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Minuto Digital: 13.07.2006
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer que estudiará la petición del Senado de que se den permisos de residencia y trabajo con carácter extraordinario a los inmigrantes ilegales que salen de los centros de internamiento tras un período de 40 días y hasta que se pueda ejecutar su orden de expulsión del territorio español. Como sabemos tan solo un 6 % de esas ordenes de expulsión llegan algún día a hacerse efectivas, por tanto la medida propuesta por Caldera no es más que otra regularización masiva, ya que supone otorgar de hecho el permiso de residencia a cualquier ilegal que haya entrado en España
Naturalmente con este tipo de medidas no es de extrañar que Caldera pueda afirmar que «prácticamente no existe» la inmigración ilegal en España. Convirtiendo lo ilegal en legal es muy sencillo.
Ante estas propuestas disparatadas del ejecutivo socialista, que más que frenar la inmigración ilegal contribuyen a incrementar el efecto llamada, no es de extrañar que haya sido Francia quien ha aprovechado la Cumbre de Rabat para proteger sus intereses. Los franceses han sido los principales valedores de los paquetes de medidas de seguridad para cortar los flujos ilegales de inmigrantes, así como del impulso de los acuerdos de readmisión que deberán ser aprobados bilateralmente por cada país concernido. España por el contrario se ha centrado en su papel de mediador para conceder fondos europeos de codesarrollo e inversiones en África.
Francia quien ha llevado la voz cantante en la Cumbre de Rabat ha conseguido sacar adelante su Plan de Acción sometido a la aprobación previa de España, Marruecos y Senegal, por el se blinda a través de terceros ante el riesgo de oleadas de ilegales. No ha sido el gobierno español, sino el francés quien ha echo valer su poderoso aparato de influencia sobre Mohamed VI para que Marruecos corte de raíz las avalanchas de inmigrantes magrebíes y subsaharianos que salían desde sus costas hacia España, desde donde podían pasar con total tranquilidad a Francia, ya que las autoridades españolas no ejercen control alguno sobre los ilegales y su política de expulsiones es prácticamente nula. La propuesta de Caldera de dar permisos de trabajos a los ilegales en vías de expulsión, favorecería aun más los intereses franceses al contar España con un reclamo más para que los ilegales se queden en nuestra patria y no pasen al país vecino, al contar solo con papeles provisionales validos en España.
Ya en su día Francia criticó la regularización masiva de inmigrantes ilegales hecha por Zapatero. El temor galo es que una parte de esos inmigrantes, una vez obtenidos sus papeles, se trasladen a Francia para aumentar la población inmigrante residente en el país, que ya cuenta con cerca de cinco millones de personas.
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