Para saber quiénes eran los manifestantes que rodeaban a José Bono y detenerlos, la Delegación del Gobierno recurrió al PSOE. Se enviaron las fotos a las casas del pueblo por si algún militantes conocía a los que allí aparecían.

La ventaja de ser una persona honrada es que no estás fichada. Cuando los policías empezaron a buscar a quienes, según el ministro Bono, le habían agredido en la manifestación del 22 de enero, convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, no hallaron a ningún ultra conocido ni gamberro ni delincuente. El ministro del Interior, José Antonio Alonso y el delegado del Gobierno, Constantino Méndez, querían detenciones como fuera. Entonces, ¿qué hacer?

Según fuentes del Partido Popular de la provincia de Madrid, la idea genial de la Delegación del Gobierno fue propia de la Unión Soviética: mandar las fotos de los incidentes a las casas del pueblo y las sedes del PSOE para que los militantes buscasen gente del PP.

Los socialistas de Las Rozas marcaron las caras de Isidoro Barrios y María Antonia de la Cruz, y los obedientes policías fueron a buscarlos a sus domicilios para detenerlos e interrogarlos.

La Administración entregó pruebas policiales a particulares y el partido señaló a quién detener. El Estado al servicio del PSOE, hasta el punto de que el Fiscal General del Estado se ha convertido en el abogado defensor de los cargos policiales que detuvieron sin pruebas a las dos personas.