Archivo Mayo 2008 a Febrero 2010 MinutoDigital.com

 “Dios que buen vasallo, si oviesse buen señor”. Poema de Mío Cid (anónimo)

Que la situación política actual de España es un auténtico caos parece algo incontestable. No es necesario insistir en lo que es tan evidente. En estas lamentables circunstancias quienes consideramos que en toda sociedad evolucionada no hay alternativa política a la democracia, no debemos seguir manteniendo silencio ante los demoledores efectos que está produciendo en la nación española la nefasta gestión de un Gobierno que patrocina una política absolutamente sectaria.

La exigencia esencial de toda democracia para calificarla de auténtica, es que quienes son periódicamente elegidos por el pueblo para ejercer el poder cumplan su misión de gobernar, respetando escrupulosamente el imperio de la Ley con cuyo juramento o promesa se comprometen al iniciar su gestión. Es por tanto el propio pueblo el que asume la responsabilidad, tanto en la elección de sus dirigentes, como en la vigilancia para que cumplan correctamente sus propuestas electorales.

El calificativo de sectario aplicado al actual presidente del Gobierno es simplemente descriptivo, puesto que a lo largo de su ya prolongada actuación no ha ocultado su intención de imponer, lo que sin el menor pudor califica de progresismo de izquierdas. En este sentido es imprescindible resaltar su inequívoca manifestación sobre la imposibilidad de un gran pacto de Estado con el principal partido de la oposición por “razones ideológicas”. Es su forma de interpretar la democracia.

 Una vez más quien valora por encima de todo el inestimable privilegio de su libertad, pergeña sin complejo alguno, una critica razonada sobre la preocupante situación a la que ha llevado a España la infame política del actual presidente del Gobierno y al proclamar el amor a su patria, manifiesta su orgullo de pertenecer a la estirpe gloriosa de cuantos españoles han contribuido a la grandeza de una Historia, universalmente reconocida. En ello fundamenta su esperanza en la corrección de la alarmante deriva de la política nacional, cuando es público y notorio que la indignación y el rechazo popular hacia sus dirigentes políticos, es abrumadoramente mayoritario.

En el amplío abanico de disparates que se acumulan en el debe del Gobierno del señor Rodriguez Zapatero, figura en primerísimo plano el referido al Estatuto de Cataluña, cuya inconstitucionalidad, pluralmente recurrida, se encuentra pendiente, desde hace más de tres años, de la preceptiva sentencia del Tribunal Constitucional, indispensable para su ejercicio. Aunque antidemocráticamente lo esté aplicando el Gobierno de aquella Comunidad Autónoma, en intolerable desafío al Estado de Derecho, la inmensa mayoría de los españoles saben que la Constitución vigente, determina inequívocamente en su artículo 2 que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española patria común e indivisible de todos los españoles.

La injustificable demora en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que es el intérprete supremo de la Constitución, sobre la aspiración separatista de considerar a Cataluña como nación, es aún más alarmante si se tiene en cuenta la inadmisible presión a la que están siendo sometidos sus ciudadanos por el Presidente de su Comunidad, invitándoles abiertamente a la rebelión, en el caso de que la sentencia confirme definitivamente que Cataluña no es una nación ¿Hasta cuando se prolongará la espera sobre tan trascendental sentencia para todos los españoles?

 Las gravísimas consecuencias de una sentencia inadecuada, serán de producirse como se barrunta debido a la exagerada prolongación del plazo para su emisión, de la plena responsabilidad del Presidente del Gobierno que, por interés político, promovió y estimuló un Estatuto claramente incompatible con la Constitución vigente. Es posible que, llevado del impulso totalitario que caracteriza su pregonado progresismo, considerase suficiente la obscena presión, públicamente registrada, de la vicepresidenta del Gobierno sobre la presidenta del Tribunal Constitucional durante el desfile de la Fiesta Nacional el 12 de Octubre de 2007, para que diese luz verde al Estatuto recurrido.

Nuestra Constitución comienza por declarar en su artículo 1 que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Los acreditados juristas que integran el Tribunal Constitucional, son plenamente conscientes de que toda presión política procedente del poder ejecutivo debe ser automáticamente rechazada, puesto que de no ser así, la credibilidad del más alto Tribunal sufriría su descrédito definitivo. Baste recordar el Real Decreto Ley 2/1983 de 23 de Febrero sobre expropiación por razones de utilidad pública e interés social de los Bancos y otras Sociedades que componían el Grupo Rumasa, cuya flagrante inconstitucionalidad fue rechazada tras el estudio del correspondiente recurso, debido al voto de calidad del presidente. La reprobación posterior del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que apoyó a Ruiz Mateos, ha sido desde entonces argumento esencial para poner de manifiesto que la influencia política es letal para el Estado de Derecho.

Todo cuanto antecede es, además de una referencia, un toque de atención. Aún siendo considerable el daño hecho a nuestra incipiente democracia, por la arbitraria sentencia sobre Rumasa, impuesta con indecente presión política, muchísimo más grave sería la aprobación, sin indispensables y contundentes rectificaciones, de un Estatuto que, transcurridos más de setenta y cinco años, podría tener efectos similares a los que produjo la proclamación por Luis Companys del Estat Catalá, en Octubre de 1934.

La obsesión del presidente Rodriguez Zapatero por falsear sin el menor escrúpulo la Historia, manipulándola escandalosamente, se traduce en la eliminación de todo vestigio de creencias, principios y valores, propios de nuestra civilización. Aunque cueste creerlo, el iluminado protagonista principal de tan abyecta actitud, no encuentra de momento la decidida oposición de sus adversarios políticos, esencial en toda democracia, debido al efecto narcotizante del amoral progresismo de izquierdas, que atenaza cobardemente a los componentes del único partido político que, de mantenerse fiel a sus principios tradicionales, podría poner coto a la prepotencia, impregnada de corrupción rampante, instalada desde hace ya más de cinco años en la política española.

La Historia auténtica, en llamativo contraste con cualquier manipulación, nos permite saber con absoluta certeza, que tras la proclamación del Estat Catalá, la llamada de Companys al general Batet, jefe de la división acuartelada en Barcelona, creyendo que se pondría a sus órdenes, fue inmediatamente respondida con la confirmación del general de su permanencia a las órdenes del Gobierno central y el arresto de Companys.

Parece oportuno resaltar la coincidencia de la proclamación del Estat Catalá con la criminal revolución de Asturias a primeros de Octubre de 1934, protagonizada por Ramón Gonzalez Peña y Belarmino Tomás como dirigentes socialistas, con el apoyo de comunistas, anarquistas y los sindicatos UGT y CNT. Ambas con el simultáneo desarrollo en Madrid de la huelga general alentada por el extremismo socialista de Largo Caballero, conocido como el Lenin español. Es bien sabido que el Gobierno de la República, del cual era ministro de la Guerra Diego Hidalgo, conocedor del riesgo que suponía el posible triunfo de la extrema izquierda, preludio de lo que poco después sería el siniestro frente popular, ante la gravedad de la situación recurrió al Ejército, personalizando en la dirección de los Generales Franco y Goded el mando para la respuesta militar, cuyo inmediato éxito permitió restablecer la situación.

Aún nos queda la palabra a quienes permanecemos fieles a nuestras convicciones.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. (Artículo 2 de la vigente desde Diciembre de 1978).

Se agotan los adjetivos peyorativos, para calificar al régimen político instalado en España por el actual presidente del Gobierno, después de su inesperada victoria en las elecciones generales celebradas el 14 de marzo del año 2004 a los tres días justos del terrible atentado terrorista que causó 192 víctimas mortales y centenares de heridos de diversa consideración. Ante el caos absoluto que caracteriza la situación actual, tanto en el ámbito económico como, lo que es aún más grave en el constitucional, no se debe guardar un silencio que implique además de impotencia, la sumisión bovina a la incompetencia y falta de escrúpulos de un Gobierno desnortado.

Quienes consideramos la libertad como un don inapreciable y compartimos sin reservas la afirmación evangélica de que la verdad nos hace libres, estamos obligados a manifestar en las penosas circunstancias actuales nuestros sentimientos de ignominia, afrenta y deshonra englobados en el término oprobio, a los que han conducido a nuestra Patria la incompetencia y el rencor de la casta política dirigente. Como lógica consecuencia de tales sentimientos, se acentúa cada día más la vergüenza generalizada ante la actual situación de España. Calificar como progresista de izquierdas, la política emprendida por el iluminado presidente del Gobierno, desde el inicio de su nefasta gestión, constituye un auténtico sarcasmo ya que este carácter, pregonado como seña de identidad del socialismo que patronea, anula su anterior condición de obrero y español. Baste constatar que cuando el paro avanza inexorable rumbo a cinco millones, la ostentación, el derroche y el lujo constituyen para sus dirigentes una característica sobresaliente de este peculiar socialismo, popularmente denominado de alfombra roja.

La desafección del pueblo español hacia el señor Rodriguez Zapatero se manifiesta de forma absolutamente mayoritaria, al evaluar el siniestro balance que ofrece su disparatada gestión, transcurridos más de cinco años desde su acceso al poder en las tristes circunstancias conocidas por todos. Consecuencia de esta desafección es latotal desconfianza ante la continuidad de sus palpables errores y la opinión, que se va imponiendo por momentos, de que el presidente debe adoptar decisiones drásticas que van desde la demandade dimisión inmediata y la convocatoria de nuevas elecciones generales, hasta un cambio de Gobierno que debería afectar a su totalidad.

Las consideraciones precedentes tienen por finalidad llamar la atención sobre la situación actual de España. El español, plenamente integrado en la democracia que supera ya tres décadas de vigencia, desde la aprobación de la Constitución por una significativa mayoría de ciudadanos, tiene el privilegio de poder exponer libremente sus particulares puntos de vista, sin más limitación que la fidelidad a la verdad. Quede constancia de que su aversión al dogmatismo político es absoluta y que tiene plena confianza en nuestras Instituciones y en las Leyes vigentes. Toda democracia se fundamenta en el imperio de la Ley. Su flagrante incumplimiento o su modificación sin los obligados trámites previos, asícomo su manipulación, constituyen un infame delito contra el pueblo que la sustenta. Su justa denominación es la de alta traición.

La imposibilidad de pormenorizar debidamente, en el marco de un artículo de opinión, la magnitud de todos y cada uno de los innumerables dislates cometidos por el peculiar presidente del Gobierno a lo largo de su penosa trayectoria, llevan a su autor a limitarse a los dos aspectos fundamentales que caracterizan su deleznable currículum: descristianizar España y provocar a las Fuerzas Armadas. Es realmente sorprendente que alguien que alardea de su condición de demócrata progresista pretenda materializar sus enfermizas obsesiones utilizando procedimientos totalitarios.

Es más que evidente que el principal valedor de ese progresismo sui generis, ignora las creencias y valores éticos que mantienen la totalidad de los hombres y mujeres que consideran la trascendencia como algo consustancial al ser humano. Tal progresismo se caracteriza por eliminar el componente espiritual, reduciendo su naturaleza, única y exclusivamente, al material. La consideración del sexo, condición orgánica que distingue al macho de la hembra, con criterios de absoluta igualdad, conduce a un tratamiento idéntico que en la praxis política se traduce en leyes, tan aberrantes como la de valorar el aborto como un derecho de la mujer o igualar legalmente el matrimonio de un hombre y una mujer a la unión entre homosexuales y lesbianas.

La siniestra gestión del patrocinador de la alianza de civilizaciones, está generando tan demoledores efectos, que es imprescindible recalcar, una vez más, que su objetivo es completar la iniciada descristianización de España, como requisito previo para su liquidación histórica. El intento de eliminar el signo de la cruz de la vida pública, como símbolo esencial de nuestra civilización, va en esa dirección. Sirva de momento como un toque más de atención sobre sus más que perniciosos efectos.

El art.8.1 de la vigente Constitución Española dice textualmente: Las Fuerza Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, laArmada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. La totalidad de sus componentes conocen perfectamente la trascendencia de esta misión que supone la última ratio que justifica el empleo de la fuerza y son plenamente conscientes de que las decisiones que puedan requerir su participación corresponden exclusivamente al Gobierno de la nación.

A la acreditada incompetencia de un Presidente del Gobierno, que ya es unánimemente considerado como el peor de la democracia en que se fundamenta la Constitución vigente, se une de forma tan inexplicable como provocativa, el desafío que supone el nombramiento de una mujer, cuyo mérito, descontada su total ineptitud, era ser solidaria con un miserable cómico que cimentaba su odio a España profiriendo públicamente en su contra los más graves y soeces insultos imaginables. Aunque el ridículo evidente en el que reiteradamente incurre la ministra, cada vez que adopta una decisión, en su ámbito de competencia, es exclusivamente atribuible a su persona, el malestar y el descontento militar es palpable y se agrava considerablemente ante el enfoque político con el que pretende regular los ascensos, si llega a entrar en vigor la nueva ley de la carrera militar que limita al máximo la antigüedad como requisito básico.

No sería realista ignorar, que además de lo expuesto, el estamento militar considera un desafío intolerable a la unidad de España, la actitud de los políticos que conspiran sin pudor para que Cataluña se constituya en nación independiente. La imprescindible sentencia, pendiente desde hace más de tres años, sobre la validez del Estatuto que rige provisionalmente en esa entrañable región de España, es vital para que todos los españoles, conocedores de la solvencia, la rectitud y el patriotismo de todos y cada uno de los reconocidos juristas integrados en el Tribunal Constitucional, sigamos confiando en tan alto Tribunal como principal garante de que la soberanía nacionalreside en el pueblo español (art.1.2 de la Constitución).

Quien una vez más se ratifica en su creencia de que todo cuanto expone responde a la verdad objetiva, expuesta desde su particular punto de vista, agradecería a los posibles lectores de estas líneas toda crítica razonada, por severa que sea.

Huele Sancho, y no precisamente a ámbar (Cáp. XX de la primera parte del Quijote).

 El General Sabino Fernandez Campo, español ejemplar, que dedicó su vida a servir a España en su condición de militar, desde su juventud como oficial en el Ejército del General Franco, hasta el final de su existencia en la que sobresalen de forma especial los años en que permaneció fiel y abnegadamente a las órdenes directas de D. Juan Carlos de Borbón, designado por el propio Franco como su sucesor en la Jefatura del Estado con el título de Rey, constituye un paradigma de la nobleza e integridad con la que los  militares cumplen fielmente el compromiso de servicio a su Patria, por grandes que sean los sacrificios, riesgos y fatigas que conlleven.

 La referencia al General Fernandez Campo, recientemente fallecido, además de un tributo de admiración y recuerdo a su persona y a su impecable ejecutoria, es a juicio de quien la hace, la necesidad imperiosa de poner inequívocamente de manifiesto que las Fuerzas Armadas constituyen la única Institución nacional que garantiza la democracia como sistema político, mayoritariamente asumido por los españoles al aprobar por aplastante mayoría la Constitución vigente desde 1978.

  El evidente predominio de la inmensa corrupción económica, actualmente existente en España,  amparada por una casta política abominable, pasaría a un segundo plano, de confirmarse los siniestros augurios sobre la posibilidad de que se produzca su desintegración territorial transcurridos más de cinco siglos desde la unidad lograda por los Reyes Católicos, al finalizar la Reconquista de la península tras ocho siglos de lucha contra la invasión musulmana, incompatible con la civilización judeo cristiana, esencia fundamental de nuestro ser nacional. La injustificada tardanza del Tribunal Constitucional en pronunciarse sobre la validez del Estatuto de Cataluña, transcurridos más de tres años desde su inmediata impugnación, tras su precaria aprobación por los votantes de aquella Comunidad Autónoma, es motivo de lógica alarma en los integrantes de las Fuerzas Armadas que conocen perfectamente la misión que les encomienda la Constitución de defender la integridad territorial de España (art.8).

  En las circunstancias actuales, en las que el Estado de Derecho se tambalea ante la antidemocrática y descarada intervención del Gobierno en la Administración de Justicia, cuya independencia es condición sine qua non para su mantenimiento, no valen subterfugios que traten de evitar la adopción de ineludibles soluciones inmediatas. Una vez más, la mirada del pueblo se dirige de forma especial al estamento militar que es valorado muy por encima de otras Instituciones. De ahí las muestras de solidaridad y afecto que reciben nuestros soldados en sus comparecencias públicas, en llamativo contraste con el rechazo que provocan quienes lideran la gestión política.

  La gravedad de la situación, no admite demoras en la adopción de medidas eficaces, para frenar y corregir las disparatadas decisiones que están conduciendo a la nación a un callejón sin salida. En este sentido es un grave error ignorar el creciente malestar de los componentes de los tres Ejércitos que integran las Fuerzas Armadas, que consideran una provocación intolerable el nombramiento y la continuidad en su puesto de la actual ministra de Defensa, dados sus inmediatos antecedentes que se remontan al no lejano 11 de Septiembre del año 2006 en el que Carme Chacón, como miembro destacado del PSC y vicepresidenta del Congreso de los Diputados, celebraba la Fiesta Nacional de Cataluña, solidarizándose con Pep Rubianes, inmediatamente después de que tan mediocre cómico catalán calificase de “país de mierda” a la “puta España”. Es posible que el declarado progresismo del peculiar presidente del Gobierno de España, incluya el desprecio absoluto hacia quienes dedican sus vidas al servicio de la nación aceptando los riesgos que conlleva el desempeño de su misión e ignore que sólo su concepto de la disciplina, adquirido durante la formación militar, les reprime para no manifestar explícitamente su palpable descontento. Convendría que tomara buena nota de ello.

  Al valorar en su justa medida el privilegio de su libertad, un español persuadido de que no existe alternativa política a la democracia en ningún país desarrollado social y económicamente como España, emite con su firma y barruntando su limitado eco, sus particulares puntos de vista, con la intención consciente de desenmascarar la torpe y sectaria gestión de quien detenta la Jefatura del Gobierno desde el momento en que obtuvo la victoria en las Elecciones Generales celebradas el 14 de marzo del año 2004, en las condiciones por todos conocidas, tres días después del espantoso atentado terrorista, cuya verdadera inspiración y autoría siguen sin conocerse.

  Al enjuiciar la actuación del Presidente del Gobierno, es imprescindible hacer constar que su insuperable resentimiento, ha rebasado todo límite, asignando la dirección política de las Fuerzas Armadas, con una intención abiertamente provocativa. La profesión militar es esencialmente vocacional y entre los principios y valores que sustentan tal vocación, sobresalen el patriotismo y la lealtad. En consecuencia, si de algo abominan los que responden a su llamada sirviendo a España en las filas de sus Ejércitos, es del engaño y de la traición, como referentes de la falsedad y cobardía de quien políticamente les encomienda cometidos que, como progresista sin sentido del ridículo, enmascara con la denominación de misiones de paz. Es falsa e injusta esta denominación en zonas de guerra, donde los militares tienen la ansiada opción de acreditar su valor, que deberá figurar en sus correspondientes hojas de servicio.

  En línea con esta reflexión y en referencia a la política militar, sería conveniente que el inefable señor Rodriguez Zapatero, valorara la eficacia de la adoptada por la totalidad de los Gobiernos que le precedieron, basada en el conocimiento de la Historia que sin escrúpulo alguno pretende manipular y falsificar, para reescribirla con el fin de cambiar el signo de la victoria en una guerra civil perdida por todos los españoles, aunque militarmente y de forma rotunda el derrotado fue su añorado Frente Popular. Aunque es increíble, el Presidente del Gobierno de España desconoce que, gracias al patriotismo de los vencedores, políticos de toda tendencia llegaron al acuerdo de redactar en 1978 la Constitución vigente inequívocamente democrática, refrendada por inmensa mayoría.

  La democracia presenta limitaciones en su desarrollo cuando la más evidente falsedad caracteriza su ejercicio. La imposición de la mentira como constante esencial del autodenominado progresismo de izquierdas ha conducido a España a una situación de extrema gravedad, percibida por la mayoría de la población, que echa en falta la existencia de una auténtica Oposición, imprescindible en toda democracia auténtica.

  Los líderes sindicales, en compañía de una considerable caterva de productores y actores del mediocre cine nacional, todos espléndidamente apesebrados con dinero público, e ignorando la alarmante situación de los trabajadores a los que dicen servir, planean realizar codo con codo, un considerable número de manifestaciones de apoyo al Gobierno, ondeando su bandera, que no es otra que la de la  segunda República, roja, amarilla y morada, la misma en que se envolvían el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y la progresista vicesecretaria del mismo, diplomada en sectarismo y demagogia, con el puño izquierdo en alto y cantando la Internacional como himno de batalla, el pasado uno de mayo en la celebración del Día de Trabajo. Todo un ejemplo de democracia, patriotismo y lealtad.

Es prácticamente imposible encontrar palabras adecuadas para calificar al régimen político instalado en España a raíz de la llegada al poder del actual Presidente del Gobierno. El español que, una vez más, suscribe un comentario crítico, lo hace  plenamente consciente del limitado eco de su fundada denuncia, dado el increíble conformismo de buena parte de sus compatriotas ante la disparatada gestión de quien  alcanzó democraticamente la Presidencia tras su inesperada victoria en las elecciones generales celebradas el 14 de marzo del  año 2004, justo tres días después de la más espantosa matanza terrorista efectuada en España, con la evidente finalidad de derribar al Gobierno, que previamente figuraba como ganador en la práctica totalidad de las encuestas. El reciente conocimiento, judicialmente acreditado, de la inmediata destrucción de las pruebas recogidas en los lugares donde se produjeron los atentados    causantes de la tragedia, acentúa todo tipo de sospechas sobre su autoría y lo que, es aún más grave, sobre la identidad de quien la ideó y la ordenó. La democracia española no se consolidará definitivamente mientras no se conozca el origen de la terrible tragedia que causó la muerte de 192 personas y 1850 heridos de extrema gravedad, junto a cuantiosos daños materiales. Dejemos de momento aparte todo tipo de especulaciones, sobre determinados comportamientos políticos y de medios de comunicación servilmente adictos al poder, realmente miserables, sin olvidar la deuda contraída con la totalidad de las víctimas y sus familias. Con tal fin es obligado mantener la confianza en la Justicia como poder independiente en nuestro Estado de Derecho y en consecuencia mantener la esperanza en que se terminará conociendo la verdad.  

Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres (Evangelio de S. Juan 8.32). La mención de la VERDAD, para expresar su opinión, la hace un demócrata español orgulloso de su estirpe y de la considerable aportación  de España a la Historia Universal, en su condición de creyente en Dios y en la trascendencia del ser humano, en contraposición con la de los autodenominados progresistas de izquierdas que nos gobiernan, que reducen la política al ámbito exclusivamente material. Tal política, que cada día en mayor proporción es calificada de deleznable, tiene entre sus objetivos prioritarios, el de suprimir la cruz como signo inequívoco de nuestra civilización cristiana con predominio de la Iglesia Católica, fundamento básico de nuestra unidad nacional. Ante tal propósito, ningún demócrata, sea o no creyente, debe seguir manteniendo silencio, a menos que se haya contagiado del rencoroso despotismo que caracteriza la actuación de un Gobierno, que ha hecho del sectarismo y la demagogia el fundamento de su gestión, que afecta a todos los españoles.

Transcurridos más de tres años desde la precaria aprobación en la Comunidad Autónoma de Cataluña, con la participación de menos del 50% de su censo electoral, de su nuevo Estatuto, parece inminente la imprescindible sentencia recurrida al Tribunal Constitucional e incomprensiblemente demorada, sobre su palpable falta de adecuación a la Constitución vigente. La inmensa mayoría de los demócratas españoles, que la aprobamos en referéndum nacional el 6 de Diciembre de 1978, con cerca del 90% de los votos emitidos, sabemos que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (art.1.2) y que se fundamenta en “la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (art.2) Cualquier interpretación que no respete estrictamente estos artículos, será fraudulenta.

El Presidente del Gobierno, totalmente desbordado por los efectos  de una crisis económica que, contra toda evidencia, se ha negado a reconocer hasta el último momento, con su habitual desprecio a la opinión pública, está obligado a manifestarse sobre el significado de una sentencia del Tribunal Constitucional, que tiene el riesgo de posibilitar la independencia de una parte de España, si se confirma la plena validez del contenido con el que inició su andadura con carácter provisional.

Es precisamente en esta gravísima crisis de identidad nacional, que coincide con la económica, cuando el sufrido pueblo español se percata de su tremendo error al elegir a su actual Presidente y empieza a comprender que su disparatada política progresista de carácter totalitario, requería eliminar toda oposición democrática, lapidando al único partido nacional que podía ejercerla parlamentariamente y concediendo competencias, exclusivas del Gobierno de España a los partidos minoritarios, proclamados separatistas, con el antidemocrático propósito de mantenerse a toda costa en el poder. Además de indecente es patético, que el descarado chantaje al que somete el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña al nacional, lo encabece un ciudadano que pertenece al mismo partido político que el señor Rodriguez Zapatero. Puro socialismo.

La falsificación  de la Historia y su intento de reescribirla desde la perspectiva de un progresismo totalitario, afecta de forma especial a las Fuerzas Armadas, a las que la Constitución encomienda en su artículo 8 “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. En la tesitura actual no se puede pasar por alto el provocativo nombramiento de una ministra de Defensa que piensa que la Institución Militar está obligada a obedecer ciegamente su mandato, por aberrante que sea. Ignora el carácter vocacional de quienes sitúan en lugar preferente su patriotismo, que les lleva a aceptar la muerte con la serenidad inherente a quienes están convencidos de que les puede llegar en el cumplimiento de su deber. La señora ministra, en su supina ignorancia, considera que nuestros soldados actúan exclusivamente en misiones de paz. Es inútil ante semejante afirmación, tratar de explicarle el valor que encierra la frase que define la orientación de la formación de los militares para cumplir su cometido, “si vis pacem para bellum” si quieres la paz prepara la guerra, que figura en lugar preferente en  Academias, Regimientos y Unidades militares. Es demoledor para la efectividad de nuestros Ejércitos, no valorar debidamente su actividad en sus misiones de guerra y en consecuencia no dotarles de los medios adecuados para cumplirlas. Por todo cuanto antecede es fundamentalmente antidemocrática, la pretensión de tan singular ministra de las Fuerzas Armadas, de requerir del principal partido de la Oposición la retirada de su recurso sobre la constitucionalidad de un Estatuto que atenta claramente contra la unidad nacional.

Decir la verdad es esencial en democracia. Lo contrario de lo que hace el actual Presidente del Gobierno de España. Combatir la corrupción y el nepotismo imperantes, que ha alcanzado cotas himaláyicas, debería ser también objetivo de todos los demócratas, sea cual fuere su tendencia política.

La práctica totalidad de los españoles compartimos estas premisas y la de que en ninguna sociedad desarrollada, hay alternativa válida al paso por las urnas para designar a nuestros dirigentes. Seamos consecuentes. Muy pronto habrá otra oportunidad, bien por desistimiento del principal protagonista del caos actual, bien por exigencia del pueblo que si  no se modifica la Constitución vigente sigue siendo soberano.  

  La democracia es el peor de los sistemas políticos con excepción de todos los demás (W. Churchill)

  La aguda crisis económica por la que atraviesa España, negada obstinadamente por el incosciente Presidente del Gobierno pese a su lamentable evidencia, se agudiza en el período estival, época en la que disfrutan de unos días de vacaciones un gran número de españoles que habitualmente trabajan. La gestión de un Gobierno sectario, totalmente incompetente a juicio de una aplastante mayoría, ha logrado el triste record que significa que el paro registrado supere los cuatro millones, con clara e imparable tendencia al alza. En paralelo con esta crisis económica, se agudiza día a día otra, sin duda más grave y preocupante, por afectar a la unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (art.2 de la Constitución de 1978). En las presentes circunstancias, cabía esperar que la clase política dirigente renunciara al disfrute de sus costosas e inmerecidas vacaciones, como muestra de solidaridad con el pueblo tan cruelmente afectado por gestión tan nefasta. El carísimo despliegue vacacional del Presidente del Gobierno, sufragado con dinero público, es prueba más que suficiente del desprecio que siente hacia una opinión pública justamente escandalizada.

  El renacimiento de la actividad asesina del terrorismo etarra, pone aún más de manifiesto el tremendo fracaso de los planteamientos utópicos de quien se empeñó en un vergonzoso plan de paz, basado en la ignominia y en la mentira. El  estallido de indignación del pueblo soberano, no parece todavía suficiente para que el iluminado presidente del Gobierno reconozca públicamente su inmenso error y comparezca en el Congreso para renunciar a la autorización, aún vigente, de iniciar nuevas conversaciones de paz si se dan las debidas condiciones. Increíble pero cierto.

  La referencia inicial a la democracia, dada por uno de los más grandes políticos contemporáneos, en definición ampliamente compartida, significa el repudio a toda tentación totalitaria con el fin de sustituirla por cualquier otro sistema político. Día a día se agudizan los efectos nocivos de la política que dirige el actual presidente, desde que ocupó el poder en las circunstancias conocidas por todos. Los millones de ciudadanos no afiliados a partido político alguno, seguimos pensando de acuerdo con la definición churchiliana, que no hay alternativa a la democracia. Por tanto estamos obligados, como amantes de nuestra Patria y fieles a la verdad, a denunciar una vez más, la incompetencia de un Gobierno incapaz de liderar el resurgimiento de nuestra gran nación, en caída libre desde el advenimiento al poder del señor Rodriguez Zapatero, con la etiqueta de progresista. La acumulación de sus dislates y decisiones erróneas, que se denuncian en esta reflexión libre de prejuicios, deja a juicio de sus posibles lectores su particular interpretación. Veamos solamente algunas de las más llamativas evidencias.

  Estado de Derecho y democracia son conceptos básicos, reflejados inequívocamente en la Constitución de l978, refrendada el 6 de Diciembre de dicho año por 15.310.020 de españoles que la votaron afirmativamente, frente a 1.385.582 que lo hicieron negativamente. El voto positivo significaba el 87,7% y el negativo el 7,83% Los preceptos y normas contenidos en su preámbulo y en sus 168 artículos y las disposiciones adicionales, transitorias y derogatoria del texto original son de obligado cumplimiento por todos los españoles.

  Es incuestionable que la separación e independencia de poderes, inexcusable en un Estado de Derecho, no existe en la España progresista, al estar el Poder Judicial políticamente condicionado, por la designación de sus responsables por los partidos, en función de su afinidad. Constituye un auténtico sarcasmo que se pueda intuir de antemano el signo de las sentencias, por conocer previamente la servidumbre política de jueces y fiscales de los diferentes Tribunales, con el agravante de que la Fiscalía Superior del Estado actúa servilmente, como en todo sistema totalitario, a las órdenes directas del Gobierno. Baste enjuiciar objetivamente la antidemocrática intromisión política de la vicepresidenta del Gobierno, tanto ante la presidenta del Tribunal Constitucional para que busque el procedimiento que conceda validez a un Estatuto de Cataluña, claramente anticonstitucional, como las órdenes que imparte al incondicional Fiscal General del Estado, para que recurra con la máxima urgencia todas aquellas sentencias judiciales que no se ajustan a su conveniencia.

  El artículo 4.1 de la Constitución determina que “La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas”. Aunque cueste creerlo, el portavoz del partido socialista en el Congreso de los Diputados de España, José Antonio Alonso, juez de profesión, leonés y compañero de estudios y de carrera de José Luis Rodriguez Zapatero, portavoz de Jueces para la Democracia antes de ser diputado y posteriormente titular de los ministerios de Interior y Defensa, sucesivamente, es en la actualidad portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y a juzgar por su comportamiento en la manifestación que encabezaba el 1 de mayo, fiesta del trabajo del presente año, en compañía de la secretaria de organización de su partido, Leire Pajín, y de los  secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO, ignoraba el contenido de dicho artículo,  puesto que la única bandera que portaban los centenares de manifestantes que les rodeaban era la de la Segunda República, roja, amarilla y morada. Socialismo puro.

La obligada limitación de esta reflexión, deja para posteriores consideraciones referencias tan deleznables como los abucheos al Jefe del Estado en la celebración de la final de fútbol de la Copa del Rey, la cesión al chantaje del separatismo catalán  en sus exigencias para mantener su precario apoyo parlamentario en el Congreso, el de los principales sindicatos ante la amenaza de convocatoria de huelga general, el incumplimiento flagrante del artículo 3.1 de la Constitución en el que el castellano se designa lengua española oficial del Estado y un largo etcétera, que hacen cada día más palpable la vergüenza que sienten los españoles ante la evidencia de la parodia de democracia que interpretan los políticos sin escrúpulos, que se auto titulan progresistas.

  No obstante, los defraudados ciudadanos no están dispuestos a renunciar a la democracia real y efectiva, conseguida desde la proclamación de la Constitución de 1978, sin oponerse frontalmente al Gobierno que la está liquidando. El régimen político que actualmente rige en España, no puede encubrir su palpable degradación, agudizada por la corrupción rampante inherente a todo totalitarismo.

Por todo lo expuesto, la mayor esperanza en la recuperación nacional se fundamenta en la confianza del pueblo en sus Fuerzas Armadas, cuyos miembros conocen la trascendencia de la misión que les encomienda el artículo 8 de la Constitución. Su lealtad inquebrantable a España, a la que han jurado servir y defender hasta derramar, si es preciso, la última gota de su sangre, les mantienen expectantes ante la situación. Dado el carácter intencionadamente provocativo del nombramiento de la actual ministra de Defensa, partidaria de que los Ejército intervengan exclusivamente en misiones de paz, el análisis pormenorizado de tan inadecuado nombramiento deberá ser objeto de una profunda reflexión, lo antes posible. Tal vez en su supina ignorancia, la ministra no se ha persuadido aún de que el símbolo supremo del patriotismo es la bandera de España, con la que todos los que dan su vida en su defensa desean ser enterrados. Es imprescindible que transmita esta evidencia a sus compañeros de partido y de Gobierno.

¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? (De la epístola censoria dedicada al Conde Duque de Olivares por D. Francisco de Quevedo y Villegas).

Aunque el presidente del Gobierno de España trate de rebajar la aguda crisis por la que atraviesa la nación, la realidad se impone. La práctica totalidad de los españoles, que no están debidamente apesebrados desde el poder, no se recatan ahora en proclamar esta evidencia fruto de la incompetencia y el sectarismo, adobados conbuenas dosis de corrupción material y moral, del progresismo del que hacen gala quienes administran política y económicamente a España desde hace cinco años. No podía ser de otro modo debido a la falta de escrúpulos y la alergia a la verdad, características del principal responsable del caos al que ha conducido a la nación. Es oportuno recordar el sustancial cambio de rumbo, que se inició a partir del triunfo del PSOE en las Elecciones Generales celebradas el 14 de marzo de 2004, tras la bochornosa jornada de reflexión protagonizada por quienes, debidamente estimulados, asediaron violentamente las sedes del Partido que sustentaba al Gobierno de la nación.

La casuística generada por los demoledores efectos del progresismo de izquierdas, requiere un pormenorizado análisis que, por razones obvias, no es posible efectuar en el limitado ámbito de un artículo de opinión. La referencia a determinados asuntos de interés general y la descripción de ciertos comportamientos significativamente progresistas puede ser suficiente. Es al eventual lector a quien le corresponde enjuiciar su aceptación o su rechazo, con vistas a futuras elecciones. España es una democracia.

En el momento presente lo primero que se debe poner de manifiesto es que la Constitución de 1978, que ha cumplido 30 años de vigencia, se encuentra en avanzado período de liquidación fraudulenta, debido al enfoque abiertamente anticonstitucional del Estatuto de Cataluña, refrendado el 18 de junio del año 2006 e inmediatamente recurrido al Tribunal Constitucional desde diversas instancias, entre las que sobresale el fundado recurso del principal partido de la Oposición. La injustificada demora, de cerca de tres años, en la publicación de la decisión de tan alto Tribunal hace que se encuentre bajo sospecha, debido a la presión del Gobierno efectuada directamente por la vicepresidenta primera sobre la presidenta María Emilia Casas, el 12 de Octubre de 2007 durante la celebración del desfile de la Fiesta Nacional.

Sea cual fuere la decisión, el daño ya está hecho, puesto que el Gobierno de Cataluña cuenta con la aquiescencia del Gobierno de España, cuyo presidente, haciendo ostensible dejación de sus funciones y faltando a su promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución, ha permitido que la totalidad del Estatuto recurrido haya entrado en vigor, en los términos en que fue previamente acordado por él mismo, en reunión nocturna, con quien tramitaba la reforma del anterior en beneficio de Cataluña. De momento el Gobierno catalán ha proscrito la enseñanza en castellano que, conforme determina el artículo tres de la Constitución, es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla y ha abierto múltiples representaciones, con rango equivalente a embajadas en numerosos países.

Cuando el Estado de Derecho se tambalea por la desaparición de la independencia de los tres poderes que lo sustentan, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el ciudadano libre y responsable se considera frustrado en sus convicciones democráticas por depositar su confianza en políticos sin escrúpulos. La manipulación de la Justicia efectuada desde el Poder constituye una auténtica traición mientras no se justifiquen debidamente determinados comportamientos.

Dos obsesiones predominan en la actividad política de los progresistas de izquierda: La hipervaloración del sexo, fundamentalmente en las mujeres, y su rechazo a las creencias religiosas, en especial al predominio de la Iglesia Católica, forjadora de la unidad de España y esencial para comprender su señalada influencia en su cultura y en su arte, así como sus manifestaciones populares de fe y devoción. Leyes como la de Educación, Igualdad, Libertad Religiosa, Memoria Histórica, Legalización del Aborto, la denominación de matrimonio a uniones homosexuales y otrasdisposiciones impregnadas de tales obsesiones, hacen sentir ya sus perniciosos efectos.

En las circunstancias de grave crisis por que atraviesa la nación, resaltan de manera especial los impresionantes privilegios económicos de que gozan los dirigentes progresistas. Llama poderosamente la atención que quienes alardean de socialistas y obreros, reciban de la hacienda pública retribuciones escandalosamente llamativas. Tal es el caso de la joven de 32 años, que con el escaso bagaje profesional que representauna modesta licenciatura en Sociología, acumula a su sueldo como secretaria de Organización del Partido Socialista Obrero Español, el que percibe como ex secretaria de Estado de Cooperación Internacional y desde el mes próximo, el de senadora de la Comunidad Valenciana, lo que la reporta unos ingresos mensuales de 20.000 euros, equivalentes a más de 3,3 millones de las antiguas pesetas.

El pasado día 1 del actual mes de mayo, la susodicha secretaria ocupaba un lugar preferente en la cabecera, de la manifestación tradicional para conmemorar la Fiesta del Trabajo. Junto a ella, el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados José Antonio Alonso y los dos líderes sindicales, incondicionales defensores de la política del Gobierno que les subvenciona generosamente. El testimonio de progresismo de izquierdas de quienes se manifestaban, estaba patente en el predominio de la presencia de la bandera de la segunda república, que se exhibía profusamente en tan singular acontecimiento, ante la llamativa ausencia de la bandera de España que describe el artículo 4 de la Constitución de 1978, aún vigente. Puro progresismo hacia el pasado.

Aunque lo que sucedería el día 13, durante la celebración de la final de la Copa del Rey de fútbol, entre los equipos más representativos de las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País Vasco era previsible, no podía faltar el toque progresista, peculiar de la izquierda gobernante. El bochorno que ha generado la reimplantación de la censura en los medios de comunicación oficiales, es quizás la muestra más patente. Dado el carácter totalitario que ha adquirido el tan cacareado progresismo, lo único que cabe decir es que solamente la desaparición de la escena política de su principal responsable, podrá enderezar el desquiciado rumbo de la España presente. Si no es un sarcasmo, afirmar que la soberanía nacional reside en el pueblo español, muy pronto tendrá la oportunidad de demostrar que está libre del virus progresista.

Un significativo efecto de este progresismo, fue el nombramiento como ministra de Defensa de una socialista catalana, cuyo principal mérito era el de haberse solidarizado con un miserable cómico, después de que este profiriera públicamente los más soeces e intolerables insultos contra España, contra sus Instituciones y contra sus símbolos. La provocación era de tal entidad que muchos españoles pensaron que, de uno u otro modo, encontraría una respuesta adecuada.

Es posible que esa respuesta estuviera en el ánimo de quienes desconocen que la profesión militar es fundamentalmente vocacional y que los integrantes de los tres Ejércitos unen a su inconmensurable amor a España, una rigurosaformación académica basada en el culto al honor y en los principios de lealtad, compañerismo y solidaridad, dando prioridad a la disciplina que, conforme a las enseñanzas recibidas, reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que se les manda. Tal vez la ministra, que se hace notar por sus decisiones arbitrarias, que la ponen constantemente en ridículo, crea que las Fuerzas Armadas deben emplearse exclusivamente en misiones de paz,y desconozca los principios morales, que junto a su preparación para la guerra, caracterizan a los que dedican sus vidas a servir a su Patria eligiendo libremente la profesión militar. Perfectos conocedores de la Constitución vigente, aprobada por aplastante mayoría, los militares españoles se sienten orgullosos de la misión que les encomienda su artículo 8: Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Quede constancia de que el español libre que enjuicia severamente la actuación de un Gobierno sectario, considera que la democracia, aunque no despierte pasiones, es la única forma política posible en la totalidad de las naciones, en especial en las que han logrado un considerable nivel de desarrollo. Si alguien tiene otra alternativa mejor debe exponerla. A partir de esta premisa habrá que considerar objetivamente si el sistema que rige actualmente en España puede considerarse democrático, cuando el pueblo, en quien reside la soberanía nacional según señala la Constitución en su artículo 1.2, contempla impotente la degradación política de su nación desde hace, al menos, cinco años.

Por ser las víctimas del terrorismo las grandes olvidadas por la Administración, ahora que el Gobierno parece haber iniciado la senda adecuada al renunciar a su intento de lograr, mediante el diálogo con sus autores, su liquidación definitiva, es el momento de recobrar la dignidad y la justicia, que se les había negado durante los últimos años. En este sentido, para recuperar la plena normalidad democrática debe situarse en primer plano la necesidad imperiosa de despejar la ominosa incógnita que sigue planeando sobre la vida nacional, cuando se sabe la falsedad de la noticia de la existencia de terroristas suicidas entre los autores del terrible asesinato terrorista del día 11 de Marzo del año 2004: ¿Quién concibió, planificó, ordenó coordinó y ejecutó la espantosa matanza de 192 personas y la mutilación y tremendas heridas de otras más de 1.500, con la finalidad de cambiar el Gobierno de España y el resultado de alterar las bases de la política nacional y exterior, así como poner en cuestión el entramado constitucional?

Los perniciosos efectos de la conjunción de la frivolidad, la ineptitud y el rencor, unidos a la utilización de la mentira como fundamento político, están consolidados en el progresismo de izquierdas. Ante esta evidencia se impone la más serena reflexión, que se fundamenta en el conocimiento de la verdad. Es precisamente ahora cuando se aviva el recuerdo de nuestros clásicos y la reflexión se detiene en la lectura de la impresionante epístola de un español insobornable que, en su tiempo, jamás se amilanó ante la injusticia y la adversidad a las que hizo frente con la palabra.

Al volver a deleitarme con la obra del genial poeta me percato de que la multitud de españoles, demócratas convencidos, disconformes y avergonzados de la marginación a que les someten los profesionales de la política, debemos seguir el ejemplo del genial Francisco de Quevedo y Villegas, y empezar por decir: “No he de callar…” y afirmar con él“ que es lengua la verdad de Dios severo y la lengua de Dios nunca fue muda”.

La mejor forma de cumplir con la palabra empeñada es no darla jamás. Napoleón

No es momento de insistir una vez más en las causas de la nefasta gestión del principal responsable de la grave crisis por la que atraviesa la nación. Ahora bien, somos millones de españoles los que nos resistimos a aceptar mansamente las consecuencias de su incosciencia y de su torpeza. España es una democracia desde la proclamación, por aplastante mayoría, de una Constitución que ha cumplido ya treinta años de vigencia y no debemos permanecer callados ante la gravedad de la situación.

Pese a la costosísima campaña emprendida por la Administración con el lema publicitario de GOBIERNO DE ESPAÑA, engañando una vez más al pueblo con la enumeración de logros inexistentes, su falta de soluciones al cabo de menos de un año de las últimas elecciones, ha obligado a su Presidente a remodelarlo con urgencia.

Por todo ello, no puede extrañar el estupor y la perplejidad con que la opinión pública mayoritaria, ha acogido esta penosa remodelación. Difícilmente se puede encontrar entre los recientes nombramientos ministeriales, alguno que suscite la más mínima esperanza. Es evidente que quien usa el sagrado nombre de España para alardear de eficacia, ha optado por incrementar su sectarismo político como solución de emergencia para intentar enderezar su desastroso comienzo de legislatura. Para la configuración del nuevo Gobierno, la mayoría de los ciudadanos esperaban y confiaban que el presidente de todos los españoles, tuviera muy en cuenta la necesidad de designar a los hombres y mujeres más capacitados para hacer frente a la grave situación actual, tanto económica como política. Al despreciar olímpicamente las ofertas de colaboración, especialmente la del principal partido de la oposición, ha puesto en evidencia su nula capacidad para llegar a acuerdos con quienes no comparten su sectaria interpretación de la política. En consecuencia, haciendo abstracción de su capacidad, ha dado prioridad a su interés personal y ha elegido a sus más fieles incondicionales para estructurar el Gobierno que considera más adecuado para seguir manteniéndose a cualquier precio en el poder. De ahí la designación del presidente y del vicesecretario de su  partido como ministros del Gobierno y el nombramiento de las nuevas ministras de Sanidad y Políticas Sociales y la de Cultura, que junto al nuevo de Educación y Universidades son militantes de exacerbado fervor socialista. El mantenimiento de la denominada ministra de Igualdad en un ministerio, tan innecesario como gravoso para el presupuesto, junto a la titular de Defensa, es la muestra más palpable de sectarismo, ya que si bien ambas tienen acreditada su incapacidad e incompetencia, una se desvive por cumplir las consignas del partido con la finalidad de socavar la moral tradicional en la sociedad y la otra se ocupa de devaluar la misión de las Fuerzas Armadas empleando la denominación equivoca de misiones de paz, sea cual sea el riesgo que conlleva su ejecución. El desconocimiento absoluto de la idiosincrasia de quienes por vocación dedican su vida al servicio de España, la lleva a ignorar que el soldado, debidamente instruído para cumplir la misión que se le encomienda, abomina especialmente de la cobardía, agravada por la mentira.

La llegada al poder en las circunstancias por todos conocidas del actual Presidente del Gobierno, como consecuencia de su victoria en las elecciones celebradas el 14 de marzo de 2004, a los tres días justos de la terrible matanza terrorista del día 11, significó la ruptura de hecho del consenso que habían mantenido los principales partidos políticos para redactar la Constitución de 1978, continuado en el tratamiento de asuntos de Estado. Esta ruptura se materializó en el intento del nuevo presidente de resolver mediante el diálogo con los propios terroristas, la lacra que azota a España desde años antes de la democracia y a la modificación de los Estatutos de Autonomía.

Desde el primer momento el Sr. Rodriguez Zapatero alardeó de lo que sin rubor denomina progresismo. De izquierdas, naturalmente. Es esclarecedora la finalidad de los programas que, una vez debidamente desarrollados, significarían un considerable avance de España para situarla entre las más grandes potencias del mundo. La reescritura del pasado con la ley de Memoria histórica, la Alianza de civilizaciones que auguraba el más brillante futuro para quien lanzaba la idea y se convertía en su principal patrocinador, el estudio obligado de la asignatura titulada Educación para la ciudadanía con textos de enfoque abiertamente socialista, junto a las medidas necesarias para igualar absolutamente los sexos masculino y femenino, el aborto libre sin cortapisas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la supresión del estudio de Religión, la total eliminación de la escena pública de símbolos universales de la Iglesia Católica y otras medidas inequívocamente rompedoras, serían la mayor garantía de éxito. A la vista del resultado sobran motivos para abjurar del progresismo.

Invita a una serena reflexión la circunstancia de que el cambio de Gobierno se haya producido durante la celebración de la Semana Santa, con el  habitual desbordamiento de devoción y fervor popular, en el multitudinario seguimiento que caracteriza la salida a las calles y plazas de las ciudades y pueblos de toda España de las procesiones sagradas, con sus  pasos de incalculable valor artístico. Esta celebración, sin parangón con ninguna otra de carácter religioso en todo el mundo, es una prueba inequívoca de  pertenencia a la civilización cristiana, de la que la inmensa mayoría de españoles se sienten orgullosos. Por todo ello llama poderosamente la atención que un presidente, que tiene como seña de identidad su pertenencia a esta civilización, proponga una alianza imposible con otras cuyos principios son diametralmente opuestos a los de libertad, caridad, solidaridad, perdón, amor al prójimo y respeto a la dignidad de la persona, propios del cristianismo, con cuyo Evangelio España civilizó a todo el continente por ella descubierto. Las alianzas se hacen entre Gobiernos, no entre civilizaciones, ya que obviamente en la mayoría de ellas conviven varias de distinto origen y características dispares. Es explicable, por tanto, la escasa respuesta obtenida por el iluminado presidente español a la reciente y costosa convocatoria de su singular Alianza de Civilizaciones en Ankara, con la ausencia de las principales naciones del mundo que basan la actuación de sus Gobiernos en el respeto a los derechos humanos, en claro contraste con la presencia de otras que mantienen vigentes leyes, tales como la lapidación de mujeres acusadas de adulterio o la condena a los homosexuales a morir ahorcados. Todo un ejemplo del disparate al que conduce el progresismo desbordado.

La condición indispensable para calificar de auténtico demócrata a quién se dedica a la política activa, es decir siempre la verdad Ni mentir, ni engañar. Cumplida inexcusablemente esta premisa, podrá acertar o equivocarse en el desempeño de su cometido, pero de no hacerlo jamás logrará la indispensable confianza del pueblo para ello. Desde esta perspectiva es conveniente dejar constancia de que la confianza, una vez perdida, es irrecuperable. Dado que es el pueblo el que juzga a sus políticos al emitir su voto, parece llegado el momento de recordar la espectacular deriva descendente de la política nacional desde el inicio de la andadura del actual presidente del Gobierno de España, hace poco más de cinco años.

He sido injustamente detenido, inquisitorialmente torturado. Max Estrella al Ministro de la Gobernación. Escena octava del esperpento Luces de Bohemia. Ramón María del Valle-Inclán.

En precedente artículo de opinión hacía referencia a la náusea, preludio del vómito, como la sensación que me producía la contemplación del panorama político nacional. El vómito se ha producido y el alivio que se experimenta al arrojar del estómago afectado residuos alimenticios, es equivalente al de eliminar de la política otros aún más perniciosos. En ambos casos es palpable la mejoría que se produce en el estado general del paciente. Albricias, por tanto. Y una gran esperanza.

En el terreno político acaba de ocurrir. Lo confirma el resultado de las últimas elecciones celebradas en Galicia y el País Vasco. En estas dos Autonomías el pueblo soberano, consciente de su indispensable aportación democrática y justamente alarmado e indignado ante la flagrante vulneración de la Constitución española por parte de un Gobierno desnortado, ha manifestado su irrenunciable voluntad de mantener la unidad nacional, puesta en cuestión por la política sectaria de un partido que dice denominarse español y necesita el apoyo parlamentario imprescindible de fuerzas políticas de tendencia separatista, para aprobar determinados proyectos, por disparatados que sean. Es conveniente señalar que la ruptura del consenso constitucional en asuntos de Estado, escrupulosamente mantenida por la totalidad de los Gobiernos precedentes, coincide con la llegada al poder del actual presidente el 14 de marzo de 2004, hace exactamente cinco años, en las terribles circunstancias por todos conocidas.

Seria de una ingenuidad imperdonable pensar que a partir de ahora se disipan los más negros auspicios sobre el inmediato futuro de la política española. Lamentablemente el nivel de sus responsables es sencillamente deleznable. Cuando se conmemora de forma vergonzante, relegando al olvido a sus inocentes victimas, el quinto aniversario de la más espantosa matanza terrorista, de la que se tiene memoria en Europa, con la finalidad de efectuar un cambio de Gobierno, resalta de forma especial la abulia y el desinterés manifiesto de la casta política, por agotar los procedimientos y medios disponibles para averiguar todo lo relacionado con su concepción, planificación y ejecución. De ahí que la opinión pública, no se resigne a que no se despejen las ominosas incógnitas existentes, a pesar de la angustiosa demanda de las víctimas abandonadas a su suerte, por más que se esgrima el argumento de que reciben ayuda material.

El privilegio de vivir en una sociedad libre, permite a cualquier ciudadano, por poco capacitado que esté, exponer sin complejos ni reservas, sus particulares puntos de vista sobre hechos y circunstancias que le afectan de modo especial. Quienes amamos entrañablemente a nuestra Patria y nos sentimos orgullosos de nuestra estirpe y nuestra irrenunciable condición de españoles, no podemos ni debemos mantener silencio ante la arbitrariedad del poder. Los planteamientos y disposiciones consecuencia de la gestión política, pueden y deben ser enjuiciados libremente por quienes se consideran afectados. Sin duda es esta posibilidad lo que diferencia a las democracias auténticas de los sistemas totalitarios. Por todo cuanto antecede es preciso dejar constancia de que la penosa conmemoración del quinto aniversario de la terrible masacre del 11 de marzo de 2004, en la misma fecha de este año 2009, deberá servir de referencia para que ningún Gobierno, sea cual sea su tendencia política, vuelva a reproducir semejante infamia.

La valoración positiva de la significativa aportación a la democracia en España de gallegos y vascos en sus respectivas elecciones, supone un avance democrático en buena parte de la sociedad española que, afectada por la constante apelación al falso progresismo del que sin rubor hace alarde el Gobierno, no acababa de percatarse de su responsabilidad en el acierto o error en la elección de quienes tienen la misión de dirigirles políticamente. Está por tanto justificada la esperanza en el inmediato futuro.

La auto cita es de nuevo obligada, para recalcar lo que exponía en anterior artículo de opinión, denunciando la nefasta gestión del peor Gobierno de España desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 por su escandalosa aportación a la liquidación del Estado de Derecho, como consecuencia de la arbitrariedad, la falta de rigor y el sectarismo en su gestión, con la notable colaboración de jueces descaradamente alineados con el partido político en el Gobierno. Sin la absoluta independencia de los tres poderes básicos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el sistema democrático se convierte en una auténtica farsa.

Es del todo inútil, señalar una vez más la corrupción imperante en el aspecto económico en la práctica totalidad de los ámbitos, ya sean nacionales, autonómicos o municipales. Es algo reiteradamente denunciado, sin que oficialmente se de respuesta adecuada. A juicio del denunciante la razón es sencilla: La corrupción moral, que la genera, es aún mayor por estar en avanzado trámite de desaparición de la conciencia colectiva las creencias, principios y valores básicos, que se adquieren en las diferentes fases de la formación integral de la persona. Simple efecto de la Educación progresista.

La mención inicial al esperpento, se basa en la imposibilidad manifiesta de describir adecuadamente la nefasta política que está conduciendo a España a su desintegración. El intento de no valorar debidamente nuestro origen nacional con la esencial aportación del cristianismo y su decisiva influencia en nuestra civilización, fundamento de nuestra unidad y de nuestra grandeza, unido al progresismo que significa el delirante intento de hacer desaparecer del ámbito público el signo de la cruz, son motivos más que suficientes para calificar de esperpéntica la situación política actual.

El gozoso contrapunto a tan miserable actitud, lo acaban de dar en esta ocasión losespañoles gallegos y vascos, con la respuesta adecuada como parte del pueblo en quien reside la soberanía nacional, plenamente conscientes de que nuestra vigente Constitución se fundamente en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. La grave arbitrariedad que representa su total cumplimiento, exige una enérgica llamada de atención, que de no plasmarse en sede parlamentaria deberá trascender dicho ámbito por todos los procedimientos permitidos por la libertad de expresión.

No sería justo concluir, por ser la mayor garantía, sin resaltar el papel primordial que encomienda nuestra Constitución a las Fuerzas Armadas, por su alta valoración popular consecuencia del conocimiento de su patriotismo y lealtad en el cumplimiento de la misión que tienen encomendada en su artículo 8, de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Miré los muros de la patria mía…Francisco de Quevedo y Villegas

La evolución de la política española a partir de la inesperada victoria electoral del Partido Socialista en las elecciones generales celebradas el 14 de marzo del año 2004, ha alcanzado tal grado de deterioro que no es posible negar la evidencia. A estas alturas todo ciudadano de cualquier sexo, edad y condición, con derecho al voto, conoce de sobra el destacado protagonismo de quien ha sumido a España en el caos, por su incosciencia, su irresponsabilidad y su habitual capacidad de mentir.

La palabra mentiroso tiene en el Diccionario Español de sinónimos y antónimos, nada menos que 39 significados equivalentes, que comenzando alfabéticamente con los de artificiero y bolero, finalizan con los de trápala, trolero y volantón. Una simple ojeada al citado Diccionario permite, incluso al más fanático de sus seguidores, comprobar hasta que punto todos y cada uno de esos sinónimos se le pueden aplicar, con absoluta justeza al actual Presidente del Gobierno de España.

La náusea es preludio del vómito, cuando la acumulación de sensaciones repugnantes de cualquier origen rebasa la capacidad de contención estomacal. Como no podía ser de otro modo, esto ocurre también cuando el ejercicio del poder político se sustenta en la falsedad y la mentira. Ciertamente la situación actual de España provoca la náusea.

La denuncia del palpable deterioro de esta situación es obligada, ante la siniestra realidad a la que ha conducido a la nación, la gestión del peor Gobierno de España desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. La conjunción de libertad y verdad en todos los ámbitos, es condición imprescindible de toda auténtica democracia y la garantía del Estado de Derecho exige la indispensable separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, actualmente escandalosamente vulnerada.

La referencia inicial al 14 de marzo de 2004 es obligada. En más de cuatro años de mandato del actual Presidente del Gobierno, España se está viendo abocada a un lento pero implacable cambio de régimen político que se vértebra en torno a tres ejes entrelazados. El primero y principal, la liquidación de facto del modelo constitucional de 1978 por la vía encubierta de unas reformas estatutarias, que han debilitando palpablemente los lazos comunes, escrupulosamente mantenidos por la totalidad de los Gobiernos precedentes que, fieles al consenso en asuntos de Estado, hicieron posible el  desarrollo de la Constitución justamente denominada de la concordia nacional.

  En segundo lugar, la absoluta falta de definición de una política tendente a erradicar definitivamente la terrible lacra del terrorismo, sin la menor concesión a sus criminales  ejecutores, hasta su total  y definitiva derrota.

Finalmente la exclusión del principal partido de la oposición, mediante un pacto granítico entre las fuerzas de izquierda y las nacionalistas de cualquier signo, para eliminar antidemocráticamente su posible aportación parlamentaria.

A todo cuanto antecede cabe añadir la evaluación objetiva de la nefasta gestión de un Gobierno desnortado, caracterizado por la incompetencia de sus componentes que afecta por igual a hombres y mujeres. Baste dejar constancia de algunas actuaciones llamativas que afectan por igual a ministros y a ministras.

Comencemos por los hombres. Con simples pinceladas. Sin ahondar en la ignominia, la  falacia y el daño a la democracia que caracteriza su nefasta gestión. Sin duda por su fanatismo, desvergüenza y descaro, se sitúa a la cabeza el ministro del Interior, que es el mismo que, como portavoz del socialismo obrero, justificaba en su día el terrorismo de Estado y durante las jornadas del 12 y 13 de marzo del año 2004, previas a las elecciones generales del día 14, traspasó todos los límites, con la finalidad de obtener réditos políticos de la matanza del 11, exigiendo en aquellos momentos de desconcierto y tremenda zozobra de todos los españoles, el conocimiento de la verdad, insinuando sin rubor que España no se merecía un Gobierno que mintiera. Cuando lo consideró oportuno dio un trato especial a un miserable terrorista condenado por el asesinato de 25 víctimas inocentes, permitiéndole compartir su lecho carcelario con la ciudadana que contribuyó a su recuperación y posterior fuga, tras sobrevivir a una huelga de hambre cuyo previsible fatal desenlace preocupaba hondamente al señor ministro.  

Dejemos a juicio del posible lector la valoración de un personaje tan falso, trapacero y antidemócrata como el ministro de Justicia, hermanado ideológica y formalmente con la habitual compañía, no sólo en jornadas dedicadas a la caza mayor, de un juez sectario obscenamente afiliado al progresismo de izquierdas. De momento es conveniente señalar la contribución de ambos a la definitiva liquidación del Estado de Derecho con la complacencia del poder Ejecutivo en tanto no se pronuncie el poder judicial,

El progresismo de izquierdas destaca de forma especial en el ministro de Asuntos Exteriores, en su fluida relación con los regímenes totalitarios caracterizados por el color rojo, que les identifica simbólicamente con su Presidente.

Entre las mujeres, la ministra de Fomento, ocupa por méritos propios lugar destacado por su incompetencia y sectarismo. Inconcebiblemente avalada por el Presidente del Gobierno, a su repudio por parte de la inmensa mayoría, se añade el oficial del Senado.

Mención especial merece el provocativo nombramiento como ministra de Defensa, de una mujer íntimamente ligada al socialismo catalán, sin el menor conocimiento de la Institución militar. Tal vez ignore que la principal característica de la totalidad de los militares españoles, es la lealtad que conlleva su incondicional entrega al servicio de su Patria y su orgullo y compenetración con la misión que les encomienda el artículo 8 de la Constitución. La provocación del nombramiento de tal ministra, tiene su origen en su llamativa presencia, siendo vicepresidenta del Congreso de los Diputados, en la celebración el 11 de Septiembre del año 2006, de la Fiesta Nacional de Cataluña en la que se defendió la actuación de un miserable cómico, apellidado Rubianes, que días antes había manifestado su odio a España, profiriendo contra ella intolerables insultos. 

Sorprende por su desvergüenza, el alarde antidemocrático de la ministra de Educación y Cultura, al dar a conocer una resolución del Consejo General del Poder Judicial sobre la polémica, por sectaria, asignatura titulada Educación para la Ciudadanía, con dos días de antelación a su reunión para debatir las numerosas propuestas en su contra.

Admitido el carácter universal de la crisis por la que atraviesan todas las economías nacionales, es preciso reconocer que sustancialmente esta crisis, es mucho más profunda en España por la conjunción de la economía con acusadas carencias estructurales.

Especulaciones al margen, puesto que en democracia es el pueblo quien en última instancia otorga sus preferencias a los responsables políticos, se impone una vez más la reflexión a la hora de valorar el giro copernicano experimentado por la política española como consecuencia del triunfo electoral del socialismo en las elecciones celebradas el 14 de marzo de 2004, a los  tres días justos de la masacre del 11.

Puesto que son muchas las sombras que oscurecen nuestro futuro colectivo a raíz de aquellos hechos, resulta más necesario que nunca despejar hasta sus últimas consecuencias la ominosa incógnita que planea sobre la conciencia nacional: ¿quien concibió, planificó, ordenó y ejecutó la masacre con el fin de variar el rumbo de la política de Estado y el resultado de socavar el entramado constitucional, cambiar subrepticiamente las reglas del juego y dar alas a los planteamientos más insolidarios y disgregadores?. De la actitud que adopten unos y otros frente a esta cuestión esencial dependerá la recuperación de la normalidad democrática, ahora gravemente dañada.

En suma: autenticidad, autenticidad…Ortega y Gasset. Un aldabonazo

El comienzo de un nuevo año parece el momento más adecuado para reflexionar sobre la lamentable situación de la España actual. Sin complejos. Sin ambages. Con la manifestación objetiva de la verdad, cuyo conocimiento es esencial en toda democracia auténtica. No es posible esperar que quienes se caracterizan por su rechazo a las creencias, principios y valores consustanciales con el sentido de trascendencia del ser humano, inicien un mínimo conato de autocrítica a su nefasta gestión, porque rechazan la máxima evangélica que proclama que la verdad nos hace libres, con la que están de acuerdo todos los auténticos demócratas del mundo, creyentes o no. En consecuencia, su ocultación y lo que es aún peor, su suplantación por una sarta continuada de mentiras y falsas verdades, desemboca en el caos en que se ha instalado la sociedad española, sorprendida de que en una democracia auténtica se haya llegado al palpable deterioro actual, sin el ejercicio de una Oposición responsable. Puro progresismo.

Es ahora cuando hasta los españoles más crédulos e ingenuos, se percatan de que la falsedad, la mentira y el engaño más flagrantes han presidido la gestión del actualGobierno de España, tan costosamente auto alabado con el empleo de fondos públicos en los medios de comunicación, desde el inicio de la anterior legislatura. No merece la pena y además es inútil, subrayar una vez más la falacia argumentalcon la que permanentemente colorean de rosa la situación política nacional, los desvergonzados portavoces del Gobierno, desde el inicio de su gestión tras la victoria del denominado Partido Socialista Obrero Español en las Elecciones Generales, celebradas el 11 de marzo del año 2004 y refrendada el 9 de marzo del pasado.

La condición indispensable para poder valorar debidamente la gestión de los Gobiernos en toda democracia consolidada es que la libertad sea plena, sin más limitación que el estricto cumplimiento de la ley. A partir de ahí siempre terminará imponiéndose la verdad, por muy manipulados que estén los medios de comunicación adictos al poder, debidamente apesebrados. Por eso ningún auténtico demócrata perderá jamás la esperanza, puesto que como está ocurriendo ya en España, la verdad termina por imponerse y en consecuencia la imprescindible alternancia en el poder es siempre posible. Requisito indispensable: la existencia de una auténtica Oposición.

En consonancia con cuanto antecede, es oportuno hacer determinadas consideraciones relacionadas con la reciente celebración de la Pascua Militar, sinla asistencia de los medios de comunicación habituales. Es bien sabido que esta celebración anual que coincide con la tradicionalde los Reyes Magos, en los países de raigambre cristiana y católica, como lo es España, fue proclamada con periodicidad anual por el Rey Carlos III el año 1782, para conmemorar la recuperación de la isla de Menorca que se encontraba en poder de los ingleses desde la guerra de Sucesión (año 1708).

La solemnidad que reviste esta celebración, exige formalmente ciertos requisitos. Entre ellos figuran las normas referentes al vestuario, tanto el de los militares, protagonistas de la celebración, como el del resto de los asistentes. El Rey de España, a quien entre sus funciones constitucionales (art. 62) le corresponde la del mando supremo de las Fuerzas Armadas, preside el acto en compañía del Príncipe heredero y de sus respectivas esposas. Todos los españoles conocemos la completa formación militar de ambos, tras su paso por las Academias de los tres Ejércitos y su especial dedicación al estamento militar del que reciben constantes muestras de lealtad y afecto.

En ese contexto, el hecho puramente anecdótico y de todo punto irrelevante, de que la actual ministra de Defensa compareciese con una vestimenta inadecuada, que ha sido el tema de la escasa información sobre el acto, ha hecho que los discursos del Rey y el de la propia ministra, en los que se realiza el balance del año anterior, referido al ámbito militar y se señalan las pautas para el siguiente, hayan pasado desapercibidos para la opinión pública, debido a la inasistencia de medios de comunicación acreditados

Sin embargo, de lo que ha trascendido del discurso de la Ministra, se desprende su intención de preparar a las Fuerzas Armadas españolas exclusivamente para misiones de paz y para intervenir en determinadas circunstancias en accidentes y catástrofes que son competencia habitual de los bomberos y de la Sanidad pública.

Para mantener vivo su espíritu, los militares españoles anteponen a toda otra razón, junto a su acrisolado patriotismo, su sentido de la disciplina que en las actuales circunstancias reviste su verdadero valor. De ahí su leal respuesta a la innegable provocación que suponía el nombramiento para la dirección del ministerio de las Fuerzas Armadas de una declarada pacifista perteneciente al Partido Socialista de Cataluña que gobierna en aquella Comunidad Autónoma en coalición con separatistas que no se recatan al recabar su independencia. Por otra parte es palpable el desconocimiento de la ministra de la idiosincrasia y de las características de una Institución, plenamente consciente de las misiones que tiene encomendadas en el artículo 8 de la Constitución española, a saber:

1ª.-Garantizar la soberanía e independencia de España

2ª.-Defender su integridad territorial.

3ª.- Mantener el ordenamiento constitucional

La profesión militar es eminentemente vocacional y quienes la escogen como actividad exclusiva a lo largo de toda su vida, lo hacen inflamados de un amor irrenunciable a España, por lo que no es preciso recalcar el orgullo y la satisfacción con que los militares acogieron, una vez consumada la transición democrática, la encomienda del pueblo soberano inequívocamente reflejada en esas tres misiones constitucionalmente asignadas. Es por tanto lógica su preocupación ante la caótica situación en que se encuentra el país, acentuada por la nefasta gestión de un Gobierno desnortado que se niega a reconocer su gravedad.

El absoluto desprecio del engreído Presidente hacia cualquier opinión que difiera lo más mínimo de la política del Gobierno, es una prueba palpable de cómo interpreta el progresismo alguien que se califica de rojo y feminista. Sobra cualquier comentario tras mantener al frente de cada Ministerio a hombres y mujeres que tratan de enmascarar su incapacidad esgrimiendo su acreditado sectarismo, al acusar indefectiblemente al adversario político de sus estruendosos fracasos. El record de inutilidad y desvergüenza del que habitualmente da pruebas la inefable ministra de Fomento, a quien el Presidente del Gobierno apoya incondicionalmente, no es más que una muestra que permite alejar el foco de la atención pública de otras actuaciones igualmente deleznables.

A estas alturas de nada sirven las lamentaciones. Quede constancia de lo que puede significar la sentencia pendiente del Tribunal Constitucional en respuesta a los recursos,de origen diverso, impugnando la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, la previsible reanudación del diálogo con los terroristas a cuya autorización no ha renunciado el Presidente en el Parlamento, donde le fue concedida y la palpable politización de la justicia que daña gravemente al Estado de Derecho.

 En resumen, hay muchos españoles que consideran una auténtica farsa el desarrollo de la actividad política en España. Más concretamente la gran farsa con que sus gobernantes castigan al pueblo que cometió el grave error de optar por el progresismo.

La muerte no es el final (plegaria cantada por los militares que forman en el solemne acto de despedida a los compañeros muertos al servicio de España).

Vergüenza. Absoluta vergüenza. No es otro el sentimiento que se ha ido extendiendo entre una mayoría de ciudadanos, conscientes del significado de la democracia, ante el espectáculo que ofrece la casta política que gobierna España.

La definición de democracia como Gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, dada por Abraham Lincoln y universalmente aceptada por los auténticos demócratas, cualquiera que sea su nacionalidad, tiene un significado muy distinto para la práctica totalidad de los políticos españoles. Obtenido el triunfo en las elecciones, con independencia de su finalidad y el ámbito en que se desarrollen, la soberanía popular, que como establece la Constitución reside en el pueblo español (art. 1.2), se suplanta por el poder absoluto del partido ganador.

La gestión del Gobierno de España, tan laudatoriamente publicitada con fondos públicos, se ha caracterizado por la incosciencia y la impostura de su actual Presidente desde el mismo instante en que tomó posesión del cargo. Basta con analizar desapasionadamente la disparatada derivaemprendida desde el triunfo del socialismo en las elecciones generales celebradas el 14 de marzo del año 2004, precedidas de la más bochornosa jornada de reflexión que se recuerda, exactamente a los tres días de la ejecución del terrible atentado terrorista que costó la vida de 192 inocentes y heridas, muchas de ellas de extrema gravedad, a más de 1500.

Puesto que en estos momentos los españoles de cualquier sexo, edad y condición conocen sobradamente la situación real de la nación sumida en una profunda crisis, reiteradamente negada por el presidente del Gobierno, no es momento de entrar en pormenores. Es suficiente con dejar constancia del estruendoso fracaso del plan de paz para terminar definitivamente con el terrorismo mediante el diálogo, y la modificación al alza de los Estatutos de Autonomía, que han dado alas al nacionalismo separatista, debidamente asociado con el progresismo encabezado por el propio presidente, para acelerar la deriva iniciada con la precaria aprobación del de Cataluña, cuyo refrendo por el Tribunal Constitucional continúa pendiente.

 No obstante, no sería justo pasar por alto lo que ha significado el memorable éxito del progresismo rampante. Buena prueba de ello son la Alianza de Civilizaciones, incluida su costosísima cúpula conmemorativa, sufragada en gran parte con fondos destinados al desarrollo y la introducción obligatoria de la asignatura denominada Educación para la Ciudadanía, caracterizada por su sectarismo progresista, que suprime de la enseñanza la Religión En primerísimo plano hay que situar la introducción de un laicismo beligerante que rechaza de raíz el mandato evangélico de dar a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar, puesto que para los auténticos progresistas Dios definitivamente no existe. Consecuencia: Hay que eliminar el signo de la cruz de la presencia pública.

Es más que evidente la simbiosis entre corrupción e ineptitud en aquellas comunidades autónomas, de tendencia abiertamente separatista, que como auténticas satrapías utilizan sus presupuestos para dilapidarlos descaradamente en su exclusivo beneficio con gastos suntuarios del todo prescindibles, tales como acondicionamiento de viviendas, adquisición de vehículos de lujo, viajes exóticos o contratación de múltiples asesores, consejeros, ayudantes, familiares y amigos, siempre en la órbita política de quien innecesariamente los contrata.

La precedente mención a Cataluña como paradigma de la delicada situación en que se encuentra la organización territorial de España cuando se cumplen treinta años de la aprobación de la Constitución, está justificada, por la lógica alarma que produce la pasividad del Gobierno de España ante su permanente vulneración.

Es imprescindible recordar que el 6 de diciembre de 1978 fueron exactamente 15.310.020 los españoles que la votaron positivamente, lo que significaba el 87,7 por ciento de los votantes, frente al 7,83 por ciento de los1.385. 582 votos negativos.

Aunque existen matices encuanto a la magnitud del desconcierto y la confusión, muy próxima al caos, en que se encuentra sumida la política española, la evidencia no puede negarse por mucho que traten de desvincularse de la realidad los numerosos medios de comunicación afines al Gobierno, que debidamente apesebrados, transmiten una sensación completamente diferente..

Como queda expuesto el Estatuto catalán precariamente aprobado hace más de dos años, se encuentra a falta del imprescindible refrendo del Tribunal Constitucional. Por ser este un asunto especialmente vidrioso, al afectar al artículo 2 de la Constitución que determina que la misma “se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Es por tanto obligación de todo español consciente denunciar abiertamente la larga serie de irregularidades, adobadas con corrupción, que se vienen produciendo en esa entrañable región de España.

Por gravemente que estén afectados los españoles por el siniestro virus progresista, que inculca la permisividad y el todo vale como doctrina sustitutoria de creencias, principios y valores, es aconsejable reflexionar sobre lo que puede significar una resolución del Tribunal Constitucional concordante con el desmembramiento de España, iniciado por el actual Gobierno catalán. El consiguiente amodorramiento y la somnolencia que el contagio del mencionado virus ha producido en la sociedad, no justifica en ningún caso la flagrante transgresión de la Constitución vigente, que los españoles aprobamos por abrumadora mayoría hace treinta años. Sin la sustancial modificación de su texto por el procedimiento establecido en el título X, no puede proseguir su liquidación iniciada con el tratamiento dado al castellano y el nombramiento de Delegaciones, equiparables a Embajadas propias, en países extranjeros, que con independencia de un acusado nivel de corrupción, son solo dos de las funciones arrebatadas al Gobierno de España, sin que este reaccione con la debida contundencia.

Por ser especialmente sintomático, no puede pasarse por alto la forma en que se pretende aprobar el presupuesto nacional para el próximo año 2009, en estos momentos de aguda crisis económica que, con total desconocimiento de la situación, se agravará. Al ser inicialmente rechazado por la totalidad de los grupos políticos, exceptuado el socialista, en el Congreso de los Diputados, se ha optado por la compra del voto a un precio desorbitado de los grupos vasco y gallego de proclamada aspiración separatista.

Es posible que el pueblo soberano, deslumbrado por la magistral lección de democracia que imparte a diario, con la suficiencia del pingüino, desde las pantallas de las múltiples televisiones adictas, el estulto vicesecretario del partido socialista, no termine de percatarse de la gravedad de la situación. El palpable deterioro de la convivencia en las Comunidades Autónomas bilingües, regidas por socialistas en coalición con nacionalistas inequívocamente separatistas, se debe a la renuncia del presidente del Gobierno a su solemne promesa de guardar y hacer guardar la Constitución. La negación de esta evidencia causa estupor y perplejidad en los ciudadanos que constatan la flagrante vulneración del artículo 3.1 de la Constitución que dice textualmente que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienenel deber de conocerla y el derecho a usarla”.

En todo lo que respecta al Ejército no es posible seguir ocultando la realidad. Las tropas españolas destacadas en el exterior cumplen disciplinadamente sus arriesgadas misiones. El impacto emocional en la opinión pública de la muerte en zonas de conflicto de los militares que, fieles a su vocación de servicio a su Patria, cumplen las órdenes recibidas de sus superiores, no puede desvirtuarse con la falsa información de que lo hacen en misión de paz, como se pretende hacer creer desde el Gobierno. La insistencia en mantener esta denominación denota menosprecio a los soldados para justificar su precaria dotación en medios de guerra adecuados. Sorprendentemente, una vez más en el polémico presupuesto para el próximo año disminuye la asignación a Defensa.

Es de resaltar por otra parte, en estos momentos en que el progresismo trata de eliminar todo atisbo de trascendencia, que la plegaria cantada con emoción contenida, la muerte no es el final, con la que se da el último adiós a los militares muertos al servicio de España, significa la consolidación de una fe enraizada en la gloriosa historia de sus soldados cuyas virtudes se han ido consolidando a través de los siglos.

No puede negarse que la Institución militar, en relación con cualquier otra del Estado, es con gran diferencia la mejor valorada. El sano pueblo español sabe que la totalidad de los militares asumen sin reservas el artículo 8 de la Constitución: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

En un Gobierno caracterizado por su mediocridad, que afecta por igual a las mujeres y a los hombres que lo componen, como lo prueba la baja valoración que les otorga la opinión pública, que mayoritariamente suspende su gestión, llama la atención que sea precisamente la actual ministra de Defensa la que sale mejor parada. Nadie ignora que el 11 de septiembre de 2006 la entonces vicepresidenta del Congreso de los Diputados, compartía en su condición de integrante de la directiva del Partido Socialista de Cataluña la celebración de su Fiesta Nacional con un grupo de jóvenes que lucían una camiseta con la inscripción “Tot som Rubianes” en apoyo al miserable comediante que días antes se había explayado en la expresión de su odio a España con los más graves e intolerables insultos. El concepto de disciplina adquirido por los militares durante su periodo de formación, les ha hecho acoger con la máxima lealtad un nombramiento que tenía un claro acento provocativo, conscientes de que la dirección política de las Fuerzas Armada será fiel al cumplimiento de su misión señalada enel art. 8 de la Constitución.

Aunque el trepidante desarrollo de los acontecimientos en las últimas semanas pudiera distraer la atención, parece oportuno hacer referencia a la trascendencia del relevo en la presidencia de la nación más poderosa de la tierra, dado el posicionamiento del presidente español en el pasado reciente. No es momento de especular sobre el grado de influencia que su progresismo ha tenido en los electores americanos, pero dada la satisfacción que le embarga, es obligado dejar constancia de la abismal diferencia existente entre el pensamiento del Presidente Obama sobre la unidad nacional, al proclamar inequívocamente superada la división entre rojos y azules y “una convicción enraizada en mi fe en Dios y en mi fe en el pueblo de Estados Unidos” y el acusado progresismo del Presidente Zapatero, no creyente y orgulloso de la preponderancia del rojo en sus preferencias políticas.

En buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados (Calderón de la Barca)

España se rige por un sistemapolítico consolidado. El pueblo soberano, que cumple con su deber cuando se requiere su asistencia a las urnas, es plenamente consciente de que la libertad de expresión es necesaria. Una de las premisas, inobjetables en cualquier democracia auténtica, es la de que los ciudadanos tengan pleno derechoa opinar para poner coto a la manipulación y al sectarismo de los medios de comunicación afines al poder. Es imprescindible. Guardar silencio, por servilismo o temor, será aceptar de hecho una servidumbre inherente a todo sistema totalitario. Read the rest of this entry »