Con la remisión a Cortes del estatuto de Andalucía se consuma la reforma constitucional encubierta que el PSOE ha decido sacar adelante para transformar España en un estado plenamente federal.

El desafortunado Título VIII de la constitución de 1978 estableció los precedentes de la II República como fundamento de las llamadas nacionalidades históricas, desterrando precisamente cualquier concepto objetivo histórico para analizar la realidad de nuestra diversidad regional, al ser sustituido por puras convenciones de índole política.

El diseño de competencias que las sucesivas reformas del estatuto catalán, andaluz, y en menor medida valenciano, van a consagrar cae dentro de lo que habitualmente cualquier politólogo definiría como estado federal. Es decir un sistema político o forma de gobierno en la que una porción de territorios se rigen por leyes propias, aunque sometidos en ciertos asuntos a las decisiones del gobierno federal o central.

El desafortunado Título VIII de la constitución de 1978 estableció los precedentes de la II República como fundamento de las llamadas nacionalidades históricas, desterrando precisamente cualquier concepto objetivo histórico para analizar la realidad de nuestra diversidad regional, al ser sustituido por puras convenciones de índole política. Posteriormente con la reestructuración territorial de España y la extensión del sistema de autonomías se fijaron definitivamente las bases de un peculiar estado a caballo entre el regionalismo y el federalismo.

Sin embargo los partidos políticos nacionalistas nunca se conformaron con la conquista de aquel alto grado de autonomía y han venido capitalizando y fomentando el diferencial regional en orden a conquistar mayores cuotas de autogobierno, bien en el sentido de constituirse en estados federados bien en el de establecerse como Estado nación independiente. Pero solo con el actual gobierno Zapatero esas aspiraciones se han acercado de verdad a su real y plena consumación. La reforma estatuaria que ha emprendido el PSOE supone, con independencia de su camuflaje bajo diversas denominaciones continuistas, redefinir nuestro Estado autonómico como Estado federal.

Y no vamos a negar, que bajo las premisas del sistema democrático, tal propuesta cabe. Lo que no cabe es engañar al pueblo y transformar de hecho el régimen usando subterfugios formales. Somos directamente todos los españoles quienes debemos decidir si aceptamos tal cambio de régimen. Por ello era tan importante el referéndum nacional sobre el estatuto de autonomía catalán. Y por ello es tan incomprensible que el PP, único partido con fuerza para movilizar a la sociedad en aras de conseguir esa consulta democrática, consienta que sin más se archive la propuesta y deje pasar sin respuesta alguna este atentado, no solo contra la unidad de España, sino contra la soberanía del pueblo español.

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