El referéndum celebrado en Portugal el pasado Domingo relativo a la despenalización del aborto nos enfrenta de nuevo a los límites del poder legislativo en las democracias.

Lo más aberrante es que la legalización del aborto en Portugal se justifica en la pírrica victoria del Sí en un referéndum que no ha contado ni siquiera con la participación del 50 % de los electores.

La única manera eficaz de defender los Derechos Humanos es estableciendo éstos de manera clara y definitiva y obligar a los estados a respetarlos. Es lo que se hizo en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se estableció de manera firme y decidida que el primer derecho existente es el Derecho a la Vida, fundamento de todos los demás. Este derecho, sin embargo, no se creó a partir de la citada Declaración, sino que ésta simplemente reconocía con ello un derecho que es inherente a la persona humana y que por tanto existía con anterioridad a su explicitación en la Declaración de la ONU.

Otra cuestión bien diferente es establecer cuándo comienza la vida. A lo largo de la historia ha sido discutido el inicio de la misma. Sin embargo, la embriología, la genética y otras ramas de la ciencia han establecido que la vida humana se inicia en el mismo momento de la concepción. La consecuencia legal de esta constatación médica y científica es una: el Estado debe proteger penalmente el embrión. De esta premisa sólo se puede concluir que aquél Estado que legalice el aborto se convierte, desde ese mismo momento, en un Estado criminal, por cuanto atenta directamente contra el primero de los Derechos Fundamentales de la persona.

Así pues, Portugal es otro Estado que se ha incorporado al Club de las Tiranías que permiten realizar de manera impune abortos. Son sólo fuegos de artificios los argumentos que se difunden para justificar el mismo, pues todos ellos se fundan en la falacia de negar al feto la calificación de Persona Jurídica y, por tanto, se le excluye de cualquier protección. Esto es precisamente el ataque más duro y ladino contra la dignidad de la persona, pues no es ya que se conculquen sus derechos, sino que incluso se va más lejos y se le priva incluso de la calificación jurídica de persona, y por tanto de ser sujeto de derechos. Éste abuso no es nuevo, es el mismo argumento que justificaba la esclavitud en el siglo XIX: si los esclavos no eran personas ¿por qué concederles derechos?

Lo más aberrante es que la legalización del aborto en Portugal se justifica en la pírrica victoria del Sí en un referéndum que no ha contado ni siquiera con la participación del 50 % de los electores. Pero es más, aunque hubiera contado con una participación del 100% de los electores y el Sí hubiera obtenido la mayoría absoluta, igualmente estaríamos frente a una Tiranía, pues precisamente la calificación del Derecho a la Vida como derecho fundamental e inviolable de la persona determina que su protección sea obligada por parte de los Estados. Su reconocimiento, por tanto, no puede estar sometido al resultado de ninguna votación. Los Derechos Humanos son un límite a todos los sistemas democráticos y el contenido de los mismos no puede someterse a votación, pues en caso de hacerlo, y es lo que acaba de ocurrir en Portugal, se ataca directamente a la Dignidad Humana. Este tipo de votaciones, simple y llanamente, rompe con el precario sistema jurídico que acordaron las naciones occidentales al fin de la Segunda Guerra Mundial para evitar la llegada al poder de nuevas tiranías.

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