Catalanistas amenazan de nuevo con una consulta secesionista
El tripartito catalán ha elaborado un anteproyecto de Ley de consultas populares que el Govern aprobará en diciembre y que someterá al Parlamento catalán a lo largo del próximo año. La intención de fondo que subyace en esta iniciativa es preparar un nuevo desafió separatista.
A diferencia de la consulta que quería convocar el lehendakari Ibarretxe el pasado octubre y que rechazó el Tribunal Constitucional, con el nuevo Estatut catalán, aprobado a instancias de Zapatero y el PSOE, la Generalitat tiene otorgadas legalmente competencias en materia de consultas. Así una consulta de ámbito autonómico se podrá impulsar desde distintas vías: Desde la Generalidad, por una mayoría en el Parlamento, o por iniciativa legislativa popular. En este último caso, será necesario que cuente con el aval del seis por ciento del censo electoral. O lo que es lo mismo, con unas 319.000 firmas, los separatistas podrán plantear un referéndum secesionista al estilo del de Ibarreche, sin que el TC pueda decretar su ilegalidad.
El conseller de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat de Cataluña, el republicano Jordi Ausàs reveló que podrán hacerse consultas por vía referéndum sobre “cualquier cuestión que afecte a la población”, incluido el derecho de la autodeterminación si se diera el caso, siempre con el aval necesario del Estado. Precisó que, para que dicha ley se ajuste plenamente a la Constitución, se especificará que, en última instancia, será el Estado quien tenga la última palabra y autorice cada una de las consultas, sean de ámbito local o autonómico, ya que así queda establecido en la Carta Magna. No es que el TC tenga el hábito de deslindar los criterios políticos de los jurídicos, como sería deseable, pero algo más de seguridad ofrece que dejar en manos del gobierno la decisión de autorizar o no una consulta sobre la autodeterminación.
El conseller defendió la posibilidad de que a escala autonómica y local puedan efectuarse consultas y dijo que ello es “una buena herramienta de fomentar la participación ciudadana”. “Nos tenemos que ir acostumbrando a consultar y preguntar a la gente sobre todas las cuestiones que afecten a sus intereses y a sus voluntades”, dijo Ausàs, quien recordó que esta práctica es “muy frecuente” en los gobiernos de otros estados occidentales (sic).