Cumpliendo con su promesa –lo que en política no deja de ser de agradecer- el PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, 114 de los 223 artículos del nuevo Estatuto de autonomía catalán, así como 12 de sus 22 disposiciones.

Frente a la política de las sensaciones, el PP opta por la política de los argumentos para cuya defensa busca el amparo de las instituciones. Son dos formas de hacer política: el “mitin-show” y el recurso legal.

La reserva del término Nación para España, la inmersión lingüística, la ruptura de la unidad del Poder Judicial o de la contribución de Cataluña a la solidaridad interregional, son algunos ejemplos de los fundamentos del recurso popular ante el máximo Tribunal.

En España hemos visto imponerse una manera sensacionalista de hacer política. Importan las sensaciones que el político provoca en el público-electorado antes que los argumentos y propuestas de unos y otros.

Frente a la política de las sensaciones, el PP opta por la política de los argumentos para cuya defensa busca el amparo de las instituciones. Son dos formas de hacer política: el “mitin-show” y el recurso legal. La primera arranca unos segundos de atención, la segunda es compleja para los no versados y se presta al razonamiento de “estos quieren ganar en los tribunales, lo que no han conseguido con los votos”. Algo así como “ganar un partido en los despachos después de perder en el terreno de juego”.

Sin embargo, la fortaleza del Estado de Derecho descansa sobre instituciones sólidas, parapeto eficaz contra la “política show”, incluso cuando ésta logra mayorías aritméticamente impolutas. También los ajusticiamientos convocaban multitudes gozosas en derredor de ajusticiados, verdugos y confesores. La multitud no garantiza inequívocamente la Justicia.

Si se atenta contra la libertad, el Poder Judicial debe salvaguardarla aun de mayorías electorales suicidas. Vale decir libertad como aquellos otros derechos fundamentales de los que los españoles somos titulares por razón de la Nación a la que damos cotidiano pulso.

El recurso del PP busca impedir una devacle fruto del cortoplacismo que guía la acción de gobierno y la agenda del secesionismo. Más de 30 leyes estatales habrán de ajustarse al nuevo Estatuto de autonomía catalán si el Tribunal no lo impide.

Al recurso popular posiblemente se sumen los de las comunidades autónomas de Valencia, Aragón y La Rioja. Todas ellas tratan de preservar derechos particulares legítimos frente al expansionismo nacionalista catalán. En la política sensacionalista, los recursos autonómicos atenuarán la soledad habitual del PP, una soledad que se evitaría si el arco parlamentario español se enriqueciese con opciones políticas inéditas en España pero habituales en Europa.

El “partido” ahora tiene una prórroga en los despachos. Algunos dirán que es un “mal perder” que se desliza de la falta consustancial de valores democráticos en la derecha. Posiblemente se refieran a los mismos valores que regían las checas.

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