La R.A.E. no se atreve a seguir a su homóloga francesa
Informábamos con sana envidia la semana pasada que la Academia de la Lengua Francesa pedía que se 
retirara el texto aprobado el pasado 22 de mayo por la Asamblea francesa sobre la reforma del artículo 1 de la Constitución, que enuncia que “Francia es una república indivisible, laica, democrática y social”. En dicha modificación se añade que “las lenguas regionales pertenecen al patrimonio francés”.
La institución encargada de velar por el francés, subrayaba en un comunicado que “nos parece que colocar la lenguas regionales antes que el francés en la Constitución es un desafío a la lógica y una negación a la república, una confusión del principio de nación y objeto de política”.
En España la defensa del español frente a las agresiones de los nacionalismos, que pretenden excluirlo de sus territorios regionales, no ha suscitado ningún entusiasmo en la Real Academia Española, que más allá de cuestiones gramaticales y lingüísticas no se quiere mojar en la defensa del español.
La R.A.E. no ha querido secundar el manifiesto en defensa de la lengua común, con un pobre argumento, bastante indigno de la altura intelectual de los señores académicos. Su director, Víctor García de la Concha, justificó su negativa a suscribir la iniciativa porque “por principio, no firma nunca ningún manifiesto”. La realidad que hay detrás de la negativa no es ni más ni menos que la cobardía de unos y el servilismo político de otros. Por ABC sabemos que el académico Francisco Rodríguez Adrados propuso a la RAE que instara al Gobierno a mantener en las distintas comunidades autónomas “el carácter del español como lengua común y oficial de España”. En el texto que expuso en el pleno de la Academia, se recogía, además, que esta propuesta “no debía interpretarse en disfavor de las demás Lenguas de España, solamente a favor de la Lengua de todos”. Lo que los señores académicos resolvieron fue que la RAE “no era el sitio adecuado para hacer declaraciones como esas, que se metería en un terreno muy conflictivo…”.
Hombre, si la RAE, que tienen encomendada la garantía de la defensa del idioma español -Fija, limpia y da esplendor- no considera adecuado pronunciarse sobre si el español debe usarse y aprenderse con plena libertad en toda España, sin que nadie se vea sometido a ninguna restricción impuesta por los nacionalismos, ya nos dirán con qué fuerza moral nos van a vender la necesidad del buen uso gramatical de ese idioma, cuando no se atreven con la mayor, es decir con aquello que nos resulta realmente más cercano a los ciudadanos, su libre utilización en cualquier punto de España.
La RAE no puede dar la espalda a la sociedad, ni cerrar los ojos ante un problema que está ahí y que afecta directamente a la lengua española, pero sobre todo a los derechos de los hispanohablantes. Si en Bolivia, por poner un ejemplo, el gobierno decidiese restringir la enseñanza del español, sustituyéndolo por el quechua, análogamente a como se viene haciendo en Cataluña o se ha comenzado a hacer en Galicia, ¿no mostraría la RAE su preocupación? ¿Entonces por qué no se atreve a materializar esa preocupación por lo que está sucediendo en España?