El PSOE reconoce ahora que sobran dos millones de inmigrantes
Hace 4 años había que dar papeles a todos. Nos hartamos de oír lo beneficiosa que era para nuestra 
economía la inmigración y lo positivo de regularizar a cuanto ilegal pululase por España. Ahora sobran más de un millón de inmigrantes legales y otro millón de ilegales. A partir de julio, el Gobierno ofrecerá a los inmigrantes en situación regular que van cayendo en el paro una serie de incentivos económicos para que vuelvan voluntariamente a sus países de origen. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, impulsor de la medida, calcula que ésta afectará a más de un millón de inmigrantes.
Minuto Digital ha sido el único medio que en absoluta soledad ha venido denunciando la ocultación de los costes económicos y sociales de la inmigración frente a la desidia de la administración y los estudios de la gran banca y empresa, ONGs y sindicatos que insistían en proclamar los beneficios, omitiendo la cara negativa del balance y despreciando las elementales reglas de la prudencia que aconsejaban en época de vacas gordas tener en cuenta el porvenir en caso de vacas flacas. Pero quienes aconsejábamos limitación y control de la inmigración éramos atacados y tildados de xenófobos.
Ahora cuando llega la crisis económica se revela la impostura de quienes irresponsablemente defendían el “papeles para todos”. Nuestra sociedad no puede soportar más la ficción, que sólo beneficiaba de unos pocos, de que la inmigración masiva era necesaria para nuestra economía.
El mismo gobierno socialista da marcha atrás e incentiva la reducción de la presencia de inmigrantes, mediante ayudas económicas. Los inmigrantes que acepten volver a sus países podrán cobrar todos los subsidios de desempleo que hayan acumulado en sólo dos pagos: uno del 40% y otro del 60% del total. Está por decidir cuál de esos plazos les será entregado antes de que salgan de España y cuál cuando lleguen al país de origen. Todos los trámites se harán a través del Servicio Público de Empleo Estatal. Para percibir esas cantidades, los inmigrantes deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo, y comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes, como mínimo. A partir de ese plazo pueden solicitar su vuelta, aunque la Administración se reserva el derecho a denegar su petición. En caso de que la solicitud sea presentada a partir de cinco años, el Gobierno se compromete a darle prioridad en las contrataciones en origen que se produzcan. Naturalmente los inmigrantes podrán acogerse o no a este plan, que no prevé su aplicación obligatoria.
La pregunta que nos hacemos es ¿no habría sido más sensato limitar la inmigración ya desde un principio en vez de esperar a ver las orejas al lobo?