Archivo Mayo 2008 a Febrero 2010 MinutoDigital.com

En España se diagnostican cada año entre 15 y 25 casos de lepra, enfermedad altamente contagiosa, en el último año 25 personas han enfermado y hay más de 450 ingresadas en un centro médico de Alicante.

La mayoría de los que se detectan en España son inmigrantes que seguramente llegaron con la infección ya adquirida. En India vive la mitad de los infectados. También hay focos en Angola, Brasil, Madagascar, Mozambique, Nepal, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Tanzania.

La enfermedad se debe a una infección bacteriana, la causada por el Mycobacterium leprae. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en 1981 una terapia combinada, la proporcionada por tres fármacos (terapia multimedicamentosa o TMM): dapsona, rifampicina y clofazimina. “Esta combinación farmacológica mata al patógeno y cura al paciente. La TMM es segura y eficaz, y puede administrarse con facilidad sobre el terreno. El medicamento está disponible para todos los pacientes en forma de prácticos blísteres programados para uso mensual”, afirma la OMS.

El problema, según destaca la Fundación Fontilles con motivo del día internacional contra la enfermedad que se celebró ayer, es cuando no hay un diagnóstico precoz. Entonces, la enfermedad puede ser discapacitante, y sus secuelas, perdurar aunque la infección se cure. Ése, y el rechazo hacia los enfermos, son los mayores problemas de la enfermedad en España.

El 21,2% de los barceloneses consideran que el aumento de inmigrantes de la última década como “una pérdida y una amenaza”, según el proceso participativo del Plan Barcelona Interculturalidad, que ha implicado a más de 3.000 personas y 259 entidades, y que ha supuesto elaborar un decálogo para las políticas municipales a corto, medio y largo plazo.

Respondieron así a la pregunta de ‘¿Como valora el aumento de la diversidad sociocultural de los últimos años en la ciudad?’, que ha pasado de tener un 3,5% de extranjeros en 2000 a el 18%.

Ya es un año y dos meses el periodo de tiempo que ha pasado desde que que el gobierno socialista pusiera en marcha el famoso Plan de Retorno de Inmigrantes y sólo 9.800 extranjeros se han acogido al a la iniciativa. El Gobierno, como siempre, ha fallado estrepitosamente en sus cálculos, que llegaban hasta un número cercano a los 100.000 inmigrantes que se acogerían al plan que permite al inmigrante percibir el paro que tenga pendiente y una ayuda para el viaje

El «incentivo económico» que supone el cobro anticipado y acumulado de la prestación por desempleo no ha resultado tal incentivo a la vista de las escasas solicitudes, que no han acabado de cuajar, y la alta tasa de paro entre los extranjeros que está ya en el 27 por ciento.

Los inmigrantes que llegaron de países suramericanos están a la cabeza de los retornos: Ecuador (36 por ciento); Argentina (24%), Colombia, Brasil, Perú, Chile y Uruguay.

Los trabajadores que se acogen a este programa perciben la prestación por desempleo que tienen reconocida o la cantidad que les queda por percibir. El cobro se hace en dos plazos: el 40 por ciento en España y el 60 por ciento restante en su país de origen al cabo de treinta días.

Plataforma por Cataluña ha decidido presentar una propuesta de resolución al próximo pleno de Vic y a todos los ayuntamientos donde el partido tiene representación municipal, “para solicitar a la Administración competente del Estado la reforma de las leyes de extranjería y de bases del régimen local para vetar el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular “.

La Plataforma considera “absurdo y contradictorio que mientras la Ley de Extranjería obliga al Estado español a expulsar a los inmigrantes irregulares, la Ley de Bases de Régimen Local obligue a empadronarse los. Al empadronarse, la ley les equipara por el mero hecho de su inscripción en el padrón a los inmigrantes residentes legales, y además, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles “.

“La contradicción consistente en, por un lado empadronarlos, y por otro, no concederles permiso de trabajo, hace que tengan que sobrevivir de las ayudas sociales, de la economía sumergida o del trabajo clandestino, o bien de la delincuencia; circunstancia que no favorece en absoluto la pretendida integración de todos los inmigrantes que lleguen indiscriminadamente en nuestro país “, consideran.

También aseguran que “las capas más desprotegidas de nuestra sociedad-jóvenes, personas mayores y desempleados-han de quedar cada vez más desatendidas a costa de este cada vez más numeroso contingente de inmigrantes”.

Por todos estos motivos, los diferentes grupos municipales de PxC solicitarán a sus respectivos plenarios “que se solicite a la Administración competente del Estado la reforma de las siguientes leyes y reglamentos para vetar el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular”

Por si no fueran suficientes los problemas derivados de la inmigración descontrolada, ahora los inmigrantes amenazan. El chantaje lo ha hecho público el portavoz de la asociación Rumiñahui, Raúl Jiménez, ha advertido de que polémicas como las de Vic (Barcelona) o Torrejón de Ardoz, “están dando luz para que se inicie un grupo de organizaciones inmigrantes bastante representativo” que podría conducir “a una gran huelga”, convocada desde Francia y secundada en Italia, bajo el lema ‘Intentad vivir un día sin nosotros’ para el 1 de marzo.

Jiménez asegura que una huelga de inmigrantes en España “colapsaría el sistema económico en todos los sectores, principalmente en el sector servicios que es el engranaje fundamental de toda la sociedad: la recogida de basura, el transporte, la mensajería, la construcción, la hostelería… Sería un caos total”.

En este sentido, afirma que la iniciativa es “buena” y “ayudaría bastante a sensibilizar a la población, inquietada por las polvaredas que han levantado incluso representantes políticos de la derecha”. Por lo tanto, manifestó la intención de consensuar con el resto de asociaciones para “hacer fuerza” y que se destaque “la importancia de la inmigración”. “Son 5 millones de personas inmigrantes en España, imagina lo que supondría en la agricultura o en las fábricas”, añadió.

Sin embargo, lamentó que este tipo de huelgas no suelen ser apoyadas por todos los inmigrantes, ya que “los que consiguen papeles se desentienden de esta situación quizás por miedo a perder sus empleos”.

La iniciativa surgió en Francia cuando una periodista de origen marroquí, Nadia Lamarkbi abrió un grupo en Facebook titulado ’24 horas sin nosotros’, que en poco tiempo alcanzó las 54.000 adhesiones. La convocatoria coincidió en el tiempo con la expulsión de cerca de 2.500 braceros africanos de la localidad calabresa de Rosarno, en Italia, lo que provocó que varias asociaciones del país apoyasen la propuesta.

El diario e-noticies se suma a la tesis de MD a la hora de valorar las últimas declaraciones que en materia de inmigración se han vertido desde el Partido Popular.

Así, el diario catalán se pregunta a quién debemos creer en materia de inmigración. El alcaldable por Badalona, Xavier García-Albiol, que defendía ya en 2002 no empadronar inmigrantes y que ha apoyado al Ayuntamiento de Vic? al alcaldable del PP por Barcelona, Alberto Fernández Díez, que es partidario también de una línea dura, sobre todo en el Raval? o Esteban González Pons, el portavoz, que defendía que los inmigrantes están haciendo lo mejor para que el país salga adelante? “.

La misma presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha modulado también su mensaje después de la visita de Mariano Rajoy el pasado viernes. Camacho, en declaraciones a TVE, ha puesto más énfasis en la reforma de la Ley de Extranjería que en el empadronamiento “para evitar migraciones masivas e incontroladas”.
 
Incluso ha acusado al PSOE en afirmar que “me sorprende que este debate sólo se dirija hacia el PP, porque los que en Vic negaban ese empadronamiento eran otras formaciones, como por ejemplo el PSOE, y nadie ha sancionado a esos representantes”.

En cambio, el pasado día 16, afirmaba en una visita al barrio del Raval de Barcelona, que  “los padrones no pueden ser la puerta de entrada para la inmigración ilegal”. También criticó que “el pacto nacional por la inmigración es papel mojado y no ha servido para integrar a los inmigrantes ni frenar la inmigración ilegal, se han creado más guetos y marginalidad”.

“La mejor manera de defender la inmigración legal e integrada es evitar la inmigración ilegal con todos los instrumentos del estado de derecho”. “Mientras nos dedicamos sólo a hablar de los derechos de los inmigrantes y no de sus obligaciones, no lograremos una verdadera integración social de la inmigración legal”, sentenció.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, manifestó el pasado 18 de enero que “lo que tienen que hacer los municipios es cumplir la ley”, aunque opinó que la legislación sobre el padrón es “confusa” y “convendría ser aclarada” con el objetivo de “no seguir incentivando la inmigración ilegal en España”.

“Los políticos no debemos caer en el error de desviar la culpabilidad a los inmigrantes, la responsabilidad es de los políticos no es de los inmigrantes”, subrayó González Pons, quien señaló que los inmigrantes han venido a España a trabajar y “están haciendo lo mejor que pueden para que el país salga adelante porque también quieren que sea el suyo”.

Por contra, el concejal del PP en Badalona, Xavier García Albiol, afirmó que “si fuese alcalde no inscribiría inmigrantes sin papeles”, dado que “la inmigración ilegal crea inseguridad”. También acusó al gobierno de Badalona -formado por PSC i CiU de “convertir algunas calles en guetos”.

El presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha asegurado que los servicios sociales de esta ciudad están “a punto” del “colapso”, y ha dado a entender que, llegada esa situación, elegirá dar ayudas sociales a un vecino antes que a un inmigrante ilegal.

Albiol también ha asegurado que si los servicios sociales están “desbordados es porque “hay un mal planteamiento del Gobierno” y porque la Generalitat “ha reducido las partidas económicas para servicios sociales y para ordenar la inmigración”.

Ante esta situación, sólo caben “dos soluciones”: “O se aumentan los recursos económicos, la razonable; o los ayuntamientos no pueden seguir prestando todos los servicios sociales que se demandan”, ha comentado.

A continuación, el dirigente del PP, segunda fuerza en ese municipio, ha dicho: “Si soy alcalde el año que viene y se produce el colapso que está a punto de producirse, entre dar ayudas sociales a un inmigrante en situación irregular y dárselas a un vecino de Badalona, lo tengo muy claro”. ¿Tomarán nota en el Partido Popular?

La noticia saltaba a los medios de comunicación: un colombiano es quemado en un ataque racista en España. Así lo contaban en TV…

Lo cierto es que el inmigrante se prendió fuego para cobrar un seguro de 230.000 euros…

Un hombre se prende fuego y simula que le habían quemado para estafar al seguro

Dos hombres fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil después de denunciar uno de ellos que había sido rociado con un líquido inflamable por unos desconocidos, todo ello para ocultar su intención real, cobrar el dinero del seguro.

La Benemérita ha informado de la detención de estas dos personas por simulación de delito e incendio. La investigación arrancó el 22 de noviembre, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la aparición de una persona con graves quemaduras a las puertas del Hospital del Sureste de la Comunidad de Madrid.

La supuesta víctima dijo que estaba durmiendo en la calle y que varias personas desconocidas, tras rociarle con un líquido inflamable, le habían prendido fuego. No recordaba nada más. Posteriormente, el centro hospitalario tuvo que inducirle un coma para minimizar su sufrimiento y lograr realizarle diversas operaciones quirúrgicas.

Los agentes que se hicieron cargo de la investigación se extrañaron de que ni las policías locales ni los bomberos de la Comunidad tuvieran conocimiento de un incendio en esas fechas. Sí descubrieron uno en una nave industrial del distrito de Villaverde.

Todo apuntaba a que había sido provocado. Averiguaron que el propietario de la nave siniestrada se encargaba de la importación, almacenaje y posterior venta de ataúdes provenientes de Colombia siendo la actividad de la empresa ubicada en ella prácticamente nula.

Posteriormente descubrieron que la víctima y el dueño de la nave se conocían y que ambos habían tenido numerosos contactos durante la semana anterior al suceso. A eso se sumaba que el propietario había contratado el seguro de la empresa unos tres meses antes. Según las investigaciones, lo que pretendía era cobrar la cantidad de 230.000 euros por la siniestralidad de la nave y de lo almacenado en su interior.

Una vez reunidas todas las pruebas, el pasado día 20 de enero se procedió a la detención de R.H.G.L, colombiano de 33 años y, un día después, a la del propietario de la empresa, J.R.R.C., de 45 años y de la misma nacional. Los detenidos, ya han pasado a disposición de la Autoridad Judicial competente.

El Ayuntamiento de Vic ha decidido dar marcha atrás y continuará empadronando a los inmigrantes ilegales que habitan en el municipio.

El alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), ha afirmado que acatará, aunque no lo comparta, el dictamen de la Abogacía del Estado que considera “ilegal” negar el empadronamiento a inmigrantes sin visado.

El alcalde ha destacado “rotundamente” que “Vic no es xenófoba, es pionera en el modelo de inmigración” y que lo seguirá siendo, pero reclamó “un orden legal”. Ha pedido al Estado que cumpla y que haga cumplir la Ley de Extranjería, también en favor de la inmigración, y que ayude económicamente y de forma directa a los ayuntamientos para atender las necesidades de los inmigrantes en situación irregular.

Así se recoge en un informe sobre la polémica normativa del  Ayuntamiento de Vic realizado por los servicios jurídicos del Estado a petición de la delegación del Gobierno en Cataluña.        

“La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal procede  con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en  territorio español, por lo que, en consecuencia, no resulta procedente  denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no  reside legalmente en España”, establece el citado informe.        

Por lo tanto, la Abogacía del Estado advierte al Consistorio de Vic  de que, a la hora de tramitar las solicitudes de inscripción en el  padrón municipal de los extranjeros, “debe considerarse como válido y suficiente un pasaporte” aunque el inmigrante “no cuente con el  preceptivo visado”.

El efecto Anglada se deja notar en toda Cataluña. El último en apuntarse a la denuncia pública del descontrol migratorio ha sido Josep González, presidente de la patronal Pimec (que agrupa a las pequeñas y medianas empresas), que ha vinculado, sin ningún tipo de complejo, la creciente sensación de inseguridad en Barcelona con la inmigración. «Barcelona ha tenido un flujo de entrada de inmigrantes con sus problemáticas y de gente que ha venido de países que seguramente no tienen la ética que tenemos aquí, que ha hecho que el nivel de inseguridad haya subido», ha afirmado.

La reflexión de González se ha producido después de que Alberto Fernández anunciara que propondrá un plan de inspección de los comercios regentados por inmigrantes porque en ellos hay una «concentración muy importante» de infracciones en la normativa laboral, fiscal, de horarios, de sanidad y de higiene. El dirigente popular añadió que en «muchas ocasiones los comercios de inmigrantes hacen competencia desleal» al comercio de proximidad «de toda la vida».

De hecho, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha anunciado que la inmigración será uno de los ejes de la campaña electoral de los populares en las próximas elecciones autonómicas, tras la polémica abierta por el Consistorio de Vic.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha calificado a los partidos políticos de “hipócritas” por posicionarse a favor de la normativa impulsada por el Ayuntamiento de Vic y lo ha atribuido al “miedo que tienen algunas plataformas”, en una clara referencia a Plataforma por Cataluña, el partido que lidera Josep Anglada. En este sentido, ha añadido que “los mismos partidos que hoy niegan los servicios básicos a los inmigrantes, después quieren que voten en referendos de independencia”.

La xenofobia se quita… si se acercan las elecciones. Esa sería la frase si en MD pensáramos que hablar de inmigración tiene algo que ver con la xenofobia. Pero no, en este caso se trata de oportunismo político.  En breve se sumará el PSOE. Al tiempo.

La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha manifestado que la inmigración “será uno de los puntos fuertes” de la precampaña y la campaña del PPC de cara a las próximas elecciones al Parlamento. El objetivo de la candidata popular es conseguir una “inmigración legal e integrada” en la sociedad y ha añadido que “el PPC hará una propuesta de la reforma de la ley de extranjería”.

En referencia a la posición del PP tras las declaraciones del vicesecretario de comunicación, Esteban Gonzalez Pons, que se posicionó “en contra” de la normativa de Vic; la líder de los populares catalanes ha manifestado que “el Partido Popular de Cataluña hablará de inmigración sin complejos. Creemos que hace falta una reforma de la normativa de inmigración y que el padrón municipal no puede ser la entrada de los inmigrantes por la puerta trasera”.

En este sentido, ha dicho que “a lo largo de esta semana tendré reuniones importantes en Madrid por trasladar la propuesta que desde el PPC llevamos al partido a nivel nacional para modificar la normativa”.

En la rueda de prensa donde Sánchez-Camacho ha presentado su precampaña como candidata del PPC a la Generalitat, ha explicado que esta “es una campaña centrada en los problemas reales de los catalanes” y ha añadido que “somos el único partido que sólo vamos a hablar de los problemas de los catalanes y de las propuestas del PPC”.

La campaña consistirá en la colocación de 160 vallas en el área metropolitana de Barcelona, 130 mupis en centros comerciales, 42.000 postales distribuidas en 350 puntos en Cataluña y a lo largo de dos días el PPC introducirá un encartamiento en 700.000 diarios de Cataluña que se hará en las dos lenguas oficiales en Cataluña, el catalán y castellano.

Fuente: http://politica.e-noticies.es/el-ppc-utilizara-la-inmigracion-36887.html

Las asociaciones de inmigrantes Rumiñahui, Aculco, Vomade y Ari-Perú anunciaron este martes que estudian acudir al Tribunal Constitucional si se cumplen las medidas anunciadas en materia de inmigración por el Ayuntamiento de Vic.

En un comunicado conjunto, denuncian la “irresponsable manipulación” de la Ley de Extranjería y de la Ley Reguladora a las Bases del Régimen Local “con fines meramente electoralistas y que rayan en prácticas racistas y xenófobas”.

“El impedir el empadronamiento de personas que se hallan en situación administrativa irregular se considera una flagrante violación de los derechos constitucionales y bordea toda ilegalidad jurídica. Las leyes antes mencionadas obligan a los ayuntamientos a empadronar a todos los vecinos independientemente de su situación administrativa”, afirman.

Además, recalcan que dicha medida tendría consecuencias sobre aspectos básicos como la salud y la educación, ya que sin empadronamiento no se puede acceder a la tarjeta sanitaria ni a la escolarización, privando así de dos derechos fundamentales. También, continúan, dificultaría los procedimientos legales disponibles y las oportunidades de desarrollo, porque complicaría trámites básicos para obtener la residencia legal en el país (arraigo).

Con todo, advierten de que estarán “vigilantes” para que este intento de “lepenización” de la sociedad española “no se traduzca en la implementación de medidas discriminatorias contra las personas por su origen, raza o nacionalidad”.

En declaraciones a Antena 3, Pérez Rubalcaba, ha insistido en que un inmigrante irregular que vive en un pueblo tiene derecho a empadronarse y ha expresado hoy su confianza en el “buen sentido” del alcalde de Vic y en que se zanjará la polémica sobre el empadronamiento en las próximas horas.

“Conviene que los partidos se aclaren, también el PP”, ha aconsejado el titular de Interior, “ya que con independencia de lo que pase en el grupo municipal de Vic, que es un tema que tiene que hablar el PSC, la posición del Gobierno y del PSOE ha sido clarísima, pero he visto al señor Rajoy dudando”.

Para Rubalcaba, en este asunto hay un debate de fondo “más político” porque hay sectores sociales “claramente xenófobos” y partidos que alimentan esa xenofobia.

Así, ha señalado Rubalcaba, en Vic hay un partido de extrema derecha que está promoviendo estos debates, que ha calificado de complicados y con un “tufillo”, ha dicho, “que no me gusta”.

El problema de fondo son los derechos sociales y si “queremos o no que los hijos de los inmigrantes irregulares vaguen por las calles o queremos darles educación, como manda nuestra Constitución”, ha preguntado el ministro.

Rubalcaba ha dicho no conocer todavía el documento elaborado por el bufete de abogados Roca i Junyet a instancias del Ayuntamiento de Vic, que asegura que las condiciones de empadronamiento anunciadas por el consistorio “se ajustan a la más estricta y fiel interpretación de las normas legales aplicables”.

Un total de 76 municipios de Cataluña tienen más de un 20% de población inmigrante, según datos oficiales de 2008 publicados por Idescat, a partir de la explotación estadística de los padrones. La población con un mayor número porcentual de población foránea es Castelló d’Empúries con casi un 50%. Guissona (43,4%) y Salou (40) son las otras dos ciudades por encima del 40 por ciento de extranjeros.

Algunas poblaciones tienen altos porcentajes de población inmigrante por su atractivo turístico -como la misma Castelló d’Empúries, Cadaqués (33%), Platja d’Aro (30,2) o Tossa (21,8)-, que las hace lugar de residencia habitual para muchos ciudadanos comunitarios.

Según estos datos, Barcelona casi un 17% de inmigrantes sobre un censo que supera el 1,6 millones de habitantes. Vic tiene el 23%, en la línea de otras poblaciones de la comarca de Osona como Manlleu que también soporta la misma tasa.

De los más de 7,3 millones de habitantes censados en Cataluña en el año 2008, más de 1,1 son extranjeros. El colectivo más numeroso es el procedente de Marruecos, que con 209.007 personas representa el 18,9% de población inmigrada. Rumanía (7,9), Ecuador (7,3) y Bolivia (5,5) son los otros países con más ciudadanos residentes en Cataluña.

También superan el 20% de población inmigrante Lloret de Mar, que roza el 40 por ciento, Ullà (39), Salt (39), Sant Pere Pescador (37), Pablo (36,3), Roses (36), Pratdip ( 35,6), la Portella (35), El Perelló (34), La Jonquera (34), Torroella de Fluvià (33,7), Cadaqués (33,3), Palau-Saverdera (33), L’Ampolla ( 30,5), Castell-Platja d’Aro (30,2), Mont-roig del Camp (30,), Ginestar (30), Torroella de Montgrí (29,7), l’Ametlla de Mar (29,7 ), L’Escala (29,5), Ulldecona (29), Figueres (26,8), Vielha e Mijaran (26,5), Alcanar (26,5), Mollerussa (26,5), Esterri d’Àneu (26,5), Les (26), Pals (26), Vilaller (25), Sitges (24,3), Palafrugell (24,2), Calella (24), Arbúcies (24), la Galera (23, 7), Rabós (23,7).

Vilamaniscle (23,7), el Port de la Selva (23,6), Freginals (23,6), l’Arboç (23), Constantino (23), Vic (23), Manlleu (23), Puigcerdà (23 ), Artesa de Segre (22,8), Camarles (22,8), Sant Ferriol (22,7), Canovelles (22,6), Puigverd d’Agramunt (22,5), Vilanova de la Barca (22, 3), Santa Cristina d’Aro (22,2), Benissanet (22), la Sénia (22), Castelldefels (22), Alcarràs (21,8), Tossa de Mar (21,8), Cervera (21, 8), Sant Carles de la Ràpita (21,7), La Bisbal d’Empordà (21,7), Calaf (21,6), Gandesa (21,5), L’Hospitalet de Llobregat (21,4), Tàrrega (21,4), Cambrils (21,2), Sales de Llierca (21,2), Tortosa (21), Vinebre (21), Begur (21), Jafre (21), Balaguer (20,7), Alp (20,7), La Vajol (20,6), Bellvís (20,5) y les Valls de Valira (20,3).

Fuente: http://sociedad.e-noticies.es/un-millon-de-otros-catalanes-36736.html

El presidente del comité de gobierno de Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida, se refiere en la carta semanal que publica en su blog a la polémica sobre el empadronamiento de inmigrantes en Vic, y afirma que “hay municipios saturados de inmigración”

“Lo más curioso de todo”, dice, “es que miembros del Gobierno del Estado, como los ministros de Justicia, de Trabajo o la propia vicepresidenta del Gobierno, han hecho declaraciones sobre una decisión que aún no existe y que no tiene forma jurídica”.

Duran se pregunta: “¿Alguien puede discutir que se exija la documentación en vigor para poder empadronarse en los ayuntamientos o que se pueda verificar la documentación presentada con este motivo?”.

Y responde: “Si la nueva ley de extranjería expresa que, para estar legalmente en España, se necesita un pasaporte visado, que si no se tiene se está ilegalmente y que, por tanto, procede la expulsión, ¿los ayuntamientos incumplen la ley al exigir lo mismo que la ley de extranjería pide?”.

“Incluso”, continúa, “yendo más allá todavía, ¿un ayuntamiento puede conocer una ilegalidad y no denunciarla? Habrá que preguntar al Gobierno si considera, en contra de lo que dice la ley que acaba de aprobarse, que hay que dar cobertura legal desde los ayuntamientos a las personas que no tengan pasaporte con el visado correspondiente. Las declaraciones que han hecho sus miembros parece que así lo indican”.

También afirma que “el alcalde de Vic ha recibido todo tipo de críticas, sobre todo por parte de ICV entidades u ONG. Le ha pasado algo parecido a lo que me sucedió a mí hace dos años, cuando en un cartel electoral se reprodujo una frase que había utilizado en muchas ocasiones: ‘Aquí no cabe todo el mundo’”.

“Ni entonces ni ahora”, indica, “entiendo determinadas reacciones. Es muy fácil criticar desde la lejanía el problema, pero hay municipios saturados de inmigración que tienen la necesidad de actuar, de hacerlo a favor de los autóctonos y los inmigrantes legalmente instalados en nuestro país y en sus poblaciones”.

Afirma que “si no lo hicieran, el paso a la xenofobia está servido por plataformas que hacen de ello únicamente una razón para existir. ¿Tal vez hemos olvidado el fenómeno de Le Pen en Francia? Lo que sí veo es que las izquierdas ignoran que si Le Pen llegó donde llegó, lo hizo mucho más con los votos de la izquierda que con los de la derecha francesa”.

Torrejón de Ardoz  también prohíbe el empadronamiento a los irregulares como pretende hacer el de Vic. El consistorio impide el empadronamiento a los inmigrantes cuyo pasaporte figure el visado de turista, además de intentar evitar los pisos que ofrecen ‘cama caliente’ y donde se hacinan varios inmigrantes, de ahí que exigan que acrediten un mínimo de 20 metros cuadrados útiles por persona, siempre que no sean parientes cercanos del inquilino principal.

La medida cerraría las puertas a la asistencia sanitaria o la educación. Sin embargo, fuentes municipales aseguran que el “parecido” entre las normas de empadronamiento de ambos municipios es inexistente y que se trata de “casos absolutamente diferentes”, porque “en Vic pretenden no empadronar a personas en situación irregular y en Torrejón sí se empadrona a personas en situación irregular”.

La localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, situada al este de la Comunidad de Madrid, tiene una población aproximada de 117.000 habitantes, de los que casi el 20% son inmigrantes.

En octubre de 2008, el Gobierno municipal del PP estableció nuevas normas de empadronamiento que, según afirman desde el consistorio, “son similares a las de cualquier otro municipio” y, además, “no son solo aplicables a extranjeros sino a todas las personas que quieran empadronarse en el municipio”.

La nueva normativa, que el Ayuntamiento asegura está “basada en un informe jurídico” y que “está encaminada a lograr una mejor convivencia, además de una inmigración regulada en la ciudad”, establece que los extranjeros no comunitarios que posean el visado de turista no podrán darse de alta en el padrón.

Asimismo, si la persona que va a solicitar el alta o cambio de domicilio no es el propietario o arrendatario de la vivienda debe acreditar ser familiar de hasta segundo grado del mismo. En el caso de no tener este grado de parentesco, se tendrá en cuenta la capacidad de la vivienda conforme a estos parámetros: hasta 40 metros cuadrados, un máximo de 2 personas y 20 metros más útiles por cada persona.

Con estos requisitos, se intenta acabar con el hacinamiento en las viviendas “que era un verdadero problema en el municipio”, han destacado las fuentes. Al margen de esta normativa, han añadido, “los sin papeles se pueden empadronar sin restricción, acreditando que tienen una casa con, por ejemplo, un contrato de alquiler o una factura de teléfono”.

En cuanto al caso de los extranjeros no comunitarios que posean el visado de turista, estos pueden empadronarse si demuestran que llevan un tiempo viviendo en el municipio. IU de Torrejón no comparte la opinión del consistorio, ya que, como ha manifestado el portavoz local, José Fernández, entiende que “los nuevos parámetros son inconstitucionales totalmente”.

Por ello, ha recordado Fernández, cuando las nuevas reglas se aprobaron IU presentó una moción en el pleno municipal para que éstas fueran retiradas. Tras ser rechazada, IU presentó una segunda moción, en la que constaban las reclamaciones de las personas que no podían escolarizar a sus hijos al no estar empadronadas en el municipio, que tampoco fue aprobada.

Por ello, ha continuado el portavoz de IU, la agrupación municipal presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo y el Defensor del Menor hace aproximadamente un año. Fernández ha destacado que le consta que el Defensor del Pueblo ha solicitado documentación al Ayuntamiento al respecto, algo que niegan desde el consistorio.

IU de Torrejón de Ardoz considera que los nuevos requisitos de empadronamiento “provocan la exclusión de los inmigrantes” y que los mismos no han servido para solucionar los problemas de hacinamiento que ahora son “los mismos o más, solo que no controlados”.

La mayoría de los vecinos de Vic se han mostrado favorables a las nuevas medidas del Ayuntamiento de la ciudad sobre el empadronamiento. “Me parece correcto. Hay muchos problemas, pisos patera y no podemos dar de comer a todos”, decía un ciudadano que asistía al último pleno municipal.

“Aunque aprueben ahora esta ley, al Ayuntamiento de Vic se le ha ido de las manos todo eso, porque aquí hay gente del país que está pasando hambre. Primero son los de casa a los que debemos dar de comer. ¿Qué debemos hacer con los de aquí Vic?”, añadía.

Otro vecino decía que “lo que no puede ser es lo que está pasando. Y todo lo que están diciendo el Gobierno central y la Generalitat es todo demagogia. No se puede consentir lo que está pasando. Y el pueblo de Vic eso lo apoya totalmente”.

Una comerciante de la Plaza Mayor indicaba que “lo encuentro bien. Todos debemos estar con papeles. Todos debemos estar legalizados”. Y un joven tenía dudas: “Abres y cierras puertas. Entiendo que no es momento de tener las puertas abiertas, pero me supone un conflicto ético el hecho de cerrarlas”.

Una vecina consideraba que “hay que cumplir la legalidad. Eso sería lo más correcto”, pero matizaba que “desde un punto de vista humano es muy duro aceptarlo”.

 Fuente: http://sociedad.e-noticies.es/no-podemos-dar-de-comer-a-todo-el-mundo-36731.html

La tasa de paro entre el colectivo inmigrante alcanzó un impresionante 28% de la población extranjera durante el año pasado, según el Anuario de la inmigración 2009 presentado en Madrid. Parece que al final, tal como venimos adelantando desde MD, los inmigrantes no van a poder pagarnos las pensiones y seremos nosotros los que tengamos que pagarles el paro… aquí o en sus países de origen. Un millón de inmigrantes estarán desempleados cuando acabe este año y se sumarán a los ilegales que se estiman en más de tres millones.

En declaraciones durante la rueda de prensa, el catedrático de economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y coautor de la publicación, Josep Oliver, ha afirmado que este incremento se debe en un 70% al aumento de la población inmigrante, que en 2008 creció con fuerza a pesar de la crisis”.

La destrucción de puestos de trabajo inmigrante no comenzó en 2008, declaró, sino que se concentró de enero a marzo de 2009.

Por su parte, Eliseo Aja, catedrático de la Universidad de Barcelona y coautor también del trabajo, ha señalado “que la crisis ha destruido alrededor de 300.000 empleos inmigrantes y ha advertido sobre el riesgo de que estos despedidos (por lo general con baja formación) originen un problema de paro estructural a medio plazo.