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Solicitan 3 años de prisión para el propietario del club ‘Otro Pasarela’

Publicado el 31 May, 2008 Publicado en la sección Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjer, Delitos contra los derechos de los trabajadores, Infracción de la Ley de Extranjería, Paraguayos, Rumanos |

El propietario del club Otro Pasarela de Almansa será juzgado el próximo día cinco de junio, en el Juzgado de lo Penal número 1, por un delito contra los derechos de los trabajadores, por el que se enfrenta a tres años de prisión.

Los hechos se remontan al 13 de febrero de 2006, cuando efectivos de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación se presentaron en el ya conocido club, situado en el kilómetro 583 de la carretera Madrid-Alicante, con el fin de realizar las funciones de control y extranjería que tienen encomendadas. El club es propiedad de C.Z.S., que realiza todas las funciones de control y administración del mismo.

Al llegar al club, los agentes se encontraron en el interior del local y alternando con los clientes a 36 señoritas, todas ellas en situación regular, al encontrarse dentro de los tres meses, desde la fecha impresa en el sello de entrada, estampada en sus pasaportes.

Sin papeles

Sin embargo, también encontraron a nueve mujeres y un hombre de nacionalidad paraguaya en situación irregular en España, habiéndose incoado a todos ellos los correspondientes expedientes de expulsión.

Los agentes pudieron comprobar también que trabajando para el acusado y desempeñando funciones de vigilantes en el vestíbulo se encontraban un paraguayo y una rumana, sin permiso de trabajo, ni residencia y sin estar dados de alta en la seguridad social.

Según el escrito del fiscal, el hombre de nacionalidad paraguaya llevaba varios días trabajando en la empresa, habiendo acordado con el acusado que, a cambio del trabajo, le daría cama y comida, pero sin pactar sueldo alguno.

Camareras

También trabajaban como camareras, sin permiso de trabajo dos mujeres paraguayas, mientras que otro hombre de ésta misma nacionalidad, sin permiso de trabajo, ni de residencia, realizaba labores de vigilante.

Para éste último, se tramitó el expediente de expulsión, que fue ejecutado el 18 de julio de 2006, aunque no para otro vigilante rumano, en su misma situación. Todos estos trabajadores, habían sido contratados por el acusado, a través de la sociedad Puerto Plata El Provencio S. L. que gestionaba él mismo, pese a figurar como administrador su padre.

Todas las contrataciones se habían realizado a pesar de saber que los trabajadores carecían de permiso de trabajo y residencia. Por otra parte, el acusado, además de no darles de alta en la seguridad social, tampoco les les pagaba salario alguno, en la mayoría de los casos.

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