Redacción: 29.09.2006

El estatuto de Cataluña empieza a pasar factura a los españoles. La disposición adicional tercera del Estatut obligaba al Estado a aumentar la inversión en infraestructuras en Cataluña hasta alcanzar el 18,8%, porcentaje que coincide con el peso de Cataluña en el PIB. Una cifra que el conseller de Economía, Antoni Castells, consideró "cumplida" con 3.195 millones. El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales para 2007 cuya tramitación se ha iniciado en el Congreso, cumple con las exigencias catalanistas que rompen el principio de solidaridad entre “regiones ricas y pobres”.

Pero a esta suma, Castells añadió 250 millones adicionales que no quiso especificar en qué partida se incluirían -ni si irían a parar al rescate de peajes- y que suman 3.445 millones, una cantidad con la que el conseller dijo sentirse "satisfecho" porque suponen 745 millones extras respecto a los presupuestos de 2006.

De "regalo" a Cataluña que "rompe definitivamente la cohesión territorial" calificó el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, las cuentas para el próximo ejercicio. Para los populares, el modelo presupuestario del Gobierno de Zapatero lleva a España a dos alternativas. Por un lado, "a que se consolide de forma definitiva la insolidaridad y la desigualdad de los españoles en función del territorio donde viva, y, por otro, a que se generalice esa actitud y que cada territorio perciba en función de su PIB".

La cifra del reparto del pastel para Cataluña, resultante de la suma de inversiones del Estado y de los organismos empresariales públicos territorializables (las que se pueden localizar en una sola región) asciende a 17.927 millones de euros y 310 millones del Plan Extraordinario de Carreteras.

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