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EL Sindicato Unificado de Policía exige justicia profesional

Publicado el 30 Septiembre, 2007 Publicado en la sección Inmigración ilegal |

LOS POLÍTICOS QUE GOBIERNAN SE REFIEREN SIEMPRE EN TÉRMINOS ELOGIOSOS A LA LABOR DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. SERÍA DESEABLE QUE HABLARAN MENOS Y QUE HICIERAN MÁS.

El Sindicato Unificado de Policía no ha asistido a ningún acto conmemorativo del Día de la Policía o los Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo, cuyo acto central ha tenido lugar en Palma de Mallorca, para manifestar su denuncia contra el Gobierno por la situación del colectivo policial. Las razones de la protesta son:

PRIMERO. Con la situación actual, al cumplirse los cuatro años de mandato del Gobierno socialista no habremos recortado diferencia salarial alguna con respecto a los cuerpos de policías autonómicas, y seguiremos percibiendo salarios muy inferiores a muchos cuerpos de policías locales. Al agravio salarial con dichos cuerpos se une el que padecemos en relación con la Guardia Civil: sus miembros disfrutan gratuitamente de la asignación de más de 40.000 viviendas, pabellones y residencias con cargo al erario público, mientras que los integrantes del CNP (a excepción de unas decenas asignadas exclusivamente a determinados mandos) deben dedicar más de la mitad de su sueldo a este menester. Esta circunstancia hace que seamos el colectivo policial peor pagado de España, con mucha diferencia, y nuestra profesionalidad no se merece este trato injusto. Exigimos justicia salarial que sólo se producirá equiparándonos con lo que perciben otros Cuerpos policiales. Baste un ejemplo para describir la situación actual: los funcionarios de la escala básica recién ingresados en el CNP, podrán acogerse por sus bajos salarios a las ayudas para alquiler de vivienda o podrán prescindir de realizar su declaración de Renta, lo que evidencia el miserable salario que nos abona el Estado por asumir un función de máximo riesgo, suma responsabilidad y de capital importancia para el interés general.

El Gobierno hace promesas políticas a nuestro cargo. Cuando casi cada día presume del incremento de policías y guardias civiles, los ciudadanos deben saber que ese crecimiento de personal de la seguridad del Estado se está realizando moderando el incremento salarial de sus miembros y aumentando el agravio en esta materia con respecto a policías autonómicas, quienes con el incremento de porcentajes económicos que reciben del Estado podrán seguir incrementando las diferencias ya existentes. Así ha quedado en evidencia al pretender el Ministerio del Interior en la reciente negociación del Catálogo de Puestos de Trabajo, incluir como coste alcanzado en la negociación con los sindicatos los 66 millones de euros que se producen como consecuencia del incremento de plantilla en el CNP. Y no sólo ha pretendido introducir esa cantidad motivada por el cumplimiento de compromisos políticos como coste en la negociación sindical, sino que además pretendía hacerlo a hurtadillas, exigiendo que se aprobara en cuestión de horas el Catálogo de Puestos de Trabajo bajo amenaza de que se cerraban los Presupuestos del Estado. En el fondo y en la forma el Gobierno merece un rotundo reproche, por lo que hace y por cómo lo hace.

SEGUNDO. No disponemos de elementales medios materiales y técnicos para desarrollar nuestra labor con eficacia. Faltan varios miles de vehículos (además de cambiar el asiento a los 1.000 entregados en julio); no disponemos de guantes anticorte o chalecos antitráuma, que son adquiridos con nuestro salario para garantizar nuestra protección; trabajamos en algunas dependencias cochambrosas y los medios técnicos más sofisticados (como los robots y otros elementos necesarios para los TEDAX) o están caducados, o no funcionan, o simplemente no han sido adquiridos. No tenemos el material técnico ni los medios materiales básicos de cualquier cuerpo policial de la Unión Europea. Somos, en esta materia, el país más atrasado de Europa y por eso nos convertiremos pronto, si no lo somos ya, en el mayor receptor de mafias y delincuentes de toda condición.

TERCERO. Desde que en 1995 se cometió la barbaridad de añadir la palabra “definitiva” en dos artículos del Código Penal, la mínima sanción de inhabilitación especial o absoluta a un policía supone su expulsión definitiva de la profesión. Ese mismo Código Penal que endurecía hasta la brutalidad la sanción contra los policías, redujo el tiempo de prescripción del delito de encubrimiento de cinco a tres años ¿A qué obedeció esa reducción? ¿En qué beneficia a la seguridad ciudadana que un cómplice de cualquier delito quede a salvo transcurrido tan corto espacio de tiempo? ¿A quién benefició que el presunto encubridor del asesinato de las niñas de Málaga, Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes, quedara en libertad por haber transcurrido más de tres años cuando lo identificamos? Ni a los cómplices de los terroristas (como puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en la sentencia que excarceló a la Mesa Nacional de Herri Batasuna), se les puede aplicar una norma que no permita la graduación de la condena, algo que sólo es posible con los policías. Y desde que se aprobó el Código Penal de 1995 venimos alertando de esta desproporción sancionadora tan injusta, sin que ningún Gobierno lo haya resuelto.

Los políticos que gobiernan se refieren siempre en términos elogiosos a la labor de las fuerzas de seguridad. Sería deseable que hablaran menos y que hicieran más. Sería exigible un poco de pudor y menos hipocresía cuando se llenan la boca de alabanzas a las fuerzas de seguridad pensando en los votos que les reportan, y que tomaran decisiones para facilitar nuestra labor en el marco del Estado de Derecho con la misma diligencia con la que nos adulan.

CUARTO. Hemos asistido a un avance en materia de normas disciplinarias muy importante para los miembros de la Guardia Civil, de lo que nos congratulamos, y a un retroceso en el Cuerpo Nacional de Policía. Si en diciembre de 2003 el Consejo de Policía dio el visto bueno a un proyecto de reglamento de régimen disciplinario que no se aprobó por el cambio de Gobierno, en estos tres años de gobierno, sin negociar con los sindicatos, se introdujeron tantas modificaciones al texto citado que éste se convirtió en un engendro absolutamente inaplicable. Ahora, sin tiempo material para su aprobación parlamentaria, se entrega a los sindicatos un borrador de reglamento de régimen disciplinario radicalmente distinto al que aprobó el Consejo de Ministros el pasado año, y más parecido al que habíamos pactado en diciembre de 2003. No sabemos por qué ahora es posible lo que no lo era hace un año. 

QUINTO. En muchos de los catorce acuerdos suscritos por los sindicatos desde 1985 se contemplan avances que no se han aplicado y áreas de participación sindical en las que no sólo no hemos avanzado, sino que estamos retrocediendo. Si ya en 1985 se establecía la participación sindical para proponer recompensas profesionales, lo que se reiteraba el año 2000, el procedimiento aplicado en muchos casos sigue siendo muy deficiente, y actuaciones dignas de condecoración no reciben recompensas y se sustituyen por otras a compañeros con méritos dudosos. Es imprescindible un cambio de sistema porque la corrupción invade todo lo relacionado con la concesión de condecoraciones. El amiguismo y el incumplimiento de la ley están a la orden del día, equiparando situaciones distintas y desprestigiando a aquellos que reciben las condecoraciones de forma merecida y por dignas actuaciones profesionales con otros que no las merecen.

SEXTO. La actuación policial respecto a la inmigración ilegal, está siendo llevada a cabo sin ninguna garantía jurídica, sin medios, con exceso reiterado de jornada laboral y penosas condiciones de trabajo. Ya ha muerto un inmigrante mientras era expulsado (que ha provocado que dos compañeros estén imputados por homicidio imprudente, debido a la desidia de la Administración) y hemos permanecido durante varios días retenidos en un país (Mauritania) ¿Tendrá que producirse el encarcelamiento de policías en cualquier país sin ley ni derechos cuando viajen a expulsar inmigrantes para reaccionar? El exceso de horario, con jornadas de entre 20 y 30 horas, y la penosidad de la labor de los miembros de la unidad de repatriaciones (UCER) y de las UIPs que desarrollan este trabajo, no están recompensadas adecuadamente. El protocolo de expulsiones que se está elaborando, que no contempla la dotación de pasaporte diplomático o de servicio, no mejorará las garantías jurídicas ni sus condiciones de trabajo y por ello no contará con el visto bueno del SUP.

SÉPTIMO. Los ciudadanos vienen padeciendo en los últimos meses largas horas de espera para renovar sus documentos, que son obligatorios, y ahora también deberán esperar largas horas para comunicar a la Policía que han sido víctimas de un delito. Estamos empeorando la atención al ciudadano, que parece ser un simple sujeto amorfo sobre el que recaen todas las políticas erróneas y al que no se dispensa el trato correcto y la atención que merece. Y cada día es peor.

Las comisarías están al límite de su capacidad, casi colapsadas, pues al trámite de los juicios rápidos se han añadido los de los expedientes de expulsión -hasta hace poco centralizados- y más recientemente los de las denuncias de violencia de género que ocupan más de una hora para rellenar las 16 páginas del formulario. Entre estas páginas se encuentra una valoración del policía sobre el mayor o menor riesgo de agresión física contra la denunciante, que es una trampa, una derivación de la responsabilidad judicial al policía que es más fácil de acusar y condenar que un juez. Más indefensión jurídica.

OCTAVO. A escasos meses de acabar la legislatura, aún no se ha cambiado el Catálogo de Puestos de Trabajo aprobado para el Programa Policía 2000. El nuevo Catálogo no puede suponer merma salarial para nadie y debe contener incremento con carácter general del complemento específico singular; hay que resolver el agravio de la escala de subinspección, cuyo importe medio del específico singular es similar al de la escala inferior, y con una diferencia abismal respecto a la escala ejecutiva; hay que incrementar la cuantía de las reglas complementarias (Madrid y ciudades de esa comunidad, Cataluña, Baleares…); revisar e incrementar el de algunas especialidades (singularmente el de los TEDAX/NBQR); y valorar objetivamente las plantillas (número de habitantes, criminalidad, etc.). Para todo esto no hemos constatado voluntad alguna de alcanzar un acuerdo.

NOVENO. No hemos avanzado nada en jornada laboral; hacemos un servicio de 24 horas sin suficiente descanso y sin tener en cuenta el desgaste psicológico. Exigimos el sexto turno de servicio. En la escala ejecutiva y en otras inferiores, la jornada partida contraviene claramente el Plan Concilia establecido para los funcionarios de la Administración General del Estado. No se admiten especificidades retributivas ni de otra índole que pueden mejorar nuestras condiciones de trabajo alegando la sujeción a normas generales de los funcionarios públicos, que en cambio no existen cuando se trata de imponer horarios inaceptables o recorte de derechos por la responsabilidad e interés general de nuestra profesión.

DÉCIMO. La pérdida salarial que se padece en la situación de segunda actividad debe resolverse: o se acepta que el pase a esta situación sea sólo con carácter voluntario, además de por disminución de las facultades psicofísicas, o se establece desde el primer día la pensión de jubilación, como si se hubiese cotizado hasta los 65 años. Muchos miembros del CNP permanecerían voluntariamente en la situación de activo si pudieran y esto beneficiaría a los miembros del CNP, a la Policía y al Estado. La ampliación de edad voluntaria de dos años para todas las escalas es una medida acertada pero claramente insuficiente.

Por estas razones el SUP no asistirá a los actos de celebración del Día de la Policía y llevará a cabo medidas de presión en defensa de los intereses y derechos de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello sustentado en la legalidad y en la declaración de conflicto colectivo que efectuamos el pasado día el 31 de mayo.

El Día de la Policía es nuestro día. Lo celebramos denunciando la situación del colectivo porque queremos una Policía profesional, con un salario digno, bien formada, con medios técnicos suficientes y cobertura jurídica para cumplir con la misión de garantizar la seguridad ciudadana y el libre ejercicio de los derechos y libertades. El Día de la Policía es el día de los guardianes de la libertad. Esa es la Policía que queremos para España, un Estado democrático que garantiza a sus ciudadanos las mayores cotas de derechos, seguridad y libertad.

COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL
Via Radio Aventura

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