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I – Lo esencial y lo urgente

Está cada vez más claro que en el individuo único y esencial es donde empieza la política trascendente, y que en la mercadotecnia de masas es donde se equivoca el buen político. Mejor diré que ni siquiera el Marketing científico apunta a las masas sino, mucho más cierto, a esa unidad económica llamada “el consumidor”; es en él, repito, en el individuo, en quien las marcas se posicionan a través de los media. Los partidos liberales por su propia idiosincrasia no se mueven por el bien de sus representados ni, menos, por el de la nación donde actúan sino más seguro por la disciplina interna. Sin respeto a la individualidad, tan atacada en las democracias, por sus propios principios, ni tan siquiera la libertad está asegurada, por más liberalismo que se nos despache en desayuno, comida y cena. Reconozcamos por tanto que la mejor formación política de nuestra nación no es cosa de partidos sino del paciente trabajo, como decíamos del bambú japonés, en educarnos los españoles uno a uno.

La dedicación de los padres a inculcar la fe católica de siempre en sus familias (en todas sus familias), el amor a la historia de España, el respeto a nuestros antepasados, saber que el premio al esfuerzo nunca falla es cauce firme y seguro para que la autoridad espontánea del bien sea a poco tardar levadura en la masa. «El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó todo.» (Mt 13, 33)

El mal menor.- De poco vale esgrimir a Santo Tomás y rechazar como cándidas palomas, inflados de dignidad filosófica, el llamado mal menor, sin proponer opciones que superen los poderosos carriles del PSOE y del PP. Lo bueno es más bueno si tiene buen final; es decir, si puede llegar a un real uso político. De comienzo, el nudo gordiano está en conseguir un número de diputados que pese en el Congreso para obtener algún día posiciones de poder que reconduzcan las fórmulas impuestas por la ONU y los tecnócratas de la demagogia. Esa misma fórmula anticristiana que se disimula en los dos métodos de gobierno aparentemente distintos en cada sopa de letras. Y dado que lo que hay es lo único posible, hagamos por obtener dentro de sus vías de cambio lo que nos libere de este carril vicioso. Para iniciarnos en este camino hay que definir los objetivos y su importancia.

La Constitución reclama un lifting.- Asunto decisivo es revisar la Constitución de 1978. Es ya momento de pensar en una nueva redacción, o serie de enmiendas, en favor de España, fortaleciendo la unidad con correctivos punitivos a sus enemigos, incluidos muy especialmente los que tienen DNI español.

La Constitución necesita rejuvenecerse. Como bien recordamos, fue elaborada en un clima de perentoriedad por la muerte del General Franco y el delicado arranque, como todo arranque, de la Nueva Monarquía por él promovida en 1969. En aquellos años de transición España necesitaba, decían, una constitución que asegurase a los españoles, desde la situación política caducada, la unidad y la paz bajo la corona de Don Juan Carlos I. Pero hoy ya no es lo mismo porque el sistema democrático liberal está consolidado sobre las ruinas fácticas de aquella monarquía. Es más, con 32 años de experiencia se han excedido sus objetivos de origen de tal manera que si siguiéramos barranco abajo es posible que todo se vuelva en contra: una España no ya desunida sino inexistente, y una corona… para un rey de la baraja. Es evidente que la Constitución de 1978 ha degenerado, no ya por el artículo VIII sino por casi todos.

La ley electoral.- Y con la Constitución revisar igualmente una ley electoral de utilidad ininteligible, que por inorgánica limita la representación del pueblo a unas listas de nombres encabezadas por sus partidos y bajo una disciplina de voto que obliga a los diputados, esclavos de cuchara, a votar en contra de sus representados si el partido se lo demandase. Una ley electoral que tiene la aritmética en contra del sentido común y que clasifica del revés los estamentos de la sociedad.

Desbloquear la contradicción de dos “tribunales supremos”. No ver lo superfluo de dos tribunales es, más que ceguera, enfermedad mental. ¡Cómo puede entenderse que algo que se llama supremo sea doble! Ni que lo constitucional, inferior y mudable, se equipare en rango con lo que en superior instancia defiende el bien, el derecho y la justicia general de los verdaderos destinatarios de cualquier constitución política.

Algunos creen que de las grandes instituciones como, por ejemplo, la Iglesia, los espectadores – aparte si, además, somos su objeto – no podemos juzgarlas si no tenemos formación facultativa. Vaya gracia. No hay que ser una gallina para reconocer un huevo podrido, ni ingenieros agrónomos para no comernos una manzana agusanada. Si observamos el Tribunal Constitucional veremos que bajo disculpa de respeto a ciertas minorías, que se sustentan, precisamente, en rechazar la Constitución, parece que fuera ideado para neutralizar toda interpretación favorable a la unión de España. Aún no sabemos bien qué es lo que está pasando en Cataluña y en esos aspavientos, de autoridad de sube y baja, para consentir las aclamaciones públicas a pretendidos patriotas de la utopía. El último valedor el señor Pascual Maragall.

¿Se acuerdan ustedes de la LOAPA? Aquella Ley Orgánica — ¿orgánica? – de Armonización – ¿? – del Proceso Autonómico, cuyos copiosos folios aparecidos el 10 de agosto de 1983 fueron contestados por el PNV y CiU, con el apoyo solapado del PSOE, entonces en el poder. Francamente, en el no hacer y parecer que se hace ya éramos entonces maestros consumados.

El Tribunal Constitucional, para espectadores no intoxicados resulta ser el que más sentencias ambiguas ha dado en sus 30 años de vida. Y por tal ambigüedad, el que más tranquilo se queda, mano sobre mano, si sus sentencias son desobedecidas. No en balde será que para su actual sede los arquitectos se inspiraron en la Torre de Babel, de Brueghel, el Viejo.

También puede uno preguntarse si una Monarquía Constitucional necesita de un Tribunal especial; si un Jefe de Estado adjetivado en la Constitución ha de someter sus funciones a un organismo nominalmente inferior. (Quede dicho para reflexión de espectadores.) Justamente, la Monarquía Parlamentaria se fundamenta en salvaguardar la unidad de España, junto a esa otra función de arbitraje entre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Algo que, creo, todavía se enseña en los institutos.