Archivo Mayo 2008 a Febrero 2010 MinutoDigital.com

Al  ex alcalde de la localidad mallorquina de Andratx, Eugenio Hidalgo, le ha tocado en gracia esa suerte de los que compran siempre en la misma administración. Él y su hermano son algunos de los ganadores del quinto premio de la lotería en el Sorteo de Navidad, pero sobre Eugenio pesa una pena de cuatro años de cárcel por corrupción.

Ambos llevaban varios décimos de la administración número 15 de  Palma. Según cuenta su hermano, “hace muchos años que compran lotería” en esta administración situada en la calle Francisco Barceló y Combis, próxima a la Plaza de las Columnas de Palma. Esta delegación ha repartido 4,5 millones de euros tras vender 90 series de un 5º premio (43.802), dotado con 50.000 euros la serie. “Compramos seis o cinco”, explicó su hermano, Carlos Hidalgo, que también ha resultado ganador.

El ex alcalde de Andratx fue condenado por la Audiencia Provincial de Palma el 26 de mayo de 2008 a un total de cuatro años de cárcel tras ser juzgado por la construcción de una vivienda en una zona de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola. En concreto, fue condenado a un año de prisión como inductor de un delito de prevaricación administrativa y a 3 años como autor directo de un delito contra la ordenación del territorio.

En cuanto a su hermano, Carlos Hidalgo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma le condenó el 19 de noviembre de 2008 a un año y nueve meses de cárcel por los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial en la sentencia correspondiente a la pieza 32 del caso Andratx, en la que también fue condenado el ex jefe de Urbanismo del municipio, Jaume Massot, a cinco años de prisión por los mismos delitos.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha explicado que en la actualidad hay un total de 730 asuntos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción, de los que 264 se refieren son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE y 200 contra miembros del PP.

Además, dijo, hay 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergencia i Unión, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independentista Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de Esquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego, otros 3 de PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.

El titular del Ministerio Público explicó que los datos hoy expuestos sólo muestran “la imagen de una acción demoledora de la Justicia contra la corrupción, una actuación intensa, inimaginable hace unos años”.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha citado en calidad de imputado al secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido. El magistrado le interrogará en relación con una querella interpuesta por el Centro Jurídico Tomás Moro que le acusa de un supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos en la concesión de ayudas por valor de 78.000 euros a la Fundación Alternativas. El socialista, que ha declarado estar “absolutamente tranquilo” porque está “todo clarísimo”, deberá comparecer ante el magistrado el próximo 4 de diciembre.

El auto de incoación de diligencias señalaba que los hechos “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, por lo que el Juzgado acordó “instruir diligencias previas” y practicar las esenciales para aclarar la situación. Así, el magistrado requería que el querellante debía ratificar el contenido de la querella en el plazo máximo de diez días a contar desde el 3 de noviembre. Finalmente el día 12 fue cuando el Centro Jurídico Tomás Moro confirmó la querella.

De esta manera, este viernes se ha dictado un segundo auto con la admisión a trámite la citada querella en la que se señala que los hechos denunciados, de ser ciertos, “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos”.

En concreto, el querellante, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, acusa a López Garrido de haber incurrido en estos por haber otorgado desde su Secretaría de Estado dos ayudas a la Fundación Alternativas por un importe total de 78.000 euros.

En este sentido, la querella asegura que López Garrido, a pesar de haber sido nombrado secretario de Estado para la Unión Europea el 15 de abril de 2008, continuó figurando como patrono de la Fundación Alternativas hasta el pasado 24 de mayo, pese a que fuentes cercanas a Garrido han desmentido la información y han asegurado que el socialista abandonó el cargo el 21 de abril de 2008, seis días después de haber tomar posesión de la Secretaría de Estado de la Unión Europea.

La primera ayuda objeto de la querella tuvo lugar el 22 de julio de 2008, cuando López Garrido firmó la concesión de ayudas correspondientes a ese año. Dentro de esta partida, la Secretaría de Estado otorgó 60.000 euros a la Fundación para el análisis de los resultados de la encuesta ‘Hablemos de Europa ¿qué Europa queremos?’.

Posteriormente, el 14 de mayo de 2009, López Garrido firmó una nueva resolución a través de la cual su Secretaria de Estado concedió una ayuda por importe de 18.000 euros a la Fundación para poner en marcha el portal de Internet de título ‘¿Qué Europa queremos?’.

Según los denunciantes, la conducta de López Garrido supone “un claro conflicto con las normas del Código de Buen Gobierno”, aprobado en 2005.

Por ese motivo, y teniendo en cuenta que la presidencia española de la UE comenzará el 1 de enero de 2010, solicitan la dimisión del secretario de Estado para “trasmitir a los españoles la imagen de un Gobierno alejado de todo tipo de corrupción o sospecha”.

Ante la decisión del magistrado cabe recurso de reforma en un plazo de tres días. El secretario de Estado para la UE ha afirmado que está “absolutamente tranquilo” al estar “todo clarísimo” después de que el haya admitido a trámite la querella.

“Tengo que ver los papeles y haré declaraciones cuando lo haya hecho. Estoy absolutamente tranquilo. Está todo clarísimo”, se ha limitado a decir en declaraciones a los periodistas en el Senado

Casi un 20% de los españoles vive por debajo del umbral de pobreza relativa al ingresar menos de 5.815 euros al año, según recoge la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2008 hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por comunidades autónomas, Extremadura (con un 38,4%) y Andalucía (28,9%) presentan las mayores tasas de riesgo de pobreza en España. Por el contrario, las comunidades con menor proporción de población por debajo de dicho umbral son la Comunidad Foral de Navarra (6,5%) y País Vasco (8,5%).

Por otro lado, uno de cada tres hogares españoles no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Asimismo, el 44,6% de las familias con hijos no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y en un 5,3% de hogares no se mantiene la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos.

Sin embargo, el ingreso monetario medio neto por hogar percibido durante 2007 ascendió a 26.010 euros, un incremento de seis puntos respecto al año anterior.

En función del sexo, las mujeres siguen ingresando cerca de 3.700 euros menos que los hombre al año. El nivel educativo también influye: el ingreso medio de los hogares cuya persona de referencia tenía una educación superior fue de 35.930 euros, frente a los 19.210 cuando ésta tenía una educación primaria o inferior.

En relación con los problemas en la vivienda, el 5,9% de los españoles sufrió escasez de luz natural en su vivienda en 2008. Mientras que en función de la zona donde está ubicada, el 13,2% padeció contaminación u otros problemas medioambientales, el 15,4% se vio afectado por la delincuencia y el vandalismo y el 21,8% sufrió ruidos producidos por vecinos o procedentes de la calle.

La Comunidad Valenciana fue la que tuvo los mayores porcentajes de familias afectadas por problemas de ruidos y contaminación, mientras que la Comunidad de Madrid presentó el mayor porcentaje con problemas de delincuencia o vandalismo en su zona de residencia.

Navarra y Extremadura tuvieron los menores porcentajes de hogares con contaminación, mientras que Cantabria y Asturias tuvieron los menores porcentajes de hogares con delincuencia o vandalismo en la zona.

La ‘trama Gürtel’ financiaba ilegalmente al Partido Popular valenciano. Así lo recoge el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el ‘caso Gürtel’. Éste apunta a la existencia de una doble contabilidad y a una serie de facturas falsas a cargo del PP valenciano

Dicha financiación, era amparada y dirigida por la cúpula del PP valenciano, con su secretario general, Ricardo Costa, y el vicepresidente Vicente Rambla a la cabeza. En concreto, el informe señala que Orange Market, empresa dirigida por Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, emitió una facturación doble al Partido Popular valenciano.

Los libros de contabilidad de la empresa, según la Cadena Ser, muestran dos contabilidades: una Caja A, bajo el nombre Alicante y otra caja B, bajo la denominación Barcelona, en la que se apuntaban todas las cantidades ingresadas y aquéllas pendientes de cobro por los trabajos realizados para el PP de Valencia.

Según la Cadena Ser, este doble sistema de facturación y financiación irregular del PP valenciano ha perdurado durante un cierto tiempo, por lo que puede considerarse como una actuación sistemática en las relaciones del partido con la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’.

El pasado 3 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana archivó la causa contra los imputados en la ramificación valenciana del ‘caso Gürtel’, entre ellos, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y ordenó el sobreseimiento libre de la causa abierta contra ellos por un supuesto delito de cohecho.

Rita Barberá está indignada por el escándalo que han generado los trajes del presidente Camps y ha arremetido contra Zapatero por incurrir en un delito de cohecho pasivo. Parece ser que las anchoas que el presidente Miguel Ángel Revilla le regaló, son el motivo.

La alcaldesa ha pedido a la Justicia que, de oficio e inmediatamente, abra diligencias por si José Luis Rodríguez Zapatero ha cometido un delito por recibir “como dádiva” en varias ocasiones unos boquerones en salmuera.

“Ningún funcionario puede recibir un regalo”, ha dicho Rita Barberá, con el artículo 4.2.6 del Código Penal en la mano, el mismo en el que se basa la imputación a Francisco Camps en el caso Gürtel y que se refiere a “la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueran ofrecidos en consideración a su función”.

Por eso, ha pedido que investigue si se puede incluir al presidente del Gobierno en ese supuesto. “Todo el mundo conoce que Revilla obsequia a Zapatero, por agasajo o complacencia”, con algunas cajas de anchoas, “un producto buenísimo y caro”, ha dicho la alcaldesa.

“Haciendo un paralelismo con el caso del presidente Camps, también están incursos en este artículo algunos más. Yo también, probablemente por recibir un ramo de flores. Pero, desde luego, Zapatero por lo de las anchoas de Santoña”.

Revilla, en cambio, no cree que regalar o aceptar anchoas “como presente institucional” sea un delito y ha dejado claro que, además, “no tiene nada que ver con vestirse por la cara”. El presidente cántabro contestó así a la alcaldesa de Valencia, cuya comparación fue calificada por él de “absurda y ridícula”.

“Ha topado con un político que es la antítesis de la corrupción y el despilfarro”, añadió Revilla.

“Mal tienen que tener el tema en el Partido Popular cuando el argumento para defenderse provoca la hilaridad nacional”, concluyó el presidente Revilla.

Teniendo en cuenta como es este país, es para mondarse de risa que se siente en el banquillo a un presidente regional por haber recibido de regalo 4 trajes de tres al cuarto, mientras, como ayer mismo Jiménez Losantos glosaba en su programa,  a Garzón no le pase nada porque le inviten a cacerías por aquí y por allá, o peor aún Chaves ni se despeine por la concesión de la subvención a su hija, o ¿qué nos dicen del olvidado caso de  Montilla y aquella pila de millones que la Caixa le perdonó al PSC?  

De risa, pero el caso es que ha sido el PP quien se ha metido en un berenjenal, porque aunque lo de los trajes de Camps sea una anécdota, su afirmación anterior de que los había pagado sirve para  afirmar que mintió. Y lo que es peor, para que se transmita la idea de que aunque no hay ninguna acusación formal de corrupción, ni tráfico de influencias, ni malversación de fondos, ni cohecho, ni prevaricación…, el presidente del PP valenciano no es trigo limpio. De hecho el juez recuerda que, aparte de los encargos efectuados por el PP, Orange Market consiguió numerosas adjudicaciones de diversos organismos dependientes de la Generalitat Valenciana, como en las ferias FITUR, TVC, Expovacaciones, SITC e INTUR. Así, entre 2005 y 2009, por las que recibió casi 7 millones de euros y aunque el auto afirma que “no existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y los funcionarios” de la Administración autonómica, “la finalidad perseguida no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación”. 

Sin embargo Jiménez Losantos se equivoca de cabo a rabo cuando afirma que Camps ha sido mal asesorado. El art. 426 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función, por tanto cualquier postura de Camps que implicase reconocer que había recibido gratis los tarjes implicaba también reconocer el delito. Y evidentemente decir que ahora los iba a pagar, porque en su día se despistó, no cuela. Camps hizo lo único que podía hacer. Otra cuestión es la torpeza que le ha llevado a este callejón sin salida un tanto absurdo, más aún cuando los últimos resultados electorales del PP en Valencia, con el affaire de los trajes ya en ebullición,  le ponían 15 puntos por encima del PSOE. 

Si además sumamos el caso Barcenas, nos encontramos con que el PSOE se ha encontrado con munición suficiente para taparle la boca al PP, venga a cuento o no, en cuanto se le ocurra criticar cualquier aspecto de sus erráticas  políticas.  El PP deberá ahora emplear sus energías en defender la honorabilidad de Camps. A Barcenas lo damos por amortizado antes o después, cuanto más tarde peor para el PP. Pero el caso  es que cuando la oposición debería pasar al ataque para rematar esa ventaja ya clara que las encuestas le dan, resulta que se tiene que replegar sobre sus posiciones para  adoptar una postura defensiva. 
 

La Policía ha encontrado nuevas pruebas documentales que confirmarían el envío de regalos a Francisco Camps y amigos dentro de la presunta trama de corrupción Gürtel, que afecta a los dirigentes del PP. Se trata de un listado de trajes y sus precios en un portátil y correos electrónicos entre los dirigentes populares y los empresarios supuestamente corruptos.

El último informe policial, vendría a confirmar las conclusiones de anteriores investigaciones. Por un lado, en el yate de la trama, ‘Parapipi’, se ha encontrado un ordenador con un archivo denominado “cuentasmilano”. Este contiene, según el informe, una lista escaneada de los trajes que habrían comprado Francisco Camps y demás implicados como Pablo Crespo, sus precios, y facturas pagadas por empresas insertas en la trama.

Además, la Policía ha encontrado también una serie de correos electrónicos entre los “empresarios corruptos” que vendrían a atestiguar la existencia de una relación con los implicados políticos y las facturas pendientes.

Cuatro grandes dirigentes del Partido Popular están siendo investigados dentro de la trama Gürtel por un presunto delito de cohecho.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal por la presunta utilización de inmigrantes en los mítines del PP, según informó el viernes en un comunicado la responsable de Movimientos Sociales y ONGs del PSPV-PSOE, Clara Tirado.

El ministerio público adoptó esta decisión tras la denuncia presentada por el PSPV-PSOE para que se investigara si hubo presiones y si se cometió un delito contra los trabajadores, los ciudadanos extranjeros, y contra la Ley Electoral, a cambio de acudir al mitin del presidente del PP, Mariano Rajoy, y del presidente del PPCV, Francisco Camps, que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Valencia el pasado 2 de mayo.

Tras la denuncia, la Fiscalía ha decidido abrir diligencias por posibles delitos contra los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Esta decisión, según Tirado, confirma los argumentos de su partido, en los que denunciaba que el PP había superado “todos los límites de la indecencia política al utilizar a los colectivos con menos recursos, como es el caso de los inmigrantes, para llenar sus mítines”.

La dirigente socialista valoró que la decisión de la Fiscalía Provincial añade “más presión” sobre el conseller de Inmigración, Rafael Blasco, y el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, que, en su opinión, “son los responsables directos de esta acción, al haber sido los máximos responsables de la campaña de engaño y manipulación de aquellas personas que están atravesando por una situación precaria y de dificultad”.

De esta forma, manifestó que espera que la Fiscalía “aclare el posible vínculo que une al supuesto intermediador y al PPCV, así como si se trata de hechos aislados o del modus operandi con el que el PP llena sus mítines”. “Es deleznable y rastrero”, aseguró Tirado, “aprovecharse de la situación de dificultad de cualquier ser humano”, reiteró.

Al respecto, Tirado afirmó que con “estas prácticas consentidas por Camps, los populares valencianos se han convertido en el referente de la indignidad y la vergþenza”. Asimismo, recordó que el PP “todavía no ha negado ni exigido ningún tipo de rectificación mostrando, una vez más, esa actitud chulesca y de impunidad que se les va acabar”, matizó.

Con el PP atado de pies y manos por el caso Bárcenas, y con todos los focos mediáticos apuntando al tesorero de Génova, la concesión de incentivos   económicos del que fuera ex presidente de la Junta de Andalucía a la empresa Matsa de la que su hija era asesora, queda como noticia de segunda fila.

Ayer todos los titulares se ocupaban de las millonarias cifras que se embaulaba el ilustre senador y tesorero del PP, Sr. Bárcenas.  La noticia de la denuncia presentada por el PP andaluz en la que piden la inhabilitación del ex presidente de la Junta por “incumplir” la ley de incompatibilidades de altos cargos, ha pasado desapercibida para la mayoría de los ciudadanos.

Bárcenas, según el juez, recibió de Correa un millón de euros que no declaró y además habla de un pago al tesorero de 300.000 euros de paraísos fiscales. El auto judicial también analiza los movimientos de dinero en las cuentas de Bárcenas, sus voluminosas inversiones, y se detiene en una de las operaciones más polémicas del tesorero, el ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 -”de alta denominación”, los llama el escrito- en enero de 2003 en una cuenta del Banco Popular.El tesorero asegura, y así se lo explicó a Hacienda en marzo de 2008, que pidió un crédito en diciembre de 2002 y sacó el dinero del banco para comprar un cuadro. Lo mantuvo más de un mes en su poder en metálico y cuando se frustró la operación lo reingresó y canceló el crédito.

El análisis judicial sobre la credibilidad de las explicaciones de Bárcenas es demoledor: “Parece poco creíble que se formalizara una póliza de crédito y se dispusiera del dinero en efectivo para una operación que finalmente no se llevó a cabo y se mantuviera ese efectivo durante más de un mes en poder del contribuyente con el coste financiero que ello supone. No parece además razonable que el pago de la supuesta operación se fuera a realizar en metálico tratándose de una cantidad tan elevada, existiendo alternativas mucho más seguras. La apertura del crédito supone unos gastos de 2.321,49 euros, en los que no tiene sentido incurrir si no estamos ante una operación cerrada con compromiso formal de compra. Por otro lado, sorprende que alguien que no es coleccionista de arte, puesto que no figura en su declaración de Impuesto del Patrimonio, se lance a una inversión tan elevada”.

Y mientras la cúpula del PP enrocada.  Parece que no se dan cuenta que con toda probabilidad de aquí a unos meses se tengan que tragar su defensa numantina de Bárcenas. La última ha venido del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que aseguro que el presidente del PP, Mariano Rajoy, él mismo y todo el Partido Popular esperan “de una vez por todas” una “sentencia” sobre las personas del partido envueltas en investigaciones judiciales, como el tesorero de la formación, Luis Bárcenas, y argumentó que en un Estado de Derecho “los prejuicios no tienen nada que ver con los juicios”. Aunque bien mirado, como en este país nunca pasa nada y ningún político asume responsabilidades, y lo que es peor, un pueblo atocinado, nunca exige responsabilidades, pues pasado el mal trago,  a otra cosa mariposa. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que investigaba la presunta trama de corrupción de la llamada ‘Operación Gürtel’, ha remitido al Tribunal Supremo la causa.  El auto judicial que acuerda esta medida asegura haber encontrado indicios de delito en la actuación del tesorero nacional y senador del PP, Luis Bárcenas, el eurodiputado en funciones Gerardo Galeote y del diputado de esta formación en el Congreso Jesús Merino.

La decisión judicial viene a empañar la reciente victoria electoral del PP y no deja mucho margen de actuación a la dirección del PP, por mucho que se agarren al principio de presunción de inocencia. Ya no estamos hablando de Garzón, sino de un Tribunal serio que afirma que los últimos datos incorporados al sumario “han descubierto nuevos hechos” y han puesto de manifiesto “la posibilidad veraz” de que Luis Bárcenas y Jesús Merino” hayan podido incurrir en infracciones de naturaleza administrativa y penal y sean responsables”.

Todo parece apuntar a que Bárcenas tiene los días contados,  ya que una imputación por parte del Tribunal Supremo haría imposible la ya de por sí embarazosa posición de apoyo que Rajoy y su equipo vienen manteniendo con su actual tesorero. Ayer mismo la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que el tesorero de su partido no está imputado en ningún sumario y ha añadido que, si se produce su imputación por el Tribunal Supremo, habrá que “actuar en consecuencia”.

Un patrimonio de 3,5 millones de euros “no es para tanto”.

Tampoco han sido muy afortunadas que digamos las declaraciones del el ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, quien a la salida Junta Directiva Nacional ha restado importancia al volumen de patrimonio achacado a Bárcenas -tasado en casi 3,5 millones de euros por la investigación policial- y ha recalcado que “no es para tanto”,  Lapuerta dice tener “más patrimonio que él”.  Después se extrañaran el Génova de cómo es posible que en plena crisis y con las chapuzas económicas de ZP no saquen más ventaja al PSOE, y es que ese exclusivo y afortunado mundo de familia, dinero y cargo del que presume Lapuerta se hace bastante antipático a cualquier trabajador del común. 

CiU pedirá la comparecencia en el Parlamento del vicepresidente del gobierno catalán, José Luis Carod-Rovira, para que explique las “irregularidades” que constan en el informe de la Sindicatura de Cuentas referido a la gestión de la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo (ACCD) en 2007.

En un comunicado, la diputada de CiU Anna Figueras criticó que algunos departamentos vivan “instalados en la opulencia” mientras la ciudadanía sufre desde hace tiempo una crisis profunda, y actuaciones como las que revela la Sindicatura son las que crean desafección hacia la política y desconfianza hacia las instituciones.

Cargó especialmente contra el gobierno por tratarse de la gestión y de los recursos destinados al ámbito de la cooperación, lo que le da una “mayor dimensión y gravedad desde el punto de vista ético y moral”.

La federación pedirá toda la información detallada sobre los déficit de gestión detectados, como los recursos avanzados a la agencia de los que no se ha sabido más y las tarjetas de crédito existentes, algunas a nombre de personal en excedencia.

Además de Carod, CiU reclamará la comparecencia también del director general de Cooperación, David Minoves, y del director de la ACCD, Andreu

El juez instructor del caso Gürtel, Santiago Pedreira, ha impuesto una fianza de 1,8 millones de euros al ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, quien se ha negado a declarar por su presunta implicación en la trama de corrupción ligada a cargos del PP.

La fianza, establecida para cubrir las posibles responsabilidades económicas que pudieran derivarse del caso, es la más alta impuesta hasta el momento a los imputados en el ‘caso Gürtel’. El magistrado acusa a González Panero de los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. González Panero, que esta mañana ha comparecido durante menos de una hora ante el magistrado que investiga la presunta trama, se ha acogido a su derecho a no declarar hasta que se levante el secreto del sumario.

Cerca de veinte contratos son los que el bufete de abogados en el que colabora el diputado del PP José María Michavila, Eius, ha firmado con la Generalitat y diversos ayuntamientos de Valencia, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Estos consistorios, gobernados por el PP, han recurrido al despacho de abogados para la elaboración de algunas leyes fundamentales.

Eius fue contratado por parte de la Generalitat para redactar el anteproyecto de ley audiovisual de la comunidad en 2005 y siete meses después representó a una empresa que logró 13 licencias de TDT de esa Administración. Es decir, que el bufete compatibilizaba el asesoramiento a empresas privadas y a los ayuntamientos sobre la misma materia según publica El País.

Los contratos llevados a cabo cuentan con el visto bueno de Alberto Dorrego, que además de administrador único del despacho es letrado de las Cortes y está siendo investigado por la Cámara por presunta vulneración de la ley que les impide asesorar o elaborar dictámenes para comunidades y ayuntamientos, según apunta el citado medio

El magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha imputado al diputado regional del PP, Benjamín Martín Vasco, por su presunta implicación en la trama de corrupción conocida como ´caso Gürtel´ y le ha impuesto una fianza de 955.000 euros.

El juez le imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícitaEl magistrado considera que Martín Vasco ha cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.

A petición del Ministerio Fiscal, Pedreira ha impuesto además al diputado una fianza por valor de 955.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes, si bien esta decisión judicial es susceptible de recurso.

Martín Vasco se ha negado a declarar ante el magistrado Pedreira por su presunta implicación en la trama corrupta de empresas liderada por Francisco Correa. En su comparecencia, Martín Vasco se ha acogido a su derecho a no declarar amparándose en el artículo 24 de la Constitución, según ha dicho su abogado Pedro Colino. Al igual que hiciera la semana pasada el parlamentario Alfonso Bosch, Martín Vasco se negó a declarar hasta que se levante el secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones de la causa.

Martín Vasco ha sido el segundo aforado madrileño que comparece como imputado ante el Tribunal de Madrid. El magistrado acusó la pasada semana al parlamentario autonómico Alfonso Bosch de participación en la trama encabezada por Francisco Correa y de los seis delitos genéricos de la causa; asociación ilícita, cohecho, trafico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad. Bosch se negó a prestar declaración hasta que no se levanten el secreto de las actuaciones.

El Tribunal de Madrid atribuye a los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor la percepción “de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas” con Correa.

En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el ´cerebro´ de la trama Francisco Correa.

Martín Vasco abandonó el pasado 18 de febrero la presidencia de la comisión de investigación del supuesto ´caso de espionaje´, que se cerró poco después, y presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para que su implicación en la ´Operación Gürtel´ no perjudicara al Grupo Parlamentario.

La Audiencia Nacional le acusó de conseguir adjudicaciones de proyecto urbanísiticos a favor de Martinsa en ArgandaSegún recogen las conversación grabadas a Felisa Jordán, una de las imputadas, Martín Vasco recibió 30.000 euros de las empresas relacionadas con Correa, cabecilla de la trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional. Según Baltasar Garzón, Martín Vasco habría recibido 437.166 euros de la trama de Correo.

El juez de la Audiencia Nacional acusó a Martín Vasco de conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Se le imputó también el facilitar la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007.

El juez de Instrucción número 21 de Madrid, Eduardo Cruz-Torres, acordó hoy dejar en libertad provisional bajo fianza de 9.000 euros al ex jefe policial Ginés Jiménez, el principal imputado en el caso de corrupción policial en Coslada, tras estimar el recurso de reforma interpuesto por su defensa contra la denegación de la solicitud de libertad.

Al conocer el auto, el abogado de Ginés, Óskar Zein, se apresuró esta mañana a trasladarse a una entidad bancaria para abonar la cuantía económica acordada para que su cliente eluda la prisión. Zein apuntó que Ginés abandonará esta tarde la prisión de Alcalá Meco, donde ingresó el 13 de mayo de 2008 por prevaricación, cohecho, tenencia y depósito de armas, amenazas, extorsión y blanqueo de capitales.

El ‘Sheriff’ de Coslada era el único que permanecía en la cárcel después de que el magistrado fuera dejando en libertad a los acusados desde finales de 2008. Hace unas semanas, el juez rechazó por cuarta vez dejarle libre al estimar que existen suficientes indicios contra él por la comisión de delitos de amenazas, extorsión y blanqueo de capitales, entre otras infracciones penales. Zein decidió recurrir esta decisión en reforma.

El titular del juzgado de Instrucción número uno de La Almunia (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, ha decretado a última hora de este domingo prisión comunicada pero sin fianza para la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística.

El juez, que ha dejado las dependencias judiciales a las 01:55 horas, ha estimado que era “la decisión que tenía que tomar”, según la abogada Xenia Cabello, quien ha indicado que Pinilla, que ha testificado durante más de cuatro horas, “está muy bien” y ya está siendo trasladada a la cárcel de Zuera.

El Ministerio Fiscal solicitaba para ella prisión y ratificaba los nueve cargos que se le imputaban: cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones…) ilegales y blanqueo de capitales.

También ha declarado el presidente de la empresa Aranade, Julián de Miguel, para quien el juez ha decretado libertad provisional eludible con una fianza de 120.000 euros, una decisión “justa y acertada” según su abogado, Enrique Trebolle, quien se ha mostrado muy satisfecho.

Trebolle ha explicado a los medios que en los próximos minutos se personará en estas dependencias judiciales personal de una entidad financiera de Zaragoza para presentar un aval por dicha cantidad, por lo que en media hora o una hora podrá salir en libertad provisional.

El Ministerio Fiscal solicitaba para el empresario, que ha declarado durante dos horas, prisión incondicional y ratificaba los cargos que se le imputaban, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales y de información privilegiada.

La toma de declaraciones continuará este lunes con el interrogatorio del marido de la alcaldesa, Antonio Embarba, quien ha sido trasladado a dependencias policiales de Zaragoza, donde pasará su quinta noche desde que fuera detenido el pasado miércoles, junto a otras 18 personas, por su presunta implicación en la citada trama.

El arquitecto municipal, Francisco Núñez; el primo de alcaldesa, Carmelo Aured; y el empresario vasco Francisco Aranburu, han sido los otros imputados que han declarado el domingo, y finalmente, por decisión del juez, han quedado el libertad con cargos.

Así, de las dieciséis personas que ya han declarado ante el juez desde el viernes, tres han sido enviadas a la prisión de Zuera, la alcaldesa, el concejal del PAR en el Ayuntamiento de La Muela Juan Carlos Rodrigo y el empresario madrileño José Carlos Fernández Delgado, mientras que doce han quedado en libertad con cargos.

El Ministerio Fiscal considera al concejal del PAR responsable de los delitos de cohecho, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, además de tenencia ilícita de armas, mientras que al empresario de Madrid José Carlos Fernández, lo considera responsable de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, y falsedad documental.

Los imputados puestos en libertad son el hijo de la alcaldesa, Víctor Embarba; Antonio Royo, escolta del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné; su madre y dueña de una gestoría de Zaragoza, María Jesús Velilla; el secretario del Ayuntamiento, Luis Ruiz Martínez; el arquitecto municipal, Francisco Núñez del Castillo; el primo de la alcaldesa, Carmelo Aured; y los empresarios Vicente Rodrigo López, Francisco Aranburu, Isidro V., Antonio F., Luis M.L. y D.F.D.

El juez que investiga el caso, denominado “Operación Molinos”, abrió la investigación hace un año a raíz de una denuncia de un particular, que desembocó en la detención, el pasado miércoles, de 19 personas, dos de las cuales fueron puestas en libertad con cargos el viernes por la mañana por las policías de Madrid y Murcia.

También está en libertad, pero imputado, el subdirector provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carlos Martín Rafecas, a quien se le acusa de un presunto delito de tráfico de influencias.

Fuentes cercanas a Luis Bárcenas han explicado que éste ingresa unos 300.000 euros anuales gracias a su cargo en el PP y al sueldo que recibe como senador, una cantidad mayor a la que ganaría el propio presidente del partido, Mariano Rajoy. También señalan que ganó unos 600.000 euros con acciones de Endesa, que compro a 8 euros y las vendió a 40, tras la OPA de Enel.

Las propiedades de Bárcenas incluyen inmuebles en el barrio de Salamanca, en Guadalmina (Marbella) y en Baqueira. La primera de ellas, comprada en 1999, está en la calle Príncipe de Vergara, tiene 220 metros cuadrados y costó 1.100.00 euros. Por la vivienda en Baqueria –de 151 metros cuadrados– pagó en 2008 unos 1.057.000 euros y la de Marbella –en 2002– 930.000 euros. Además de eso, también es propietario de varias plazas de garaje.

Con la detención de la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del PAR, por su presunta implicación en un delito de corrupción urbanística son, al menos, dieciséis los alcaldes detenidos en el ejercicio del cargo por este tipo de delito desde hace tres años, cuando en abril de 2006 se destapó la ‘Operación Malaya’.

Esta es una relación de los ediles detenidos:

Marisol Yagüe (GIL). Ex alcaldesa de Marbella (Málaga), detenida el 29 de marzo de 2006, en el marco de la denominada “Operación Malaya”, que puso al descubierto una trama de corrupción en el Consistorio, y dentro de la cual han sido procesadas más de un centenar de personas. El 1 de abril de 2006 ingresó en prisión, de la que salió el 13 de septiembre siguiente tras pagar una fianza de 60.000 euros.

Francisco Valido (PP)- Ex alcalde de Telde (Gran Canaria), detenido el 7 de noviembre de 2006 en el denominado “Caso Faycan”. Imputado por cohecho, quedó en libertad provisional el 8 de noviembre de 2006, tras abonar una fianza de 80.000 euros. El PP suspendió cautelarmente su militancia, pero después levantó la suspensión.

Eugenio Hidalgo (PP). Ex alcalde del municipio mallorquín de Andratx, detenido el 27 de noviembre de 2006 en el marco de la “Operación Voramar”. Ingresó en prisión en dos ocasiones y el 26 de mayo de 2008 fue condenado a cuatro años de cárcel dentro de la primera pieza juzgada del caso. En noviembre de 2008 fue nuevamente condenado a siete años de inhabilitación para cargo público por prevaricación. Fue expulsado del PP.

Juan Martín Serón (PP). Alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), fue detenido el 18 de enero de 2007 y quedó en libertad al día siguiente bajo fianza de 100.000 euros. La Fiscalía pidió en enero de 2009 que se inculpe a Serón y a otras 24 personas en el denominado “caso Troya”, que investiga una trama de corrupción urbanística. Serón sigue al frente de la alcaldía.

José Francisco González (PP). Alcalde de Mogán (Gran Canaria), detenido en la “Operación Góndola” el 23 de enero de 2007, fue imputado por malversación de caudales públicos y cohecho. Tres días después quedó en libertad sin fianza y se reincorporó a su puesto.

José Martínez Andreo (PP). Alcalde de Totana (Murcia), detenido el 29 de noviembre de 2007 dentro de la “operación Totem”, sobre una presunta trama de corrupción urbanística en la que fueron detenidas 16 personas, entre ellos el diputado autonómico murciano Juan Morales. El 1 de febrero de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 70.000 euros y se reincorporó a la alcaldía. En diciembre de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) acordó el “sobreseimiento provisional” de la denuncia a Andreu por cohecho.

Cándido Trabalon (PA). Alcalde de Zurgena (Almería), detenido el 2 de abril de 2008 en una operación abierta por su presunta relación en la concesión irregular de licencias para viviendas. Fue puesto en libertad dos días después, con cargos y sin fianza.

Daniel García Madrid (PP). Alcalde de Torre Pacheco (Murcia), detenido el 2 de abril de 2008. El 29 de abril salió en libertad con cargos y el 16 de mayo se reincorporó a la alcaldía.

Antonio Barrientos (PSOE). Alcalde de Estepona (Málaga), detenido el 17 de junio de 2008 junto a otras 24 personas en el marco de la “operación Astapa” contra la corrupción. El 9 de diciembre siguiente fue puesto en libertad bajo fianza de 150.000 euros. Barrientos abandonó la alcaldía y el PSOE.

Juan Cardona (Independiente). Alcalde de Benitatxell (Alicante), detenido el 8 de julio de 2008 por un supuesto delito de prevaricación y cohecho en relación a una recalificación de terrenos. Fue puesto en libertad provisional dos días después. En febrero de 2009 Cardona abandonó la alcaldía.

Juan José Rubio (Independiente). Alcalde de Zarra (Valencia), fue detenido el 28 de octubre de 2008 junto a su hijo por su presunta implicación en irregularidades urbanísticas. Ambos fueron puesto en libertad bajo fianza de 18.000 euros tres días después.

José Joaquín Moya (PSOE). Alcalde de Bigastro (Alicante), detenido el 28 de octubre de 2008 y acusado de delitos contra la ordenación del territorio, malversación, prevaricación y falsedad. En enero de 2009 salió en libertad sin fianza. Fue suspendido cautelarmente de militancia por el PSOE.

José Martínez García (PP). Alcalde de Librilla (Murcia), detenido el 20 de noviembre de 2008 por el supuesto cobro de comisiones ilegales en una operación en la que fueron detenidas otras siete personas. Fue puesto en libertad el 5 de diciembre y, aunque inicialmente renunció a la alcaldía, se mantiene al frente del Consistorio. El PP ha expulsado a Martínez García y a los tres ediles que le apoyaron.

Fernando Muguruza (No adscrito). Alcalde de Castro Urdiales (Cantabria) fue detenido el 4 de febrero de 2009 junto a su antecesor y actual concejal de obras, Rufino Díaz Helguera, acusados de delitos de prevaricación, falsedad y malversación en relación con la construcción de una promoción de viviendas. Los dos quedaron en libertad con cargos. Muguruza llegó a la alcaldía en las listas del PRC, pero fue expulsado en 2007.

José Manuel Martín Alba (PSOE). Alcalde de Alcaucín (Málaga), fue detenido el 27 de febrero de 2009 en una operación contra la corrupción urbanística en la que fueron apresadas otras 12 personas. Acusado de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y prevaricación urbanística. Dimitió como alcalde y fue expulsado del PSOE.

La alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del PAR, y otras 17 personas, entre las que se encuentra su marido, han sido detenidas por su presunta implicación en un delito de corrupción urbanística.

La operación policial, que ha acabado poco antes de las 09.30 horas, ha sido llevada a cabo por orden del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que abrió este caso a raíz de una denuncia particular, han indicado fuentes conocedoras de la investigación policial.

Además de la alcaldesa, que gobierna esta localidad desde hace varias legislaturas, se encuentran detenidos su marido, otro concejal y otras 15 personas, cuya vinculación con el Consistorio se desconoce.