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Minuto Digital: 28.08.2006
España, el nuevo paraiso para los delincuentes, pondrá en la calle a miles de presos. Mientras los españoles comprueban como sus impuestos se utilizan para ayudar a ilegales y ofrecer tratamientos médicos "gratis total" a cualquier inmigrante que aparezca por España, ahora, además, tendrán que ir pensando en buscar seguridad por su cuenta.
La Directora General de Prisiones Mercedes Gallizo ha decidido «potenciar» el régimen abierto, con una nueva instrucción que ampliará el número de internos que dormirán en su casa y serán controlados con pulseras o por otros medios.
La Dirección argumentó que la aplicación del régimen abierto ha quedado «relegado» como modalidad de cumplimiento de penas. Por tanto, la directora de Instituciones Penitenciarias firmó una «instrucción» con la que pretende «potenciar» el régimen abierto, con el objetivo de igualar su grado de aplicación en España con el de otros países.
El fin es duplicar el número de internos en régimen abierto. Los internos en tercer grado podían pasar ocho horas fuera y pernoctaban en un CIS (Centro de Integración Social) o en la llamada sección abierta de una prisión. El reto es que el interno pueda ser «eximido» de esto último.
Deberán cumplir unos requisitos según la instrucción, que precisa que «no es aconsejable» aplicar estas medidas a internos condenados por agresión sexual o drogodependientes.
Con esta medida el gobierno socialista pretende maquillar el alto grado de saturación en las cárceles españolas. España se sitúa en la primera posición de Europa en el promedio de presos por cada 100.000 habitantes, con un porcentaje de hacinamiento del 180 por ciento. El número de internos en las cárceles españolas ascendía a 63.806 a finales del mes de julio, y casi la mitad de ellos se encuentran en prisiones de Andalucía, Cataluña y Madrid. Los inmigrantes representan la tercera parte de todos los internos, siendo el rápido crecimiento de este colectivo en estos últimos años el principal factor que ha contribuido a colapsar el sistema penitenciario español. La cifra se agranda más si examinamos los delincuentes encarcelados en espera de juicio. De los más de 14.000 presos preventivos, el 40% es extranjero.
La concesión del régimen abierto afectaría a la población reclusa que se encuentra en el último tramo del cumplimiento de sus penas, es decir 1/3 aproximadamente de los reclusos. Así, el Tercer Grado deja de ser un instrumento al servicio del tratamiento penitenciario y se convierte en una manera de hacer sitio en nuestras prisiones, sin que exista garantía alguna sobre su posible repercusión sobre la seguridad ciudadana, ya que a diferencia del sistema anglosajón, puesto como ejemplo por Gallizo, en España no se cuenta con oficina de seguimiento (agentes de la condicional) para “potenciar la autorresponsabilidad del penado”.
