Galicia Bilingüe ha recibido más de 700 quejas por discriminación lingüística
Más de setecientos ciudadanos se han dirigido a la asociación a lo largo de los últimos doce meses, para 
denunciar otros tantos casos de discriminación lingüística y solicitar asesoramiento para enfrentarse a la política impositiva de la Administración gallega en este terreno.
Si bien la mayor parte de las denuncias, alrededor de la mitad, se refieren al Decreto que regula el uso del gallego en la enseñanza y otro treinta por ciento se ciñen al trato de la Xunta de Galicia a los administrados, la casuística es enormemente variada y permite deducir no sólo que el castellano ha sido prácticamente erradicado de la mayor parte de los organismos públicos, sino que la imposición cae a menudo en situaciones absurdas y que incluso rayan el ridículo.
Los padres narran las dificultades con que se encuentran sus hijos al no poder estudiar en su lengua materna, la negativa de los profesores a permitirles cualquier uso del idioma castellano, las aptitudes hostiles de muchas direcciones de centros educativos, que obstaculizan o intentan impedir a los progenitores la comunicación en castellano con la administración educativa, incluso la negativa a expedir documentación en castellano, no sólo en contra de la voluntad expresa del solicitante, sino cuando esa documentación académica se solicita para que surta efectos fuera de Galicia.
Las quejas por la exclusión del español, al margen de la Administración educativa, se extiende a la administración autonómica y local, instituciones en las que toda la documentación oficial está disponible únicamente en gallego y cuyos trabajadores aducen que éste es su único idioma de referencia, sin tener ninguna obligación de usar el castellano aunque así lo demande el ciudadano.
Galicia Bilingüe enumera algunas de estas situaciones discriminatorias a que se ven sometidos los ciudadanos españoles en Galicia:
-Enseñanza: son varias las quejas que denuncian las reprimendas o presiones que padecen los alumnos por utilizar el castellano. Hay numerosos padres o madres que protestan ya no porque los alumnos tengan los libros o reciban sus clases en gallego, sino porque sus deberes son continuamente tachados por estar en español o sus notas sufren notables rebajas por utilizar este idioma. Incluso existe un caso en que se ha suspendido a una alumna, sin entrar a valorar sus conocimientos en la materia, por no contestar en gallego a la preguntas de un examen, que por supuesto no era de la materia de lengua gallega.
-Consello da Cultura Galega: según una denuncia escrita, este organismo despachó a uno de sus empleados con un ilustrativo “usted no tiene derechos lingüísticos” cuándo éste demandó el texto de una encuesta en castellano. Al parecer, el convenio por el que se rigen estos trabajadores especifica que su lengua laboral es únicamente el gallego.
-Hacienda: un gallego que lleva dos décadas residiendo en Madrid necesitó presentar la documentación relativa al impuesto de sucesiones al fallecer su progenitor. Con sorpresa, vio que no existían impresos en castellano. Aunque un programa informático le permitía emplear su lengua habitual, las cartas de pago y demás impresos que generaba eran siempre en gallego. Reclamó en las delegaciones de la Agencia Tributaria de A Coruña y Santiago, pero nada, ni siquiera alegando que los documentos demandados iban a ser utilizados lejos de Galicia, en registros y bancos de la ciudad de Madrid.
-Universidad de Vigo: Un ciudadano explica que su hija, licenciada en el campus vigués y con una beca importante para continuar sus estudios en la Universidad de Oviedo, se encontró que entre los requisitos documentales solicitados por esta última institución se encontraba un certificado de estudios expedido por la universidad de origen de su titulación. Entregado el papel, fue devuelto por estar en idioma gallego, por lo que la afectada lo solicitó de nuevo en Vigo, pero en lengua castellana. No hubo manera; la joven tuvo que gastarse 80 euros en un centro oficial de traducción. No se trata de un caso aislado; Galicia Bilingüe ha recibido numerosas quejas del mismo estilo.
-Ayuntamiento de Pontevedra: un pontevedrés en su queja llama la atención sobre el desprecio del Concello de Pontevedra a la legislación vigente y a los derechos de los ciudadanos, pues necesitó tres denuncias ante el Valedor do Pobo y una ante el Defensor del Pueblo para conseguir que le remitieran el recibo de agua y basura en castellano. Hoy sigue lidiando para afrontar en el idioma oficial que ha elegido sus obligaciones relativas al Impuesto de Bienes Inmuebles, porque el Ayuntamiento, pese a las quejas anteriores sigue negándose a usar el español.
-Sergas (Servicio de Salud de Galicia): las quejas por la expedición de documentos únicamente en gallego por parte del Servicio Galego de Saúde son también una constante, especialmente cuando los enfermos se dirigen fueran de la comunidad a pedir una segunda opinión médica, y tienen que llevar los resultados de pruebas diagnosticas en gallego.
-Cámara de Comercio de Vigo: un vigués expone la contestación que le remitió este organismo ante una solicitud de que se le remitiera cierta documentación en castellano. “Lamentamos no poder acceder a su petición, decía la respuesta, pues tratándose de una información dirigida exclusivamente a las empresas de nuestra demarcación, no procede realizar traducción alguna”. “También le informamos -añadía la contestación- que laLei Galega de Cámaras especifica que el gallego es la lengua de comunicación de estas entidades”. Este tipo de quejas por la desaparición del castellano en las comunicaciones se multiplican en lo referido a la obtención de información a través de páginas web ligadas a la Administración, siempre o casi siempre, sólo en gallego.
-Subvenciones: otro motivo de constantes lamentos por parte de los ciudadanos que se dirigen a Galicia Bilingüe y que no encuentran ninguna vía en la Administración ni siquiera para expresar su frustración ante lo atropellos lingüísticos, radica en las convocatorias de subvenciones. Aquí, el gallego es un baremo no sólo favorable, sino, muchas veces, decisivo. Como ejemplo sirva la queja de un ciudadano que llama la atención sobre una convocatoria pública de ayudas para I+D en la que expresamente se otorga mayor puntuación si la memoria está en lengua gallega (sic).