Archivo Mayo 2008 a Febrero 2010 MinutoDigital.com

El escándalo de la conversación telefónica de la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas,  con la abogada acusada de ordenar el asesinato de su marido, y el debate sobre su idoneidad en el cargo es en sí mismo relevante porque demuestra lo mal que funcionan los mecanismos de control ético sobre las autoridades en nuestro país. Pero al final el debate lo que esconde, como sucedió con el montaje contra el magistrado recientemente fallecido García Calvo, es la lucha por el control político del alto tribunal.  Si alguna escena retrata esa subordinación política y simboliza en lo que se ha convertido nuestro Tribunal Constitucional es aquella de la Vicepresidente del gobierno, De la Vega, abroncando  a su Presidente, María Emilia Casas. 

Y es que, desde que en 1985 el Tribunal Constitucional se doblegase al poder político dictando la famosa sentencia del caso RUMASA, dando por buena la expropiación por decretazo del holding de Ruiz Mateos, la trayectoria del Constitucional ha estado siempre marcada por su puesta al servicio de la mayoría parlamentaria de turno. Lo que en teoría era un órgano garante de la interpretación de la constitución de 1978, ha carecido de la necesaria independencia para servir en los grandes temas de Estado de anclaje jurídico frente a los vaivenes y apetencias políticas. 

Peor aún, el Constitucional ha sido instrumento esencial para consumar la deriva autonómica que sufrimos, consintiendo desigualdades manifiestas entre CC.AA. Esencial para perpetrar el vaciamiento de las competencias del Estado sin obstáculo alguno.  O esencial, por ejemplo, en retorcer el concepto de la discriminación positiva para refrendar las políticas nacionalistas de inmersión lingüística. Un proceder que con ocasión de su próximo pronunciamiento sobre el estatuto de Cataluña de nuevo tenderemos ocasión de comprobar, con una sentencia que tratará de salvar la imagen del legislador, declarando inconstitucional la norma estatutaria en aspectos secundarios o terciarios, pero salvando los aspectos más preocupantes para el estado unitario y peligrosos para la unidad de España. 
 
¿Debe desaparecer el Tribunal Constitucional?

En definitiva lo que debería haber sido un legislador negativo, expulsado del ordenamiento jurídico normas y leyes contrarias a la Constitución, se ha convertido en la práctica en una tercera Cámara política, junto a Congreso y Senado, que interpreta la Constitución como una prolongación de los partidos con representación parlamentaria que nombran a los magistrados que componen el Tribunal Constitucional. Y lo peor es que la propia regulación que de la composición  del alto Tribunal  hace la Constitución de 1978  es la que impide su imparcialidad e independencia, ya que se presta a componendas y banderías entre los distintos grupos políticos, con los penosos espectáculos a que estamos asistiendo y las nefastas consecuencias para el edificio del Estado.

No sería nada descabellado incluir en la reforma constitucional por la que muchos abogamos para corregir la degradación de la cohesión nacional, la supresión del Tribunal Constitucional, encomendando sus competencias a una sala especial del Tribunal Supremo, que al menos sí esta incluido dentro del Poder Judicial, descargando la resolución de los recursos de amparo a los Tribunales Superiores de Justicia, con la posibilidad de recurso ante el Supremo para unificación de la doctrina. Claro que también habría que modificar el actual sistema de designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial, dejando que sean los propios jueces y magistrados quienes elijan a sus representantes, única forma de evitar la politización de los tribunales que tanto desprestigio está trayendo a la Justicia española.