La izquierda que no se quiere ilegalizar
Llevan años atentando contra la libertad de expresión y de reunión de forma violenta. No sólo intentan reventar los actos, legalmente convocados, de los minúsculos partidos de extrema derecha en España. Han extendido sus acciones contra el PP, Ciutadans y diversos movimientos cívicos a los que acosan y amenazan constantemente, no sólo en el País Vasco y Cataluña, sino también en Galicia, Madrid, Castilla o Andalucía.
Durante las manifestaciones en contra de la guerra de Irak, irresponsablemente se les dio alas por parte del PSOE, permitiendo su asistencia, como si de grupos democráticos y respetuosos con la convivencia ciudadana se tratase, a los actos de movilización ciudadana. Todos recordamos como terminaron las manifestaciones del “No a la guerra” en Madrid y Barcelona y los incidentes protagonizados por esta clase de grupos antisistema. Evidentemente ciertos comportamientos de algunos miembros del PSOE apedreando sedes del PP, no ayudaban mucho como ejemplo para estos radicales.
La última semana ha sido abundante los actos violentos de estos grupos. El último este fin de semana, en una marcha prohibida en Legazpi (Madrid) donde de nuevo, con la disculpa de la muerte de de uno de sus miembros, Carlos Palomino, se dedicaron a agredir a la policía y destrozar mobiliario urbano. Previamente el martes pasado los radicales de extrema izquierda se manifestaron causando destrozos en la Facultad de Derecho de Universidad Complutense de Madrid. También se produjeron incidentes en Granada, donde ya se había atacado el consulado de Italia y el Registro de la Propiedad con cocteles molotov. Más graves aún fueron los incidentes en Barcelona, donde causaron lesiones a más de 22 policías. También la pasada semana separatistas ultraizquierdistas pusieron una bomba en una inmobiliaria en Cangas de Morrazo (Pontevedra).
Antifascistas, okupas, redskind, separatistas cercanos a Batasuna, anarquistas, comunistas, son las etiquetas ideológicas bajo las que actúan estas organizaciones marginales antisistema, que tienen la violencia y la intolerancia como principal argumento. No hay más que repasar la hemeroteca para descubrir que son, en exclusiva, los principales responsables de la violencia política que acontece en España. Sería deseable pues que la Justicia, en vez de dedicarse a cerrar las páginas de los pacíficos bloggers, que expresan su apoyo al boicot de productos catalanes como respuesta al separatismo, emplease su tiempo en desarticular a estas bandas y su infraestructura, incluida la que poseen en internet.