Minuto Digital: 12.04.07

Todos los totalitarismos temen a la red. La libertad con que circulan las ideas por Internet tiene como enemigos a todos aquellos que desean imponer su pensamiento único, ya sea a través de métodos dictatoriales como en China o en Cuba o usando argucias legales como pretende la izquierda en España.

Las autoridades chinas han aprobado una nueva ley que obliga a las compañías nacionales de juegos “on-line” a crear sistemas que impidan a los jóvenes conectarse más de tres horas diarias a Internet. El fin que declaran las autoridades comunistas es el de combatir la adicción, sin embargo, los jugadores además deberán registrarse usando sus nombres reales y dando el número de su documento de identidad.

El gobierno chino asegura que la adicción a Internet “afecta a un 14% de los jóvenes” y para combatirla ha tomado medidas como prohibir la apertura de nuevos cibercafés en todo el país este año. Una medida que se une a la ya de por sí férrea censura a que el partido comunista somete los contenidos de la red, bloqueando el acceso a miles de páginas.

Los socialistas españoles preparan una policía política de Internet

En España el gobierno del PSOE prepara una de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, que será aprobada en un próximo Consejo de Ministros, por la cual la SGAE y entidades similares podrán exigir a los proveedores de Internet que bloqueen determinados contenidos y que controlen las transferencias de archivos entre usuarios.

Según la nueva normativa las operadoras de telecomunicaciones y empresas de alojamiento tendrán que vigilar los contenidos que los usuarios comparten a través de la red. El nuevo artículo 17 bis introducido establece un marco de colaboración entre los titulares de Derechos de la Propiedad Intelectual y las entidades de gestión reconocidas por el Ministerio de Cultura, por el cual las operadoras deberán informar a dichas entidades de las actividades que vulneren los derechos de propiedad intelectual. Las compañías afirman que la reforma las convierte en "árbitros" o "policías" de la red, con facultad para acusar a sus clientes de las ilicitudes que un tercero diga que se realizan.

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