Archivo Mayo 2008 a Febrero 2010 MinutoDigital.com

La historia y los electores tendrán que juzgar una de las mayores traiciones que pudiera recibir Aragón. Sus señorías, los señores y señoras diputados de las Cortes Aragonesas, tanto del partido Socialista como de Chunta aragonesista, son los únicos responsables a título individual por haber aprobado finalmente una Ley de Lenguas como la actual, que incluye al catalán como lengua «propia e histórica» de nuestra Comunidad Autónoma. La afrenta hacia Aragón sólo puede ser entendida desde la ignorancia más absoluta, o desde la entrega propia de un traidor.

El querer equiparar hoy lo que es el catalán normalizado por el ingeniero catalán, Pompeu Fabra i Poch, a principios del siglo XX, considerando básicamente el dialecto Barceloní para elaborar la gramática de la lengua catalana; con todas aquellas modalidades lingüísticas que forman parte de nuestra riqueza cultural aragonesa desde la edad media hasta nuestros días, y que lamentablemente se perderán para siempre, debido a la normalización que esta Ley de Lenguas impondrá, constituye un verdadero latrocinio. Pero, la pérdida de nuestro acervo cultural aragonés no es lo único a lo que tendremos que hacer frente los aragoneses en el futuro. Ejemplos los tenemos, y muy próximos, tanto en la Comunidad Valenciana como en la Comunidad Balear. El primer paso para allanar el camino es suplantar la lengua, le sigue suplantar la cultura y posteriormente la historia de Aragón, no lo duden. Se multiplicarán todo tipo de actividades para favorecer la expansión del catalán y aplastar definitivamente nuestra identidad aragonesa, empezando en el Aragón Oriental y, una vez rota la barrera de nuestra autoestima, penetrando en el resto del territorio aragonés.

La Ley de Lenguas utiliza la Constitución española de 1978 como justificación para «proteger las culturas, las tradiciones, lenguas e instituciones». No obstante, nuestros diputados diluyendo toda su responsabilidad personal en su propio grupo (PSOE o CHA), interpretan a su antojo cuáles son las lenguas que tienen que defender. Nuestros representantes en las Cortes se ve que consideran que debería «defenderse el catalán» en Aragón en vez de nuestras propias modalidades lingüísticas aragonesas en peligro de desaparición. Y siendo así, naturalmente sus señorías que han votado esta Ley, avalan que la lengua catalana sea una lengua histórica de nuestra Comunidad, como si en Aragón se hubiera hablado desde la edad media el catalán normalizado de principios del siglo XX. Lástima de interpretación, y todo por el puro empecinamiento de nuestro presidente Marcelino Iglesias considerado a sí mismo catalano parlante y por anhelos nacionalistas y pro catalanistas de Chunta, aliada de Ezquerra Republicana de Cataluña como lo demuestra su alianza electoral en las elecciones europeas. Pero, todo este problema es fruto de la deriva autonómica que estamos viviendo en España y, por la falta de voluntad de una buena parte de nuestros propios conciudadanos por defender su propia identidad cultural.

Los problemas que generará esta Ley de Lenguas empezarán a mostrarse en nuestras propias Instituciones, porque la Ley prevé que los ciudadanos se puedan dirigir a las mismas en catalán. Además, al garantizar la Ley la extensión del catalán por todo el territorio aragonés, abre las puertas a las pretensiones del nacionalismo secesionista catalán más radical, aquel que utiliza el idioma catalán como punta de lanza para conseguir sus fines expansionistas y alcanzar el sueño secesionista de los «países catalanes». Ese sentimiento profundo del nacionalismo catalán que brota de la exaltación de las diferencias culturales, el idioma, y el odio a lo español. Los nacionalistas entienden que la lengua es la esencia misma de su nacionalidad, por eso se empeñan en resaltar su identidad y su lengua, y por eso están contentos con que se haya aprobado el catalán en Aragón, pues esta Ley no hace más que avalar su tesis sobre su forma de interpretar la historia, en referencia a la corona «Catalana-aragonesa» que ellos utilizan sin el más mínimo pudor.

La estrategia del nacionalismo separatista catalán consiste en unificar el catalán, porque ellos saben que las fronteras de su nación catalana sólo serán estables y se consolidarán, si prevalece una única unidad lingüística. Para el nacionalismo catalán una nación sólo perdurará si consigue su unidad e identidad cultural, reforzando su idioma, sus costumbres y sus leyes. De aquí el interés del nacionalismo catalanista por quebrar la unidad lingüística y cultural aragonesa, con el fin de ir incorporando nuevo territorio de sus Comunidades vecinas. En Aragón, para ampliar sus dominios han promocionado artificialmente el idioma catalán y han intentado devastar la cultura aragonesa en el Aragón Oriental, porque consideran que estos territorios forman parte de su nación, los «países catalanes». El conflicto del arte sacro, por ejemplo, es un conflicto geopolítico que sólo se entiende por esta razón.

En las zonas de nuestro Aragón oriental, donde ya sufren la presión del nacionalismo catalán, sus propios habitantes mayoritariamente (más del 99%) actualmente afirman que no identifican su lengua local con la lengua catalana y así se puede demostrar si examinamos los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2004, o el Estudio Sociolingüistico elaborado por la Universidad de Zaragoza en 1995, donde sólo un 10% de la población de la zona definió a su lengua como catalán. Esto significa, que sólo 1.256 personas del total de la población aragonesa (aproximadamente 1.326.918 habitantes) consideran que lo que hablan es catalán, lo que en porcentaje supone menos del 0,01% de la población aragonesa. Por este motivo, no se entiende que «sus señorías» consideren igualmente que el catalán sea una lengua propia, pues por el mismo criterio tendrían que incluir el chino, que lo hablan más de un 3% de la población, o el árabe y otros idiomas que se hablan también en Aragón. Y si el catalán no es una lengua ni histórica ni propia de Aragón, entonces ¿qué pinta en Aragón una Ley de semejante desatino?

«Agresión institucional contra la libertad y contra los derechos fundamentales de las españoles». No puede tener otro calificativo ni otra interpretación, Sitel es un «atentado contra nuestra libertad», y quienes lo han puesto en marcha sin las suficientes garantías es porque desde hace un tiempo, de un modo u otro «persiguen el control de las comunicaciones». El sistema Sitel es capaz de interceptar todas las llamadas de teléfonos fijos y móviles, de sms, así como localizar de dónde se llama, el tiempo empleado en la comunicación, y quienes son la personas que están intercambiando información, incluso a través de Internet. Estamos presenciando el paso previo, o al menos el intento, hacia la plena concentración del poder. El control político del sistema de escuchas sólo es posible en una dictadura.

Si nuestros actuales representantes políticos no son capaces de respetar el derecho a la libertad y secreto de las comunicaciones, el derecho a la privacidad y la intimidad de las personas, el derecho a la protección de datos, o el derecho a disponer de una información independiente, el derecho a una igualdad real ante la ley que signifique que los mismos delitos tienen las mismas penas y que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, entre otras cosas, ¿por qué no podemos pensar los ciudadanos que esto cada vez más se parece a una dictadura encubierta o a alguna pantomima de democracia? Y tras los sucesivos escándalos políticos por apropiaciones indebidas, ¿por qué no vamos a pensar que nuestros actuales representantes políticos en su gran mayoría sólo están para vaciarnos los bolsillos, en vez de para defender nuestros intereses?

Independientemente de lo que piensa el actual Gobierno socialista, o de lo que en su momento pensaba el PP cuando estuvo al frente del Gobierno y no reguló el funcionamiento de Sitel, y que ahora exige con vehemencia. Independientemente de todo, ambos partidos políticos tienen la misma responsabilidad porque ambos supieron de su existencia y no han hecho nada para garantizar los derechos y libertades civiles de los ciudadanos, o al menos no lo suficiente para controlar un posible uso fraudulento del sistema de escuchas. O los actuales responsables del PP son «tontos de capirote», y sólo cuando le ven las orejas al lobo deciden actuar, o es que «nos toman a todos por imbéciles». Ni que decir del Gobierno, pero su actuación se entiende aún más, pues el socialismo se caracteriza por ser un sistema intervencionista que pretende controlar al ciudadano y suprimir su voluntad, y para ello no duda en utilizar todo el poder coercitivo que el poder le ofrece, aunque sea de forma arbitraria, porque su fin último es modificar el orden social a cualquier precio.

Puede que el sistema Sitel sea legal, de hecho lo es, por el simple hecho de estar regulada por una ley ordinaria (Real Decreto, o decretos leyes para otros países), pero esto no es suficiente. En muchas dictaduras también han habido leyes de este tipo e incluso de rango superior, pero totalmente arbitrarias y que se saltan a la torera todos los derechos fundamentales de las personas. Los ciudadanos deberían tener claro que lo que distingue una dictadura de una democracia es el grado de compromiso de sus políticos y las garantías que las leyes que promulgan otorgan a nuestras libertades fundamentales y derechos civiles. Y en este caso, como en muchos otros, al margen de que el uso de las escuchas pueda justificarse en que su cometido es capturar malhechores, los ciudadanos tenemos que ser conscientes que de un tiempo a esta parte, con ese mismo argumento estamos perdiendo progresivamente libertades.

Los ciudadanos estamos totalmente desprotegidos frente a un Gobierno y una oposición que tienen o tuvieron, todos los medios del poder como para impedir que se pusiera en marcha este sistema de escuchas sin las garantías suficientes. Son ellos, los políticos actuales, a quienes hemos elegido supuestamente para que velen por nuestras libertades individuales, entre otras cosas, y no para que acaben por conculcarnos nuestros derechos fundamentales. ¡Los partidos políticos deben rectificar y de inmediato! Deben apoyar una Ley que regule los posibles abusos que se puedan dar con el sistema Sitel. Nuestros jueces tienen el deber y la obligación moral de impedir por todos los medios su utilización fraudulenta, deberían investigar concienzudamente todas las actuaciones realizadas hasta el momento con este sistema de escuchas y hasta que el asunto no haya sido perfectamente regulado, impedir que se siga utilizando sin previo mandato judicial. Es la única manera de garantizar nuestros derechos ciudadanos y recuperar parte de la fe en el sistema. No hay que olvidar que bastante controlados estamos ya. Recordemos que hoy mismo vence el plazo para entregar nuestros datos necesarios para poder seguir haciendo uso de los teléfonos móviles de pre-pago, que con el DNI electrónico pueden saber todo lo necesario acerca de nosotros, ni que decir de nuestros datos fiscales, seguridad social y demás. Ya es hora que los ciudadanos empecemos a llamar las cosas por su nombre.

Cuando en los Presupuestos Generales del Estado las cuentas de gastos superan a las cuentas de ingresos, se obtiene un déficit presupuestario y, por tanto, una necesidad de financiación que debe cubrirse casi en su totalidad mediante endeudamiento público.

El problema es que si el endeudamiento es creciente, los pagos por principal e intereses de la deuda también crecerán tarde o temprano, y se convertirán en los gastos del Gobierno de períodos posteriores, además de ser un obstáculo adicional para mantener los déficits bajo control. Si al mayor endeudamiento añadimos unos tipos de interés en alza, las dificultades de cualquier Gobierno para hacer frente a estos pagos y utilizar activamente la política fiscal se multiplican, pues resulta cada vez más difícil refinanciar esas deudas debido a que comprometen buena parte del gasto público, más aún si la economía se encuentra en una fase de recesión, en donde elevar los impuestos no es garantía de una mayor recaudación y puede ser contraproducente y, probablemente nefasto, pues repercute negativamente sobre el consumo, la producción y el empleo.

Cuando una sociedad se apoya excesivamente en la intervención pública, los resultados económicos no suelen ser brillantes. Una sociedad donde la participación del Estado en la economía sea importante corre el riesgo de cometer excesos e ineficiencias. Lamentablemente en España, el socialismo y en general toda la izquierda, siguen buscando cambiar la composición de la economía, concediendo cada vez más importancia al sector público en detrimento del sector privado.

El Gobierno español ha elegido la manera más fácil de ajustar sus excesivos gastos públicos de consumo y de remuneración de sus asalariados principalmente, y es, intentando conseguir mayores ingresos mediante impuestos sobre la renta y patrimonio (que afectan a las personas físicas), y otros como el caso del IVA. Además, los Presupuestos Generales del Estado presentados por el ejecutivo son «irreales», no porque quienes lo han formulado no sepan que se traen entre manos, no. Lo son porque en su elaboración se considera que habrá un déficit, muy por debajo de lo que prevén algunas instituciones y organismos tanto nacionales como extranjeros, como el FMI dirigido por el socialista Dominique Strauss-Kahn, para incomodidad de algunos, pues prevén que este año el déficit alcanzará el 12,3% y no el 9,5% que afirma el Ejecutivo; mientras que en 2010, no sólo no se reducirá al 8% como afirma la Ministra Salgado, sino que rondará el 12,5%. Y debo confesar que me merece mayor confianza la previsión presentada por el FMI, a pesar de haber sido realizada antes de la presentación de los presupuestos de 2010, quizás porque estos presupuestos tienen adolecen de graves deficiencias.

Para empezar, los Presupuestos Públicos presentados por el Gobierno son irreales porque se quedan cortos en su predicción. En esta situación, el Estado se verá obligado (de no cumplirse sus previsiones) a conseguir ingresos adicionales para alimentar su desmesurado apetito de gasto, o bien a elevar nuevamente los impuestos, o bien su endeudamiento. Algunos creen, y esperemos que no sea así, que el Gobierno puede tener la tentación de meter la mano en la caja de la Seguridad Social, lo que sería aún más grave pues pondría en grave riesgo el futuro de las pensiones.

La mayoría de expertos coincidimos con el FMI, en su afirmación de que el déficit público, el déficit exterior, y el deterioro de la economía española, son de tal magnitud, que la única salida a la crisis provendría de una fuerte contracción del gasto, pues no sólo resulta más efectiva para reducir el desequilibrio, también para reducir la presión fiscal que soportamos todos los ciudadanos y las empresas. La razón económica es muy simple, un incremento en los impuestos puede perjudicar a cualquier débil indicio de recuperación, porque afecta al consumo y por consiguiente a la demanda de la economía, lo que se traduce en una menor producción y empleo.

No me extraña en absoluto que la economía vaya tan mal, pues para la izquierda se ve que los elevados déficit no constituyen ningún problema, ni les quitan el sueño. No me extraña después de haber oído verdaderas barbaridades económicas en mucha gente de la izquierda supuestamente culta, pero ninguna como la de quienes incluso creen que el problema del déficit se solucionaría rápidamente emitiendo más dinero. Es decir, poniendo en funcionamiento la maquinita de imprimir dinero. Menos mal que eso ya no es posible, afortunadamente, pues sus efectos serían nefastos para nuestra economía, como lo sería para cualquier otra. Sería algo así, como si ante las dificultades monetarias de las familias todas ellas pudieran emitir su propio dinero. Si un Gobierno hiciera eso mismo, ya nos podríamos ir olvidando del dinero, pues este perdería todo su valor.

Quizás sea necesario explicar que si la autoridad monetaria ha incrementado la liquidez (oferta de dinero), no lo ha sido precisamente emitiendo dinero, o al menos no sin el respaldo de títulos negociables (certificados de deuda y otros títulos, como letras bonos, pagarés, etc.), que se han intercambiado con la banca a cambio de dinero, en lo que los economistas conocemos como operaciones de mercado abierto. Además, el incremento de la oferta monetaria por parte del BCE no apunta precisamente a conseguir financiar a los Estados para que puedan seguir elevando su gasto, más bien tiene la finalidad de solucionar los graves problemas de liquidez del sistema, originada como consecuencia de la grave crisis financiera internacional, aunque la solución es absolutamente transitoria, y al menos a corto plazo se utiliza para mejorar la producción y el empleo, pudiendo las economías demandar más bienes y servicios sin que tengan que reducir su gasto. El problema en España, es que esa liquidez que utilizaba el sector privado para demandar más, se ha dirigido forzosamente hacia al sector público a través de la política fiscal. Es decir, que en vez de animar la economía a través de reducciones en los impuestos, para dejar que el sector privado siga haciendo lo que sabía hacer bien, se ha trasladado hacia los aumentos del gasto público, y así nos ha ido.

El asunto no queda ahí, lo cierto es que, una vez que el crecimiento de las principales economías europeas se vaya despejando y sea suficientemente consistente, lo más probable es que la autoridad monetaria ordene restringir nuevamente la liquidez del sistema (vendiendo certificados y otros títulos negociables a los bancos), porque de mantenerla alta podría provocar inflación. Esto significa que el BCE elevará los tipos de interés y reducirá la cantidad de dinero, tarde o temprano, con el consecuente efecto negativo sobre nuestra demanda, y por tanto, sobre nuestra producción. Además, un problema añadido para la economía española, es que nuestro Gobierno no se ha aprovechado en su momento de la expansión monetaria, al haber restringido la liquidez del sistema mediante la venta a los bancos deuda pública, con el único fin de seguir gastando, es decir, ha retirado la liquidez que le hacía falta al sector privado para dársela al sector público. Precisamente, esta puede ser una razón más que subyace en el cúmulo de errores de política económica del Gobierno y que hacen que nuestra economía se vea rezagada para salir de la recesión.

En resumen, la política de «empecinamiento en el endeudamiento público» del Gobierno de España, está alargado nuestra crisis y, si el BCE como es previsible en el medio plazo eleva de los tipos de interés, esto aletargará aún más nuestra recuperación, porque restringirá nuestra demanda interna, a pesar del efecto positivo sobre la demanda de nuestros productos en el exterior que puedan ejercer sobre nuestra economía el crecimiento de los principales países de la Unión Europea y principales socios comerciales. Así que, en cualquier caso, unos más altos tipos de interés no ayudarán ni al consumo ni la inversión, ni por supuesto al empleo en España, si antes no se ha realizado el cambio de rumbo necesario en la política económica y, si para aquel entonces, nuestra economía aún no ha salido de la recesión.