Javier Bleda | Servicios al Estado

Publicado el 28 Agosto, 2007 Autor Javier Bleda |

En estos días conocemos la noticia de la confirmación, por parte del Tribunal Supremo, de una condena que no es que sea escandalosa, sino que nos muestra, con total claridad, hasta qué punto es mejor mantenerse alejado de los aparatos del Estado para que su inmundicia no nos salpique. Se trata de la condena a cuatro años y medio de cárcel a la funcionaria de la Seguridad Social Isabel Barrio por facilitar información de españoles a un miembro de los servicios secretos de España, esto es de locos.

Lo de menos en este caso, lo de más para los jueces, es que la funcionaria cobrase recompensa por los servicios prestados, y digo lo de menos porque los fondos reservados se usan para eso mismo, para gratificar a los colaboradores necesarios en las cuestiones de materia reservada. No es descartable, aunque solo se trate de mi opinión, que alguno de los jueces que condenan a la pobre Isabel, que pensaba que actuaba por el bien de su país, también recibiera en algún momento, o esté recibiendo, un estipendio reservado por trabajos similares, aunque conociendo a los jueces la cantidad sería infinitamente mayor, que para eso son los señores del “imperio de la ley”. Y tampoco hay que descartar, igualmente en mi opinión, que la propia fiscalía, que no ha querido meter en este lío al agente del entonces CESID, Juan Garrote, que pagaba a Isabel, fuese también beneficiaria de pagos al portador, lo que explicaría mucho mejor esa falta de interés acusatorio contra el funcionario espía del Ministerio de Defensa.

En todo caso parece mentira que los jueces tengan que actuar por el hecho de un intercambio de datos entre diferentes departamentos de la administración del Estado, porque, se mire como se mire, esto es algo que ocurre todos los días y por cuyo trabajo se hace necesaria una remuneración reservada para no llamar la atención de otros funcionarios y, a posteriori, de los propios elementos investigados. Tal vez en los juzgados de los que ahora condenan, muchos de sus funcionarios estén recibiendo recompensas de medios de comunicación por vender información y, sin embargo, a los jueces, ni a los fiscales, se les ocurre investigar lo más mínimo cuando, ellos lo saben, son habas contadas, es decir, las copias de los papeles de los juzgados las tiene que sacar alguien, y en ocasiones, demasiadas, ese alguien sólo puede ser el secretario y, por supuesto, el propio juez, puesto que determinados documentos están bajo llave.

Pero, con todo, lo más importante no es que nuestros jueces utilicen de cabeza de turco a una mujer convencida de trabajar por la patria, sino algunas de las personas que, durante todo ese tiempo, fueron investigadas. De entre ellas cabe destacar a Leticia Sabater, mujer de la farándula que, según cuenta la leyenda, estuvo en el punto de mira, como tantas otras, del cazador de osos borrachos. Hubiera sido más interesante si nuestras supremas señorías se hubiesen interesado por los personajes investigados y reclamasen al Centro Nacional de Inteligencia los informes de dichos personajes y el motivo de la investigación. Pero claro, eso sería hacer las cosas de una manera real, y esto de los espías pega más con lo irreal, con lo novelesco. Sería triste que Isabel, la funcionaria de la Seguridad Social Isabel Barrio, fuera a la cárcel por dar información que garantizase la seguridad a los desahogos reales. Claro que, si antes hubieran hecho lo mismo con otras, y las hubiesen investigado, ahora no tendrían el problema del dichoso vídeo en el que, más que el rey de los leones, parece un minino totalmente manso. Me pregunto si estas investigaciones secretas también fueron hechas a la muy joven actriz Sandra Mozarowsky, antes de arrojarla por la ventana, para ocultar un embarazo que no tenía nada de ficticio, era más bien real.

El Estado debería pedir perdón a Isabel Barrio y amonestar a los jueces para no sumar otra vergüenza más al libro de nuestra propia Historia.

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