Archivo Enero 2010 a Noviembre 2010 de MinutoDigital.com

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha destacado que la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se aplica con toda normalidad en todas las comunidades autónomas y que durante los ocho años del Gobierno de Aznar se practicaron 500.000 abortos en España.

Así lo subrayó hoy la ministra tras visitar el centro sociosaniario Nuestra Señora de El Pino, donde resaltó que ésta “es una ley nacional, de obligado cumplimiento en todas las comunidades” y explicó que el desarrollo reglamentario recientemente aprobado contempla “todas las dudas que se han ido planteando desde las comunidades”.

Trinidad Jiménez resaltó que “que haya una nueva ley no significa que el derecho sea nuevo”, ya que hace más de veinte años se aprobó la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que se aplicaba en todas las comunidades. Así, recordó que “durante los ocho años del Gobierno de Aznar se practicaron en España 500.000 abortos”.

La ministra manifestó que lo que se ha pretendido con esta nueva ley es “dotar a profesionales y mujeres de seguridad jurídica para que se haga en mejores condiciones de seguridad y garantías”.

Trinidad Jiménez prevé que a final de este año un millón de personas en situación de dependencia se incorpore al sistema de ayudas y prestaciones sociales que prevé la ley. La ministra informó de que hay más de 600.000 personas incorporadas al sistema de la dependencia, en el que trabaja el Ministerio que dirige en colaboración con las comunidades autónomas.

Consideró que no todas las comunidades trabajan al mismo ritmo en esta materia por distintas circunstancias y consideró que “desde la colaboración y la lealtad institucional” se conseguirá que todas las personas que tengan derecho a disfrutar de ayudas a la dependencia puedan hacerlo.

El Gobierno valenciano ha acordado hoy que, con carácter previo a la prestación del consentimiento a la interrupción del embarazo, se informará a la mujer de “la trascendencia ética de la decisión de abortar”, con “información visual” tanto del proceso de interrupción del embarazo como del de “formación de la vida”, incluyendo fotografías de fetos en dicha información.

Paula Sánchez de León, portavoz del Consell, ha declarado en rueda prensa que para informar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo se empleará “cualquier formato gráfico”, como ecografías en tres dimensiones, que acompañarán a la información escrita sobre “las consecuencias médicas, psicológicas y sociales” del aborto.
 
Además, la consellera de Justicia ha enmarcado esta medida en el artículo 17.4 de la ley del Aborto, que prevé el derecho a la información con carácter previo al consentimiento, y ha resaltado que la ley tiene “importantes problemas técnicos en su aplicación” que hay que resolver. El Gobierno de Camps también ha decidido crear un Comité de expertos, encargado de redactar la normativa autonómica que permita ampliar el derecho a la objeción de conciencia para que el personal no sanitario también pueda ejercerlo.
 
Sánchez de León ha declarado que se creará un servicio público específico para “conocer, regular y dar respuesta a todos los conflictos y controversias” que la aplicación de la Ley del aborto pueda generar, como por ejemplo en el caso de menores de 16 años que decidan abortar y uno de sus progenitores dé su consentimiento, pero el otro no. Este servicio también será el encargado de que se aplique el contenido del programa “Más vida”, puesto en marcha por la Generalitat hace más de un año y que “pretende crear una alternativa a la Ley del aborto”, y coordine a los distintos departamentos para dar una respuesta “ágil y eficaz” a quienes lo demandan.

La portavoz del Consell ha asegurado que estas medidas se han acordado por todo el Gobierno valenciano sin que existan discrepancias en la aplicación, ya que se pretende garantizar que sep ueda defender “el derecho a la vida” frente a la defensa del “derecho a la no vida” que garantiza la ley del aborto.

Además, Paula Sánchez de León ha resaltado que el Tribunal Constitucional ha “perdido una oportunidad” al admitir a trámite el recurso contra la Ley del Aborto pero no suspender cautelarmente la vigencia de su aplicación, como sí hizo con la ley valenciana de Caza en el artículo referido al método selectivo del “parany”. “Parece ser que merecen más cautela jurídica la protección de determinadas aves que la protección de la vida humana” y el “derecho a la vida en formación”, ha aseverado Sánchez de León.

La nueva ley del aborto ha entrado en vigor con el texto recurrido en el Tribunal Constitucional por el PP y la Comunidad de Navarra y con polémica por las declaraciones del presidente de Murcia. El ‘popular’ Ramón Luis Valcárcel ha asegurado que “de momento no hay razones” para acatar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque aún no se ha resuelto “todo” y no hay sentencia en firme.

Valcárcel ha hecho estas declaraciones a la salida de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, al ser preguntado por la nueva ley que permite abortar en las primeras catorce semanas sin que se requiera ningún tipo de justificación. El presidente murciano ha explicado que el PP, al recurrir la norma, ha mantenido su “criterio” y ha expresado su confianza en que prospere. “Seguiremos buscando las vías jurídicas, en ellas estamos, y cuando se haya resuelto todo, ya veremos a ver qué es lo que se hace. De momento no hay razones para acatarlo”, ha asegurado Valcárcel, que ha recordado que aún no hay una decisión definitiva sobre el recurso que presentó su partido.

Preguntada por estas declaraciones, la portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, ha explicado que las comunidades autónomas que gobiernan los ‘populares’ “harán el máximo esfuerzo por ofrecer a las mujeres y jóvenes toda la información” que necesiten ante embarazos no previstos. A su juicio, ese esfuerzo se orientará a la atención a la mujer, de modo que conozca los cauces para recibir ayuda económica y social. Ese esfuerzo, en ningún caso, ha dicho Moneo, irá dirigido al aborto como “alternativa” ante un embarazo imprevisto.

La dirigente del PP ha considerado “muy urgente” la paralización de la puesta en marcha de la ley, ya que las consecuencias de su aplicación son “irreversibles”, especialmente por suponer la implantación del “aborto libre”. También porque desde hoy “las menores podrán abortar sin el consentimiento de sus padres”, ha añadido. Moneo, en definitiva, ha exigido al Constitucional, ante el que el PP ha recurrido la norma, que se pronuncie “a la mayor brevedad posible”.
Asimismo, el consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, ha afirmado que la práctica de abortos en Navarra “va a seguir siendo el mismo”, es decir, se garantizará las interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la Comunidad foral, tal y como ha explicado la consejera de Salud, María Kutz.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, dijo el lunes que no cree que el Tribunal Constitucional deje en suspenso la entrada hoy en vigor de la ley del aborto como pedía el PP en el recurso de inconstitucionalidad presentado la semana pasada.

“Estamos plenamente convencidos de la constitucional de la ley. Es una ley plenamente garantista y que respeta totalmente los límites que se marcaron en su día por el Tribunal Constitucional”, dijo el lunes Aído a la Cadena Ser.

El TC admitió a trámite la semana pasada los recursos presentados por el Partido Popular y el Gobierno de Navarra contra la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El PP ha solicitado que se suspendan cautelarmente los ocho preceptos que recurre de la nueva ley, entre ellos el que permite a la madre abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación.

El alto tribunal concedió al Congreso, Senado y Gobierno un plazo de tres días para presentar alegaciones antes de decidir si suspende la aplicación de la norma.

Los ‘populares’ basan el recurso en la propia doctrina del Tribunal Constitucional, que protege la vida del “nasciturus”, y que según los recurrentes queda absolutamente desprotegida en las primeras 14 semanas de gestación con la nueva ley.

Además, el PP recurre también la medida que permite a las mayores de 16 años y menores de 18 abortar sin el consentimiento, en ocasiones, de los padres o tutores, así como la limitación de la objeción de conciencia del personal sanitario.

El Gobierno de Navarra impugnó, por su parte, los artículos relativos a las menores de 18 años, la objeción de conciencia y un apartado de la ley que cree que vulnera las competencias exclusivas del Ejecutivo foral en organización y prestación de servicios sanitarios.

La ministra Aído defendió que esta ley es más segura, tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios, y también es una norma que tiene un capítulo muy importante en la prevención de los embarazos no deseados.

“Uno de los objetivos que perseguimos es reducir el número de embarazos no deseados y el número de abortos que no ha parado de crecer en las últimas décadas”, dijo Aído.

En 2009 se registraron unos 110.000 abortos en España.

El Real Decreto que desarrolla la ley establece que las menores de 16 y 17 años tienen potestad para decidir abortar, aunque añade que al menos uno de sus padres o tutores deberá estar informado de la decisión.

Si la menor alega un conflicto grave al informar a sus progenitores, el médico podrá solicitar un informe psiquiátrico, psicológico o de un trabajador social para determinar si las alegaciones tienen fundamento.

Abortar dejará de ser un delito despenalizado en algunos supuestos para convertirse en un derecho, precisamente cuando se cumplen 25 años de la aprobación de la primera normativa, en 1985, que ha permitido que un total de 1.300.000 mujeres hayan abortado en España.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se estrena sometida a juicio, ya que el PP y el Gobierno de Navarra han pedido ante el Tribunal Constitucional (TC) la suspensión cautelar de 8 de sus artículos por entender que el ‘aborto libre’ es contrario al derecho a la vida, garantizado por el artículo 15 de la Carta Magna.

Por su parte, asociaciones de médicos y discapacitados presentarán un recurso de amparo ante el Alto Tribunal porque la nueva legislación establece una diferencia ‘jurídicamente insostenible’ sobre lo que es un feto sano y otro enfermo o inferior, a cuya vida se puede poner fin en el seno materno.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 1985, señaló que la vida del nasciturus -el que va a nacer- es un bien jurídico que el Estado tiene la obligación de proteger, por lo que despenalizó este delito, recogido en el Código Penal, sólo en los supuestos en que los derechos del niño entraban en grave conflicto con los de la madre. Desde mañana, las afectadas podrán abortar hasta la semana 22 en caso de riesgo para su salud física o psíquica -supuesto este último al que se acogieron en España en 2008 el 96% de ellas-, y también por enfermedad grave o malformaciones del feto.

El punto más polémico de la Ley ha sido el situar la mayoría de edad para abortar en los 16 años, y el hecho de que las menores no tengan que informar a sus padres si alegan que pueden ser coaccionadas o sufrir violencia familiar.

La Federación Española de Asociaciones Provida, arropada por más de 60 entidades de la sociedad civil, y por cientos de ciudadanos, se concentrará ante el Tribunal Constitucional el próximo sábado 3 de Julio, a las 12.00 horas, para manifestar el total rechazo de la sociedad a la ley del aborto, y solicitar la suspensión de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 2/2010, que supone la práctica despenalización del aborto.

El Centro Jurídico Tomas Moro, como representación de los juristas, se ve en la obligación de tratar de frenar la aplicación de la nueva normativa con los instrumentos adecuados, a saber: la Constitución y las leyes. Estos instrumentos, son idóneos para demostrar lo ilegítimo de la nueva legislación, conscientes, no obstante, que cualquier ley del aborto por si ya es injusta, y estará siempre necesitada de su abolición. El aborto, como la esclavitud, no tiene límites permisibles, ni líneas rojas, su mera existencia es un baldón para cualquier sociedad.

En este sentido, este Centro Jurídico no sólo anuncia la presentación de un recurso de amparo frente a la Ley Orgánica 2/2010 de aprobación del aborto, sino que confirma su asistencia a la concentración del próximo sábado día 3 para recordar al Tribunal Constitucional, que la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, permite la suspensión cautelar de la ley del aborto.

De igual forma, solicitamos al Tribunal Constitucional que sea el mismo quien se plantee la autocuestión de inconstitucionalidad de la totalidad de la Ley, regulada en el artículo 55.2 de la LOTC.

Efectivamente, existe en la Ley Orgánica 3/1979, del Tribunal Constitucional la previsión de que sea el propio Tribunal Constitucional el que se plantee la inconstitucionalidad de una norma con fuerza de ley. Así, el art. 55.2 de la citada Ley Orgánica establece que en aquellos casos en los que ese Tribunal aprecie que la lesión de un derecho fundamental procede de una norma con fuerza de ley contraria a la Constitución, la Sala, a la vez que resuelve el amparo, debe plantear la posible inconstitucionalidad de la norma con fuerza de ley ante el Pleno para que éste, si así lo decide, declare la inconstitucionalidad de la norma con fuerza de ley.

En este caso, el órgano que promueve la cuestión es el propio Tribunal Constitucional, que en otras ocasiones ya ha indicado que cuenta con mayor flexibilidad que los jueces y tribunales ordinarios, para decidir el planteamiento de la cuestión (STC 149/00).

Además, y teniendo en consideración la doctrina que el propio Tribunal tiene asentada sobre la protección del derecho a la vida, y teniendo en consideración que dicha doctrina es claramente opuesta a la regulación legal del aborto realizada por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, este Centro considera que dicha autocuestión de inconstitucionalidad ha de ser planteada de oficio y con carácter de urgencia por el propio Tribunal, con el fin claro de tutelar el debido respecto a los principios fundamentales, y con ello, la defensa de la propia Constitución Española.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió este miércoles a trámite el recurso interpuesto por el PP contra la Ley del Aborto y dio tres días a las partes para que presenten alegaciones antes de decidir si decreta la suspensión cautelar de la norma, que entrará en vigor el 5 de julio.

El recurso presentado por los populares solicitaba que se decretase la suspensión cautelar de la ley, que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación, mientras el TC revisa su constitucionalidad y hasta que dicte sentencia. El Constitucional también ha decidido admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Navarra contra el nuevo texto legal.

Los magistrados, reunidos en pleno desde las 11.00 horas, decidieron finalmente escuchar a las partes personadas antes de tomar una decisión sobre la suspensión. “En cuanto a la solicitud de suspensión cautelar óigase a las partes que se mencionan en el número anterior para que, en el plazo de tres días puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas”, señala en una providencia dictada hoy los magistrados del Constitucional, presididos por María Emilia Casas.

En concreto, deberán presentar alegaciones a la solicitud de suspensión del PP al Gobierno socialista, al Congreso de los Diputados y al Senado. Las partes tienen en principio para presentar sus informes hasta el próximo lunes 5 de julio, el mismo día en que entra en vigor la Ley del Aborto.

El Constitucional ha dado además 15 días a Congreso, Senado y Gobierno para que puedan personarse en el proceso y puedan formular alegaciones ante el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP contra la norma. Los populares recurrieron ocho artículos y una disposición final de la Ley del Aborto, cuyo nombre oficial es Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

El recurso del Gobierno de Navarra, al que las partes también podrán formular alegaciones, pide la impugnación de dos artículos y de una disposición final.

Por décimo año consecutivo, esta asociación anti-aborto convoca una “manifestación” testimonial de las víctimas del aborto en forma de claveles blancos, con el nombre de UN CLAVEL POR LA VIDA.

La campaña consiste en ser portavoz de un niño abortado luciendo un clavel blanco el 5 de julio y regalando claveles con el lema: “Un clavel por la vida, para que dejen a los niños nacer”. En palabras de la presidenta de la asociación, Pilar Gutiérrez, “la campaña responde a la inutilidad de manifestar la voluntad popular a nuestros representantes legales. Por ello, en Unidos por la Vida optamos por una manifestación diferente: a los corazones de los españoles, que son, a la postre, los “consumidores” del caramelo envenenado del aborto. Queremos prevenirles de la publicidad engañosa del aborto y del daño que causa a los niños, las mujeres y a toda la sociedad. Invitamos a todos los que defienden la vida a sumarse a esta campaña el 5 de julio, para hacer florecer la vida en el día de la entrada en vigor de la ley del aborto.”
 
La campaña tendrá también una vertiente pública, con reparto de claveles en la calle por parte de asociaciones y grupos afines. El clavel irá acompañado de material informativo e imágenes del aborto, que podrán descargarse de la página web de la asociación: www.unidosporlavida.org. Asimismo se podrá consultar en ella los lugares de reparto de claveles en toda España. En Madrid, Unidos por la Vida repartirá claveles de 19 a 22 hs. enfrente del Corte Inglés de la C/ Goya.

Detienen a una ex enfermera sospechosa de traficar con fetos en la frontera de Camboya con Laos.

Los hechos ocurrieron en la provincia de Ubon Ratchathani cerca de las fronteras con Camboya y Laos, donde Naengnoi Kaan compraba los recién nacidos a chicas que habían abortado ilegalmente y los guardaba en un almacen abandonado para después venderlos como ‘lik krok’ (fantasmas de niños). En el imaginario popular tailandés, estos espíritus dan buena suerte y se cree que ayudan a ganar la lotería

En plena polémica por la entrada en vigor de la Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida como «Ley Aído», Luis Antequera publica Derecho a nacer (Sepha, 2010), con figuras de primera línea dentro del posicionamiento pro-vida como Benigno Blanco –presidente del Foro por la Familia– o Gádor Joya –portavoz de Derecho a vivir–, por citar sólo dos de los catorce coautores.

Se ha escrito mucho a favor y en contra del aborto provocado. ¿Qué aporta de novedad?

El libro pretende ser un sencillo argumentario contra el aborto, que sea válido tanto para aportar argumentos a los que se posicionan por la vida, como para convencer a los que se posicionan por la muerte del más débil. Algunos argumentos son ya muy conocidos, otros son novedosos, y todos ellos ofrecen respuesta a las falacias que el poderoso e imaginativo lobby abortista pone en la calle cada día.

En el libro critican la postura tibia del Partido Popular en torno a este tema (a pesar de que alguno de los autores es afiliado al PP). Ahora el PP la lucha contra el aborto –¿o sólo contra la Ley Aido?– la incorpora a su programa electoral. ¿Convencimiento o electoralismo?

Yo no puedo responder de la posición del Partido Popular ante el aborto. Lo que sí puedo decirle es que todos los que firmamos en este libro, algunos activos militantes populares y otros, como yo mismo, no, estamos contra el aborto, contra todo tipo de aborto, y desde luego por cambiar la mentalidad una sociedad como la española capaz de convivir con una cifra alarmante de 115.000 abortos al año. Estar contra el aborto no es sólo, como algunos creen y muchos están interesados en transmitir, una lucha código penal en mano; es una lucha con los muchos instrumentos que una sociedad que se pretende moderna y desde luego es próspera ofrece: pedagogía, apoyo social, valores, respeto a la maternidad, alternativas…

En su introducción señala que colaboran autores de diferentes ideologías, pero todos a favor de la vida. ¿Dónde están esos autores de izquierda que también dice que colaboran en el libro?

Reducir las ideologías a lo que hoy día catalogamos como izquierdas y derechas, es excesivamente simplista y maniqueo. Entre los quince autores que escribimos en el libro, los hay creyentes y no creyentes, quien se tiene por más conservador y quien se tiene por menos, y por lo que se refiere al problema que abordamos, el aborto, partidarios de incidir más en tal política o aspecto, y partidarios de hacerlo mejor en tal otro. No obstante ello, no crea Vd. que en la izquierda militante tal como la entendemos hoy en España, no existe oposición al aborto. Por citarle sólo un caso que acabo de tener la ocasión de analizar, en Estados Unidos un 30% de los votantes republicanos se consideran pro-elección, como ellos dicen, y no pro-vida. Pero no menos cierto es que un 33% de los demócratas, supuestamente la izquierda norteamericana, se consideran pro-vida y no pro-elección. La lucha por la vida no es una cuestión de derechas o de izquierdas. De lo que sí le informo no obstante, es de que si se realiza una segunda edición de Derecho a nacer, prometo esmerarme en aportar más argumentos de las personas declaradamente izquierdistas que, como nosotros, están contra el aborto.

Hay un dato escalofriante, que señalan Luis del Pino y Fernando Garrido en dos capítulos diferentes: matar un huevo de águila real tiene la misma pena que matar un ejemplar de águila real. En el caso de los humanos no es así…

La causa de los proabortistas es una lucha necesariamente incoherente. Las incoherencias por lo que al aborto se refiere son muchas más que ésta que Vd. señala con acierto. Sin duda, sabe Vd. que a una niña de dieciséis años no se le puede expender una cajetilla de tabaco pero sí se le puede practicar un aborto, o que mientras necesita el permiso paterno para acudir con el colegio al circo, no lo requiere para acudir a un abortorio a practicarse un legrado abortivo. No menos espeluznante me parece que muchos que se pronuncian por el aborto hablen de castigar a un padre que da una bofetada a su hijo, o que la mayoría de los que están por abolir la fiesta de los toros estén por el aborto.

Victoria Uroz y Beatriz Mariscal denuncian que los medios de comunicación no se hacen eco del síndrome posaborto, no hablan. ¿Proteger a las mujeres de que caigan en ese agujero, no debería ser uno de los objetivos del feminismo, si es que está para defender a la mujer?

Por supuesto que sí, no me cabe la menor duda. Lo que yo sí dudo y cada vez más, es si los movimientos ultrafeministas piensan en la mujer o piensan en algo diferente, como por ejemplo, en imponer una ideología de género más relacionada con una determinada cosmovisión que con la defensa de una mujer que, por otro lado, está muy cerca ya, en las sociedades democráticas occidentales, de alcanzar su plena equiparación. Es en otras civilizaciones distintas pero no distantes donde hay que dar la cara hoy día por la igualdad femenina.

Llama mucho la atención en el capítulo «El negocio de los abortorios» de Santiago Mata. Por los datos que aporta, la nueva legislación proabortiva parece que está encaminada especialmente a proteger los intereses comerciales de un oligopolio empresarial, más que a tener una normativa «progresista» de «ayuda» a la mujer.

No olvide Vd. lo que ha constituido el primer impulso de la Ley Aído. Un reportaje de la cadena Intereconomía llamado a concienciar a la sociedad sobre el uso fraudulento de una ley que estaba llamada a amparar como mucho 5.000 abortos anuales y estaba, sin embargo, acogiendo más de 100.000, se convierte por el contrario, en la mejor prueba de que los abortorios españoles trabajaban en precario, y de que para que siguieran trabajando a pleno rendimiento y con seguridad, era preciso acomodar la legislación: tal fue el planteamiento, ni más ni menos, que de la Vicepresidenta del Gobierno, la Sra. Fdez. de la Vega. Recientemente el Sr. Barambío, presidente de ACAI (Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo), se quejaba de la nueva ley y pedía su urgente reglamento por no entender muy bien cómo se iban a producir los pagos a los abortorios, tema que es el que más parece preocuparle. Sí, no me cabe duda alguna de que para algunos, la industria de la muerte infantil es un gran negocio.

En varias partes del libro aluden a la adopción como alternativa al aborto. Incluso denuncian que los «progres» se escandalicen de que una mujer deje a su bebé ¡vivo! en la puerta de un convento, y no lo hagan si seis meses antes decidió matarlo. ¿Pero no cree que el impacto psicológico para la madre es mucho más grave si ha llevado nueve meses al feto, ha visto a la cara de su hijo, y tiene que abandonarlo porque le es totalmente imposible hacerse cargo?

Es que yo, y probablemente muchos de los que escriben Derecho a nacer, creemos en la adopción como solución in extremis, y que la mayoría de las madres, no menos de tres de cada cuatro, que llegan a conocer a sus hijos gracias a darlos a luz, no los abandonan jamás. Pero si aún así lo tiene que dar en adopción, ¿sabía Vd. que más de 10.000 españoles recurren cada año a la carísima, penosísima y arriesgadísima adopción internacional? ¿Cuántos cree Vd. que lo harían si la adopción fuera barata, sencilla, rápida y con todas las garantías que el sistema español está en condiciones de ofrecer hoy día?

¿Este libro está dirigido sólo para un público antiabortista?

No, precisamente no. Nuestro objetivo es ofrecer argumentos a los que se manifiestan contra el aborto, pero también y no menos, trasladar los mismos a los que no son antiabortistas, con la deliberada intención de convencerlos. En las democracias no hay que esperar a que la gente se acerque a nuestras posiciones por arte de birli-birloque o porque el oponente lo hace fatal; hay que ir a buscarles e intentar convencerles con argumentos de que aquello en lo que creemos es lo bueno para la sociedad y para ellos mismos. Por si ello fuera poco, la lucha por la vida es una lucha hermosa, y los argumentos de los que estamos por la vida, los mejores, los más acordes a los tiempos y los únicos que conducen al progreso.