzó las más altas cotas de corrupción que se hayan visto en gobierno alguno civilizado. Sí, porque Cataluña y Andalucía están hermanadas, no solamente en que sus “regímenes” inamovibles se prolongan durante más de treinta años, sino porque sus clases políticas regionales están compuestas por verdaderos cleptomaniacos.

Seamos claros: desde el punto de vista electoral, ya se ha demostrado que es inviable desplazar tanto a la cleptocracia andaluza como a la cleptocracia nacionalista catalana. La adulteración de la historia, junto al clientelismo andaluz y al culturalismo de guante blanco catalán, han eternizado en el poder autonómico a unos partidos cuyo balance final es ampliamente negativo: tasas de paro y de paro juvenil más altas de toda España, tasas de inmigración, especialmente islamista, por encima de la media, fracaso escolar, desindustrialización, sectores cada vez más amplios de la población próximos al umbral de la pobreza o debajo del mismo, desaparición acelerada de la clase media y decisiones caciquiles de sus gobiernos autonómicos (que no por aparecer en toda la España de las autonomías son menos evidentes en estas dos comunidades).

La suspensión temporal de los Estatutos de Andalucía y Cataluña, única solución

Esa imposibilidad fáctica de que tales gobiernos sean desalojados mediante el recurso electoral (cuando en 2003 los socialistas vencieron en Cataluña, formaron un tripartido que intentó –y consiguió- desbordar al nacionalismo de CiU mediante la impulsión de un nacionalismo aún más ciego y fanatizado), hizo que en ambas comunidades arraigaran niveles de corrupción intolerables que, para colmo, estaban amparados por la sensación de impunidad que les daba el saberse inamovibles.

Y lo que es peor: en situaciones así, resulta imposible atajar esa corrupción porque es amparada, protegida y estimulada desde el poder autonómico. Así, por ejemplo, en Cataluña se llegó a crear una “Oficina Antifraude” para evitar que cualquier fraude procedente del nacionalismo fuera perseguido. Mientras, en Andalucía, el régimen de aforamientos impedía que las investigaciones policiales pudieran avanzar con soltura.

Así pues, lo que tenemos en Cataluña y en Andalucía son dos regímenes autonómicos, encarrilados por el vial de la corrupción y a los que resulta imposible detener por vías judiciales “normales”. Pero hay, por supuesto, vías de excepción.

Corresponde a los juristas constitucionalistas explicar en base a qué artículos de la constitución, un régimen autonómico que no alcanza a realizar sus fines puede ser suspendido temporalmente para facilitar una auditoría y una investigación en profundidad sobre su gestión. Incluso los grandes establecimientos comerciales cierran una vez al año “por inventario”, pues bien, más que inventario es de balance de lo que hay que hablar y, sobre todo, establecer en base al derecho, si ha existido una gestión responsable o fraudulenta de los recursos en manos de estas autonomías.

A fin de cuentas, democracia no es votar, sino instalar a gobiernos eficientes, honestos y responsables en el poder. Y los gobiernos autonómicos catalán y andaluz han sido cualquier cosa menos eficientes, honestos y responsables.

Una investigación en profundidad no puede ser realizada mientras estos mismos gobiernos sigan teniendo en sus manos los recursos del poder, pudiendo cerrar y obstruir las investigaciones, coaccionar o sobornar a testigos, destruir pruebas, mentir en los medios. Cataluña y Andalucía lo demuestran tan a las claras que no parece necesario insistir sobre ese punto. Si se quiere “limpiar” las corruptelas, hay que desarmar a los corruptos. Y en la medida en que los corruptos utilizan los estatutos de autonomía como trinchera y excusa para justificar sus exacciones, existe una incompatibilidad entre la buena marcha de una investigación sobre los regímenes autonómicos y el ejercicio de los mismos. Una suspensión temporal sería lo único que rompería esta dinámica infernal. No hay otra.

La ausencia de Poder y Autoridad en la España de 2014

¿Quién pone el cascabel al gato? En España hay “gobierno”, lo que no hay es “poder”. Se ha llegado a esto gracias a los excesos identitarios traídos por las autonomías que han debilitado al Estado hasta dejarlo exangüe y sin funciones. A lo que se ha unido que la clase política (de derechas y de izquierdas) carece ya de “estadistas” dignos de tal nombre y en el mejor de los casos estamos ante gestores temporales de la cosa pública a los que ni siquiera se les exige eficiencia, ni capacitación.

Así pues no somos muy optimistas respecto a que ni PP ni PSOE pacten una mayoría para aprobar la suspensión de tales autonomías. En el caso del PSOE, porque en Cataluña fue algo y todavía no se ha dado cuenta de que hoy ya es un grupúsculo sin futuro, y en Andalucía porque el “régimen” está en sus manos y no están dispuestos a renunciar a la tarta.

En cuanto al PP, tampoco tiene mucho interés en llegar al fondo de la cuestión y resolver el problema de una vez por todas: después de Cataluña y Andalucía, sería lógico que en Galicia o en Castilla-León se produjeran suspensiones de este tipo para poner las cosas en orden (que distan mucho de estarlo). Y otro tanto ocurriría con el resto de autonomías. Sin olvidar que tanto el Estado como los Ayuntamientos se producen procesos similares. No olvidemos, y es importante, que el régimen nacido en 1978 pasará a la Historia con mayúscula, como caracterizado especialmente por la corrupción (como el caciquismo caracterizó a la Restauración…).

No podemos, pues, por menos que ser pesimistas. Resumimos:

1) La solución al problema soberanista no es el recurso de inconstitucionalidad.

2) El actual proceso soberanista se cerrará en falso, ocasionando malestar por ambas partes.

3) Ese malestar será permanente y volverá a reproducirse cuando cambie el gobierno de la nación.

4) La única solución al problema es hermanar Cataluña con Andalucía, suspendiendo ambos estatutos de Autonomía y realizando una depuración de responsabilidades penales por la gestión de los gobiernos autonómicos.

5) Esta suspensión haría que se resetearan las situaciones políticas en ambas comunidades generándose nuevos equilibrios de fuerzas y generando un marco adecuado para modificaciones de los regímenes autonómicos que evitaran situaciones similares en el futuro.

6) Si no se opera tal suspensión, los procesos centrífugos en Cataluña y la corrupción inamovible en Andalucía persistirán por tiempo indefinido, sumiendo a todo el país en una situación insostenible e inviable para el Estado y para la Sociedad.

7) Todo induce a pensar que la suspensión temporal de los Estatutos de Autonomía es una solución lógica… pero inaplicable. Con lo que quedaría sólo esperar que aparecieran nuevas fuerzas políticas que modifiquen profundamente el panorama político español.

8) Pero en el panorama político español no aparece ninguna fuerza política interesada en asumir la idea de Estado, reivindicar la soberanía, la fuerza y el poder del Estado contra la centrifugación y la corrupción.

De todo lo cual se deduce que… no hay salida. Así que se trata sólo de ser realistas reconocer y asumir que la situación actual tiene mala salida y que en el momento actual, cualquier salida que pueda aplicar el PP, es una salida en falso y el prolongar la larga agonía de los problemas.

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