El presidente de la Generalidad, el socialista catalanista Pasqual Maragall, ha avisado a los ciudadanos que se preparen para un aumento de la delincuencia en Cataluña. Las prisiones y el régimen de sus internos están transferidos y son una competencia que administra la consejería de Justicia. Ante el colapso de las cárceles catalanas, en las que hay unos 8.000 presos cuando su capacidad es para 5.000, y para evitar más motines, la Generalidad dará más permisos. Esto, según explicó el miércoles Maragall en la radio RAC-1, “supone más delincuencia”.

Para conseguir los funcionarios de Prisiones catalanes no tengan problemas en su puesto de trabajo (ser funcionario es algo voluntario) y no haya titulares sobre motines en la prensa, la Generalidad va a dejar libres a docenas de criminales. Maragall incumple así la principal obligación de un Gobierno: dar seguridad a los ciudadanos. De esta manera, pierde la legitimidad para exigir que se le obedezca y se le paguen impuestos.

Ante el escándalo, la misma consejería de Justicia ha tenido que corregir al honorable presidente. El consejero, Josep Maria Vallés i Casadevall (PSC-CpC, del grupo de Ciutadans pel Canvi), ha tenido que explicar que los criterios de asignación de los permisos penitenciarios “no son arbitrarios”, sino que están “absolutamente establecidos”.

La conclusión es que los gobernantes españoles, sobre todo si son de izquierdas, no están para solucionar problemas a sus gobernados. Para ellos lo primero son su tranquilidad y los derechos de los delincuentes, víctimas de la sociedad; a continuación aparecen los derechos de las víctimas.