minutodigital.com: 31.05.07
El Congreso aprobó ayer por unanimidad pedir al Gobierno que colabore en su ámbito de actuación y con todos los medios a su alcance para esclarecer las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de Guatemala (1960-1996) y lograr que los responsables de esos actos sean conducidos ante la justicia.
Fue el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley, en la Comisión de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la que solicita también al Ejecutivo que "urja y apoye a las autoridades guatemaltecas en la adopción de medidas concretas encaminadas a facilitar la lucha contra la impunidad y el trabajo de los tribunales de justicia". La propuesta también expresa su "máximo respeto y consideración a la memoria de todas las víctimas de esta guerra, compartiendo el dolor de sus allegados y descendientes" y manifiesta su apoyo a las autoridades y pueblo de Guatemala en sus esfuerzos por conseguir la correcta aplicación del Estado de Derecho y un desarrollo económico, social y político que redunde en beneficio de la paz y la reconciliación histórica.
También recuerda que el titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional dictó el 7 de julio de 2006 una orden internacional de arresto contra siete altos cargos, civiles y militares, acusados de terrorismo, torturas, delitos contra la integridad moral, asesinato, detención ilegal, incendio y allanamiento de oficina pública, en relación con el asalto a la embajada española en Guatemala y la denuncia interpuesta por Rigoberta Menchú que denunció en la Audiencia Nacional de España por los delitos de genocidio, torturas, desapariciones forzadas y terrorismo de Estado al régimen de Efraín Ríos Montt, general de ejercito de religión evangelista, que tomó el poder mediante un golpe de estado en 1982. Como consecuencia de esta orden fueron detenidos dos de los encausados, que permanecen en dependencias penitenciarias guatemaltecas. En diciembre de 2006 el Gobierno adoptó un acuerdo por el que se solicitaba a las autoridades de Guatemala la extradición de siete altos cargos de la dictadura, Angel Aníbal Guevara Rodríguez, Benedicto Lucas García, Donaldo Alvarez Ruiz, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo, Humberto Mejía Víctores y el propio José Efraín Ríos Montt. por los delitos anteriormente citados. Esta petición está aún pendiente de respuesta por parte de las autoridades guatemaltecas.
Sin duda se echa en falta el mismo criterio respecto a los crímenes cometidos por la dictadura castrista o incluso la sandinista. Las denuncias contra Fidel Castro han sido en repetidas ocasiones rechazadas por nuestras autoridades judiciales alegando su inmunidad diplomática y nunca la izquierda española, PSOE a la cabeza, ha movido un dedo para conseguir el procesamiento de los responsables de la dictadura comunista implicados en las violaciones de derechos humanos.
