Después de perder 47,9 millones de euros (casi 8.000 millones de pesetas), el diario ‘Avui’, altavoz del catalanismo más racista y terrorista, se salvó del cierre, no gracias a sus escasos lectores ni sus accionistas, sino a los contribuyentes catalanes y a dos empresarios de la comunicación. José Manuel Lara (Planeta, La Razón y Antena 3) y el conde de Godó (La Vanguardia), herederos de ilustres dinastías enriquecidas durante el franquismo, aceptaron quedarse cada uno con el 40% del capital. El otro 20% lo suscribió la Generalidad nacional-socialista. La decisión de Lara y Godó, ¿es una forma de pagar un ‘impuesto revolucionario’? Reproducimos parte de un teletipo difundido el 30 de diciembre de 2004.

La comisión liquidadora de Premsa Catalana, hasta ahora editora del diario 'Avui', acordó adjudicar la cabecera del rotativo en lengua catalana a la compañía Corporació Catalana de Comunicació, formada a partes iguales por el grupo Godó y Planeta, y en la que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), órgano dependiente de la Conselleria de Economía y Finanzas, tendrá una participación del 20% del capital.

El Consell Executiu autorizó la entrada de ICF en el accionariado de la nueva sociedad a través de su filial ICF Holding. El ICF mantenía una hipoteca de cuatro millones de euros sobre la cabecera del 'Avui' y tanto Planeta como Godó habían mostrado su predisposición a que tomara una participación en la nueva compañía.

El conseller en cap de la Generalitat, Josep Bargalló (ERC), expresó en un comunicado la "satisfacción del Gobierno de la Generalitat de Catalunya por que finalmente el diario 'Avui' haya llegado al final del proceso de transición hacia una solución empresarial estable". "Este proceso se ha desarrollado tal como el Gobierno predijo el mes de mayo pasado, cuando se condicionaron las ayudas públicas al 'Avui' a la viabilidad del diario", subrayó, y señaló que en la nueva sociedad editora participan "dos importantes grupos editores privados, con sede en Catalunya, sólidos y solventes, que unen esfuerzos alrededor de un proyecto de futuro".

Asimismo, indicó que "en una primera fase" el Gobierno catalán acompañará el proyecto a través del ICF, "que estará presente en el capital de la nueva sociedad editora hasta que las circunstancias lo aconsejen" e indicó que la participación "sólo tiene carácter financiero". "El Gobierno respeta y respetará en todo momento la independencia editorial del diario", apostilló.

La adjudicación se produce después de que la comisión de acreedores - constituida por representantes del Instituto Catalán de Finanzas, Hacienda Pública y la Seguridad Social- consideró que la oferta presentada por la compañía se adecua a las condiciones establecidas en el pliego de bases del concurso.

Dicha comisión acordó el pasado día 30 de noviembre abrir un nuevo periodo de negociaciones bilaterales con los posibles interesados en la adjudicación del diario, después de determinar que la propuesta presentada conjuntamente por el grupo Planeta y Godó para hacerse con la cabecera del rotativo no se adecuaba a las condiciones del concurso.

La presentación de ofertas había finalizado el pasado día 25 de noviembre con esta única propuesta, ya que la empresa Audiovisual Mediapro, que se había mostrado inicialmente interesada, rechazó finalmente hacer una oferta.

Según el convenio de acreedores aprobado el pasado 1 de octubre, el nuevo grupo debe asegurar la continuidad del diario, de su línea editorial, y hacerlo viable empresarialmente, o sea garantizar la publicidad del diario y acometer inversiones del orden de los 8 millones de euros, así como mantener la plantilla actual formada por 170 trabajadores.

La empresa editora del diario, Premsa Catalana, presentó quiebra voluntaria el pasado mes de junio, con unas deudas de 47,9 millones de euros.