En Italia será delito la inmigración ilegal
El delito de inmigración ilegal será incluido en el proyecto de ley que aprobará mañana el Gobierno de Silvio 
Berlusconi en el consejo de ministros que celebrará en Nápoles.
La consideración de la inmigración ilegal como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional.
La inclusión de este delito está considerado como un triunfo del ministro de Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte alegando que ya existe en otros países de la UE, como Francia y Alemania.
Las informaciones difundidas aseguran que las medidas sobre seguridad y contra la inmigración ilegal están divididas en un decreto-ley, un proyecto de ley y tres decretos sobre circulación de ciudadanos de la UE, reunificación familiar y derecho de asilo.
Según las filtraciones desveladas por los medios locales, el decreto ley contempla la expulsión de un extranjero cuando ha sido condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino, y fija la permanencia máxima en centros de acogida en 18 meses.
Quien alquile una casa a un ilegal puede ser condenado a una pena que va de seis a tres años y multas de entre 100 y 150 mil euros.
El alcalde de Roma, el conservador Gianni Alemanno, aseguró que el paquete de medidas “será muy útil” y que lo único que hay que hacer es dotarlo “con los recursos adecuados”.
Alemanno, en declaraciones a la prensa, aseguró que no pretenden discriminar a nadie y que sólo se trata de medidas de legalidad y solidaridad.
Además de medidas contra la inmigración ilegal, también contempla un aumento de las penas para los conductores borrachos o drogados, que pueden llegar hasta los diez años de cárcel, e introduce un endurecimiento para la adquisición de la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero.
Hasta ahora bastaba seis meses y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal.
Otro punto polémico es el de los asentamientos gitanos, especialmente después de que recientemente fueran quemados cinco en la provincia de Nápoles, obligando a evacuar a sus moradores.
Maroni ha dicho que serán desmantelados todos los asentamientos ilegales y que se crearán estructuras dignas y seguras.