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Inmigrante y con 18 años: doble indefensión

Publicado el 16 Mayo, 2008 Publicado en la sección Inmigración ilegal, Inseguridad ciudadana, Marroquíes |

Hace diez minutos que Vicenç Galea anda por el barrio de El Raval. Pasa por delante de una callejuela, se para, gira la cabeza y vuelve sobre sus pasos. En el callejón están apostados dos adolescentes marroquíes. Ambos con un pañuelo de ropa pegado a la nariz. Vicenç los conoce.

 

En el año 2006, en una respuesta parlamentaria, el Gobierno afirmó que en España había más de 11.000 niños marroquíes acogidos por la Administración. De todos ellos, sólo 831 estaban documentados.
Vicenç es educador social pero también voluntario y fundador de DRARI, un colectivo que lucha por los derechos de los niños marroquíes que han llegado a España solos, habitualmente en los bajos de uno de los centenares de camiones que cada día salen desde Tánger hacia la península. Algunos de ellos se han dejado la piel en el intento.

 

Enganchados al disolvente

 

-¿Qué haces aquí, con este día?-, le pregunta. Es sábado por la tarde y en Barcelona está cayendo toda la lluvia que no ha caído en un año.
-Nada, dar una vuelta-responde Larbi sentado en una moto. Su amigo está de pie. Ninguno tiene dieciocho años aún, aunque ya les falta poco.

 

-¿Una vuelta? ¿Con este día? Tendrías que estar en el centro-, le reprende Vicenç, que de momento aún no dice nada de la droga.

 

-¿Por qué? Estoy aquí-, replica Larbi, molesto por haberse encontrado a su educador en estas circunstancias.

 

-Estás muy delgado, mírate, y con disolvente…- Vicenç le coge la manga del jersey y la huele. Después husmea el pañuelo doblado en cuatro partes, que Larbi sujetaba fuerte con una mano.

 

-¡Claro que es disolvente!- Larbi intenta negarlo, por muy absurdo que sea. Pero Vicenç continúa, le dice que no se lo esperaba, que de él no. El niño se defiende, no engarza bien las palabras, se atranca. Ahora Larbi está en un centro de la Generalitat, pero sabe que cuando llegue su aniversario la protección social se habrá terminado. “Llegan a los dieciocho años y les dicen: ‘Felicidades’ y a la calle. A partir de aquí les espera una cama en la Trinitat (la prisión)”, lamenta Galea.

 

Recursos escasos

 

En la mayoría de comunidades existen los planes para mayores, programas de inserción laboral y plazas en pisos compartidos para los que ya han cumplido los 18 años, pero la realidad es que los servicios son muy escasos.

 

“Los recursos son a todas luces insuficientes. Y lo habitual es que no acaben en los pisos. Son casi como premios. Muchos chicos tienen todas las papeletas para engrosar los números de la economía sumergida”, explica Ángel Madero, director del centro de menores APIC en Córdoba.

 

“Lo que no tiene sentido es que el Estado se gaste tanto dinero en estos chicos y que, cuando cumplen los dieciocho años, los deje en una situación irregular”, explica el jurista y miembro de la Coordinadora de Barrios de Madrid, Nacho de la Mata. La tutela de uno de estos muchachos le cuesta al Estado 90 euros al día.

 

Temor a ser devueltos

 

-¿Pero, por qué no duermes en el Centro?- le pregunta Vicenç a Larbi, aunque ya conoce la respuesta. Muchos de estos chicos, cuando comienzan a ver los dieciocho años cerca, se sienten inseguros y temen ser devueltos a Marruecos. Por ese motivo prefieren escapar al control de la administración.

 

“Los chavales se sienten desamparados por dos extremos: su situación legal y el procedimiento de repatriación”, explica De la Mata, quien asegura que la mayoría llega a los dieciocho años sin documentación.
Pero además, como explica la antropóloga Meme Jiménez, hay otra cuestión encima de la mesa: un adolescente de dieciocho años, sin referentes familiares y sin recursos, muy difícilmente sabrá resolver su vida en la calle.

 

“El problema que tienen estos menores es que, además, son inimigrantes, por lo que la ley no les trata como a cualquier otro menor de edad español”, añade Jiménez.

 

“El Estado los aboca a la marginalidad”, añade De la Mata. Y de la marginalidad a la delincuencia hay pocos pasos, advierten todos los educadores. Se trata de un agujero del sistema de protección social por donde se cuelan miles de adolescentes cada año.

 

Sin rumbo

 

En las intrincadas calles del centro de Barcelona continúa lloviendo. Vicenç ha quedado con Moha, un ex tutelado por la Generalitat que ya ha cumplido los 18 años. Junto a él están varios compañeros que aún no han alcanzado todavía la mayoría de edad. Karim explica que ya no duerme en el albergue, prefiere un coche abandonado. No puede parar de reírse. “Huelo el disolvente desde aquí”, le dice Vicenç. “No, no, ¡qué va!”, responde el joven a carcajadas.

 

Hay un chico que Vicenç no conoce. Le pregunta por su vida. El chico enumera infinidad de centros y ciudades en los que ha estado. Moha escucha todo el rato, sin decir nada, sólo de vez en cuando sonríe ante las tonterías de Karim.

 

Moha salió ayer de la cárcel. Era su primera vez, pero Vicenç no pude hacer mucho por él, y se rinde a la evidencia: “No hay recursos, a esta edad ya no hay recursos”.

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Un comentario a “Inmigrante y con 18 años: doble indefensión”

  1. La Opinión el 17th Mayo, 2008 14:01

    MIGUEL ÁNGEL AUTERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE El Gobierno de Canarias tutela en la actualidad a más de 1.200 menores inmigrantes no acompañados en un total de 28 centros repartidos por la geografía canaria, y algo más de un centenar que están acogidos en centros gestionados por ONG en la Península, menores de cuya tutela es también responsable el Ejecutivo canario, una Administración que gasta “80 euros por menor y día”, lo que supone el desembolso diario de 96.000 euros si se redondea en 1.200 chicos.
    La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, señaló ayer en el transcurso de un desayuno informativo con los medios de comunicación tinerfeños que, a pesar de que la cifra de menores es elevada, y que existe un convenio firmado con el Gobierno de la nación en el que “se fijó que la Comunidad canaria podía atender a un máximo de 300 menores, nuestro Gobierno no dejará salir de las Islas a un sólo niño inmigrante” mientras no se den las condiciones que permitan garantizar un futuro digno en sus países de origen”. Lo que Canarias pide, dijo, “es colaboración y solidaridad a las otras 16 comunidades autónomas, al Gobierno central y a la Unión Europea”.
    Rojas subrayó que el Ejecutivo al que pertenece no está de acuerdo con la repatriación de menores inmigrantes a sus países de origen “mientras no se garanticen las condiciones en las que van a quedar”. La consejera quiso dejar claro que “no se trata de un problema de dinero; el Gobierno canario destina 80 euros diarios por cada menor extranjero que está bajo su tutela. El problema radica con la situación que se genera debido a la saturación en los centros, los problemas que pueden surgir por la convivencia en espacios que son los que son y cada vez albergan a más niños”. Rojas insistió en que “hablamos de menores de un mismo continente, pero que son de países diferentes, con distintas culturas y maneras de ver las cosas”.

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