La Ertzaintza impide a la Guardia Civil hacer su trabajo
El Departamento de Interior vasco incumple el protocolo acordado hace trece años entre el Gobierno y el Ejecutivo autonómico por el cual al menos un miembro de la Policía y otro de la Guardia Civil deben estar presentes junto a los especialistas de la Ertzaintza en la zona en la que se haya detectado alguna bomba o existan sospechas de su colocación, según fuentes de Interior.
El protocolo es fruto de un acuerdo alcanzado el 16 de junio de 1995 por la Junta de Seguridad del País Vasco -órgano en el que están representados paritariamente miembros de las administraciones central y autonómica-. En él se establece que en caso de cualquier incidencia relacionada con la colocación de artefactos explosivos, debe autorizarse la presencia, junto a los artificieros de la Ertzaintza, de al menos un especialista de la Policía y otro de la Guardia Civil, «en calidad de observadores».
En ocasiones, el exiguo tiempo dado por ETA entre el aviso de bomba y la hora prevista para su explosión no deja margen de maniobra para que los especialistas la neutralicen. Pero aun en esos casos, la rapidez y cuanto mayor sea el número de artificieros en el lugar, teniendo en cuenta que se actúa contrarreloj, mayor garantía habrá para que los daños, sobre todo personales, se minimicen.
En ocasiones, aunque se haya descartado la neutralización de la bomba por falta de tiempo, la presencia de los «tedax» puede ser trascendental, ya que, dada su condición de expertos, y tras examinar la posible orientación de la carga, pueden aconsejar mejor que nadie el punto adecuado para acordonar la zona; la ubicación de los agentes encargados de mantener el perímetro de seguridad; advertir de la posibilidad de que haya alguna bomba trampa; si es prudente el desalojo de vecinos o es más seguro que permanezcan en sus casas….
Sin embargo, la Consejería que dirige Javier Balza comenzó a incumplir unilateralmente este acuerdo tras la ruptura de la última tregua, en junio de 2006.
El último episodio de este incumplimiento ocurrió el pasado sábado, después de que ETA colocara una mochila bomba junto al palacio de Justicia de Tolosa. Artificieros de las Fuerzas de Seguridad del Estado llegaron al lugar sobre las dos menos cuarto de la madrugada, cuando la bomba ya había explosionado -ETA dio sólo un plazo de 20 minutos-, pero podrían haber hecho alguna inspección ante la posibilidad de que hubiera alguna bomba trampa. Los miembros de la Cruz Roja presentes en la zona quedaron atónitos cuando observaron cómo los ertzainas les obligaron a colocarse fuera del cordón de seguridad, junto a los periodistas. A las cuatro de la madrugada llegaron los artificieros de la Ertzaintza. Fue entonces, y gracias a un coordinador de la Consejería, cuando se dejó pasar a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Más tensión hubo, si cabe, tras el atentado con explosivos perpetrado el 1 de mayo contra el edificio del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de San Sebastián. En aquella ocasión los especialistas de la Guardia Civil también llegaron antes que los «tedax» de la Ertzaintza. Tampoco se les permitió entrar, pese a que las dos bombas colocadas una explosionó sólo parcialmente, por lo que, ante el riesgo extremo, urgía actuar con la máxima celeridad. Por el contrario, cuando ETA colocó un coche bomba en la casa cuartel de Legutiano se autorizó la presencia de la Ertzaintza, que trabajó «codo con codo» con las Fuerzas de Seguridad.
Las fuentes consultadas atribuyen el incumplimiento del acuerdo a «mandos políticos del PNV» instalados en el «núcleo duro» de la Consejería de Interior, en contra del criterio profesional de los propios especialistas de la Ertzaintza, que han mostrado su malestar a través de algunos sindicatos.