Parece ser, a la vista de los acontecimientos, que el pueblo español necesita repasar el concepto de democracia, como gobierno del pueblo, de libertad, como garante de la pacífica y solidaria convivencia entre sus hombres y tierras y de Justicia, como elemento garante en todo Estado de Derecho de que se cumplan las premisas anteriores.

No es, precisamente, la democracia española un ejemplo donde la voz de los ciudadanos tenga los cauces adecuados para hacerse oír. El actual sistema partitocrático acaba reduciendo la participación ciudadana al mero hecho de ejercer nuestro derecho al voto cada cuatro años.

Viene esto a colación de la manifestación celebrada en apoyo a Ibarreche por la “nimiedad” de haber incumplido la Ley. La Ley, en cuanto a derecho positivo, puede ser más o menos justa cuando la contraponemos a las fuentes del derecho natural pero siempre será Ley de obligado cumplimiento. Y ni su desconocimiento la exime de ello. Batasuna es un partido ilegalizado y reconocido como organización terrorista por la UE por lo que no puede tener representatividad efectiva alguna y, mucho menos, frente a las instituciones que representan al Estado español en cualquiera de sus diecisiete autonomías.

No es válida la voz del pueblo que reclama la absolución de quien ha incumplido la Ley reuniéndose con los terroristas aunque haya sido elegido democráticamente. No es lícito, aunque sean decenas de miles de manifestantes, exigir la libertad de un etarra con veinticinco asesinatos a sus espaldas alegando su mal estado de salud porque está en huelga de hambre. No es democrático que un titiritero argentino clame por un “cordón sanitario” para aislar a todos lo que no piensan como él.

No es, precisamente, la democracia española un ejemplo donde la voz de los ciudadanos tenga los cauces adecuados para hacerse oír. El actual sistema partitocrático acaba reduciendo la participación ciudadana al mero hecho de ejercer nuestro derecho al voto cada cuatro años. Tampoco la Ley electoral es la mejor que pudiéramos desear y otorga demasiado poder a las minorías nacionalistas. Por ello, la sociedad civil ha aprendido a agruparse en movimientos cívicos para hacer llegar mediante su voz sus protestas y propuestas al Gobierno de turno. Y si no lo consigue con este Gobierno, que lo apunte la oposición para el día que llegue al poder.

Sí es válida la voz del pueblo cuando clama contra el crimen legalizado del aborto exigiendo una reforma legislativa que impida esa atrocidad. Sí es lícito manifestarse solicitando una reforma del Código Penal que provoque un endurecimiento de las penas y que evite que, con el tiempo, los asesinos convivan con sus víctimas en una posición donde acaban humillándolas. Sí es democrático pedir cordura y sensatez para que todos naveguemos juntos en el mismo barco. El pueblo puede pedir cuantas reformas legales estime oportunas porque es un derecho adquirido en un sistema democrático. Lo que el pueblo no puede pedir es que se deje de aplicar la Ley existente. No siempre que la mayoría habla tiene razón. Recordemos el episodio de Jesucristo y Barrabás.

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