Los señores de ERC, CIU, CUP y otras organizaciones que forman parte de la partitocracia cleptocrática catalana no quieren separarse de España poque no podrían mantener el actual nivel de dispendio y porqué ya no tendrían a España como coartada para legitimar sus acciones políticas.

Lo que se hace urgente para acabar con esta lacra de golfos amigos de lo ajeno es una profunda regeneración verdaderamente democrática de la sociedad catalana y de la española, mediante una reforma de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) de 1985 y una revitalización de la sociedad civil catalana.

Lo que tampoco la sociedad civil puede tolerar es que con el dinero del contribuyente, independientemente del lugar de residencia, se esté financiando a los partidos políticos vía presupuestos del Estado, autonomías y ayuntamientos. Por ello es menester que las organizaciones políticas se financien a partir de las cuotas de sus militantes. Es lamentable e inmoral ver como se utiliza el dinero del contribuyente para actuar de forma sesgada y sectaria contra una parte de la sociedad que no comulga con el régimen político gobernante.
Muchas de las campañas que tienen por objetivo sembrar el odio social en la sociedad catalana son financiadas por las instituciones públicas: medidas lingüísticas, selecciones catalanas, embajadas, etc.

La casta política catalana ha desembocado en una casta parasitaria que vive a espaldas de la ciudadanía -o contra ella- y a mi entender se sirve de tópicos y anatemas para mitificar la leyenda de una nación perseguida a lo largo de la historia por una pretendida opresión contra el pueblo catalán. Gracias a estos tópicos los políticos catalanes tienen la coartada perfecta para ocultar verdaderos problemas de diversa índole que afectan a Cataluña y que la están arruinando tanto espiritual como económicamente.

La sociedad civil catalana también es en gran parte culpable de la degeneración moral que sufre Cataluña porque tiene una obsesión patológica de dar apoyo electoral de forma sistemática a los mismos partidos políticos que defienden sin pestañear la secesión de Cataluña, y lo que tiene más gracia es la cantidad de trabajadores que residen en el área metropolitana de Barcelona y votan al PSC, una partido que adopta una estrategia pseudonacionalista y que contrapone intereses secesionistas catalanes a la defensa de los trabajadores y de la unidad de España.
Por ello se hace necesario una mejor articulación de la sociedad civil catalana mediante la creación de plataformas cívicas y de grupos de presión que obliguen a la casta política catalana a modificar su agenda y se preocupe por los verdaderos problemas de la sociedad catalana, que al fin y al cabo son los mismos que el resto de españoles.