Liberales y socialistas se desentienden de los pequeños transportistas españoles
Liberales y socialistas han coincidido a la hora de negar una tarifa mínima a los camioneros. Los socialistas
alegan lo ilegal de tal medida, y con la normativa europea en la mano ciertamente es imposible. Los liberales dan argumentos de más peso, esa tarifa mínima que evitaría a los transportistas el riesgo de que su actividad resultara en pérdidas por el alza de los combustibles, elimina un riesgo para una actividad empresarial que en definitiva sería un privilegio frente al resto los demás sectores, que además eliminaría cualquier posibilidad de competencia entre los mismos transportistas, lo cual al final redundaría en perjuicio de los consumidores, porque los costes, ya lo sabemos, quienes al final los asumimos somos los usuarios finales de cualquier servicio o consumidores de cualquier producto. Lógicamente además el intervencionismo estatal no puede operar en una sola dirección, si los empresarios piden la fijación de precios mínimos, igualmente los consumidores tendrán el mismo derecho a exigir precios máximos. Y ya sabemos que la economía no puede funcionar así.
Ahora bien, que los liberales critiquen que el gobierno institucionalice una cláusula de actualización del precio del contrato en función del precio del gasóleo, ya no nos parece tan razonable. El reconocimiento genérico para el sector del transporte de lo que los juristas llaman cláusula rebus sic stantibus, que permite la revisión del precio pactado cuando concuerden circunstancias extraordinarias, como sería el alza desorbitada del combustible, no creemos que violente la libertad de contrato ni introduzca un elemento de incertidumbre en quienes contratan a los transportistas. Los turistas lo sufrimos con los suplementos aéreos por carburante y nadie se ha llevado las manos a la cabeza.
Y es que se quejaba con mucha razón un camionero a través de una emisora de radio, de la diferencia de trato que están sufriendo. A los mineros en su día se les permitió cortar carreteras sin que se les disolviese a porrazo limpio, y muchos camioneros, recordaba la cuenca del carbón de León, se aguantaron la reivindicación laboral de aquellos trabajadores. Ahora en aras de la sacrosanta libertad de competencia se les demoniza también, cuando para otros sectores, con grandes empresas implicadas, no se investiga ni se pone en tela de juicio sus practicas restrictivas de la competencia o la concertación de precios más o menos pactada.
Lo que no se puede olvidar es que en el sector del transporte hay mucho autónomo y pequeño empresario, por lo que difícilmente un camionero, que en definitiva trabaja en régimen de autoempleo, pueda competir con una gran empresa con su flota de camiones. Puede que el sector precise de una reestructuración, pero entonces como sucedió con la reconversión industrial, no se puede abandonar a su suerte a los camioneros autónomos, como pretenden los liberales, y el Estado, que está para algo más que mantener el orden, debe pilotar esa reconversión del sector del transporte. Algo a lo que los socialistas tampoco están dispuestos a hacer.
Cuestión aparte es que el precio del gasoil sea más caro en España que en el resto de Europa, y en esto el PSOE no puede decir que la culpa es del petróleo. Porque ha sido la política rojo-ecologista la que ha impedido construir nuevas refinerías y modernizar las existentes, de forma que tenemos el sistema de refino de petróleo más obsoleto e ineficiente de toda Europa, y en consecuencia el más caro.